Se trata de Gabriel Morón y Gladys Peregal, titulares de las empresas Aydin SA y Kelmer SA, con las que se sospecha habrían introducido el dinero ilegal proveniente del contrabando de cocaína a Europa, comandados por el empresario ya fallecido Carlos Salvatore. En sintonía con el planteo del Ministerio Público Fiscal, los camaristas consideraron que la decisión del juez Aranda fue en base a un “análisis sesgado de las pruebas producidas”. Ratificaron al magistrado frente de la causa y le pidieron celeridad con la elevación a juicio.

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