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A pedido del Consejo de la Magistratura, el Superior Tribunal de Justicia presentó el listado de magistrados y funcionarios judiciales que accedieron a su cargo tras la reforma constitucional de 1994, que ya cumplieron con el límite de edad establecido y que deben jubilarse o rendir un concurso para continuar. Una jueza se mantiene en su puesto gracias a una cautelar y dos magistrados están en una situación especulativa. Irse, judicializar o concursar parece ser ahora el dilema de los magistrados chaqueños.

Viernes, 8 de julio de 2022

La reforma constitucional del Chaco de 1994 incluyó entre sus artículos uno que establece un límite a la continuidad de los magistrados y funcionarios judiciales. El mismo señala que una vez cumplido los 70 años, el funcionario deberá jubilarse o, caso contrario, rendir un concurso de antecedentes y oposición para demostrar su capacidad para continuar.

En este marco, la ministra de Seguridad del Chaco y presidenta del Consejo de la Magistratura, Gloria Zalazar, solicitó un informe detallado al Superior Tribunal de Justicia sobre los funcionarios judiciales que se encuentren alcanzados por las disposiciones del segundo párrafo del artículo 154 de la Constitución Provincial (70 años cumplidos y haber asumido su cargo después del 27 de octubre de 1994) y qué tipo de trámites iniciaron para dar cumplimiento a esta normativa.

LITIGIO accedió a este listado. Con fecha del lunes pasado, y en respuesta a esta solicitud, el STJ informó que, de acuerdo al reporte presentado por la Dirección General del Personal del Poder Judicial, hay cuatro magistrados en esta condición, una de ellas ya jubilada.

La que pidió el retiro sin problemas y ahora goza del beneficio jubilatorio es la exjueza en lo laboral, Amanda Corchuelo. En 2021, Corchuelo cumplió los 70 años y desde el 23 de noviembre dejó de formar parte de la Justicia chaqueña.

Por el contrario, la que no quiere abandonar su cargo, pero tampoco quiere afrontar un concurso, es la jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia, Mercedes Noemí Riera.

Designada en 2004 y con 70 años cumplidos en julio del año pasado, Riera optó por el camino de la judicialización: presentó una medida cautelar ante la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y logró un resultado favorable. Con una votación de dos contra uno (Gloria Silva y Dolly Fernández, a favor; Natalia Prato, en contra) pudo evadir lo que permite la legislación actual, al menos hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Fundamentalmente, la jueza considera que solamente deberían tomarle un examen para revalidar sus aptitudes y no afrontar un proceso concursal junto a otros postulantes. Dicha cautelar fue apelada por el Consejo de la Magistratura y ahora está siendo analizada por el Superior Tribunal de Justicia.

Rubén Alcides Arce y Antonio Luis Martínez son una incógnita. El primero es juez de Paz suplente de Chorotis y cumplió 70 años el 25 de mayo del año pasado, mientras que el segundo es juez en la Cámara Contencioso Administrativa de Resistencia, con siete décadas de vida cumplidas el 13 de abril pasado. Ambos accedieron a su cargo tras la reforma constitucional de 1994 y ninguno remitió escrito alguno a la Dirección General de Personal del Poder Judicial avisando si pretenden continuar en el cargo o si, por el contrario, optarán por jubilarse.

¿Quiénes están en condiciones de jubilarse el año que viene? Uno de ellos es el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Rolando Toledo. En una entrevista con LITIGIO, Toledo aseguró que no presentará ningún tipo de medida judicial y que iniciará los trámites administrativos para acogerse al beneficio jubilatorio en diciembre de este año. “Cumplí un ciclo en la Justicia y es momento de alguien nuevo”, aseguró.

El fiscal de Charata, Hugo Baigorri también cumplirá 70 años, en julio del año próximo, al igual que la jueza de Garantías de Villa Ángela, Yolanda Alvarenga, quien lo hará en abril de 2023.

 

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