Se trata de la presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia, Mercedes Noemí Riera, quién permanece en su cargo, luego de haber cumplido los 70 años, gracias a una medida cautelar que la eximió de rendir un nuevo concurso. La denuncian por presunta “usurpación de autoridad”.
Martes, 2 de agosto de 2022
Por Brian Pellegrini
Mercedes Noemí Riera, actual presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia, fue denunciada penalmente por el delito de “usurpación de autoridad”. Es por haber planteado una acción de amparo y una medida cautelar que hasta ahora le ha permitido permanecer en su cargo, a pesar de haber superado los 70 años, sin rendir un nuevo concurso de antecedentes y oposición, tal como establece la Constitución Provincial.
La denuncia fue presentada este lunes 1 de agosto por el abogado del fuero local Paulo Pereyra. La presentación toma como antecedente una nota publicada por LITIGIO en la que informábamos sobre la decisión de la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativa que, con los votos de las juezas Gloria Silva y Dolly Fernández y la disidencia de Natalia Prato, resolvió hacer lugar a la medida cautelar planteada por Riera, avalando su permanencia en el cargo y ordenando al Consejo de la Magistratura del Chaco suspender el concurso abierto para ocupar el lugar que quedaría vacante con su jubilación.
Según la denuncia penal, Riera continúa ocupando “de facto” el cargo y señala que su postura encuadraría en el delito de “usurpación de autoridad”, previsto y reprimido por el artículo 246° del Código Penal argentino, a saber: “…2) El que después de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeño de un cargo público o después de haber recibido de la autoridad competente comunicación oficial de la resolución que ordenó la cesantía o suspensión de sus funciones, continuare ejerciéndolas…”.
El “corporativo interpretativismo”
La medida cautelar que favoreció a la camarista penal no está firme ya que la misma se encuentra en instancia de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia, que tendrá la última palabra; a su vez, la acción de amparo tampoco fue resuelta aún por las magistradas de la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, cuyo accionar también es cuestionado en la denuncia penal.
En ese sentido, la presentación considera que “la jueza Gloria Cristina Silva y su par Dolly Roxana Fernández, tampoco tuvieron tapujos “en usar” la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores para perpetuar a una jueza camarista que cae en notoriedad, no es una persona vulnerada. Ni menos, destinataria de aquella loable Convención Interamericana, que nunca tuvo y tiene por finalidad crear más privilegios de los que ya ostentan los cortesanos. En el caso: la jueza Riera”.
“Así ese corporativo “interpretativismo”, además de ser arbitrario (consecuentemente nulo), va contra la historia de nuestro país y provincia en materia de quienes son los destinatarios de la protección en materia de derechos humanos y género(s)”, señala la denuncia.
“De turismo judicial”
Para el abogado denunciante Paulo Pereyra, la jueza Riera realizó lo que se conoce como “turismo judicial” hasta que consiguió un tribunal que avaló su pretensión de seguir en su cargo sin rendir un nuevo concurso. En ese sentido, indicó que antes de lograr una medida cautelar a su favor por parte de la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, ya había intentado con una acción de amparo similar que el Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Resistencia modificó a una acción de inconstitucionalidad. Riera desistió de apelar esa resolución y decidió presentarse ante el fuero contencioso administrativo. “Tal desistimiento fue para lograr idéntica medida en otro órgano jurisdiccional”, puntualizó Pereyra.
Según consigna la denuncia, desde el mes de diciembre de 2021 la magistrada pudo optar por una demanda contencioso administrativa sin embargo no lo hizo “porque sabía no iba a prosperar lo que necesitaba: una cautelar para ganar tiempo”.
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