Fue presentada por los defensores oficiales de esa localidad ante las denuncias realizadas por internos del Complejo Penitenciario II contra los funcionarios por el alto nivel de violencia que reina en esa dependencia. Ya se produjeron dos muertes desde que, en octubre de 2021, un juez de Sáenz Peña había dictado una medida similar.
Martes, 3 de mayo de 2022
La situación de violencia descontrolada que desde hace tiempo se vive en el Complejo Penitenciario II de Presidencia Roque Sáenz Peña ya llegó a manos del Superior Tribunal de Justicia del Chaco. Es que el máximo tribunal recibió la presentación de los defensores oficiales 1, 2 y 3 de esa localidad en la que solicitan el dictado de una acción de habeas corpus que cese con el agravamiento de las condiciones de detención de los internos de esa unidad penitenciaria.
Las condiciones de violencia extrema y enfrentamientos que se viven en la alcaidía de Sáenz Peña ya han trascendido las fronteras del Chaco a partir de la viralización de una serie de videos donde se pudieron observar los enfrentamientos entre internos y las amenazas de muerte entre distintos grupos.
La presentación apunta contra la inacción de los agentes penitenciarios para garantizar la integridad física de los internos y denuncia también que algunos hechos de violencia son propiciados por los propios agentes. Todo esto podría conllevar responsabilidades internacionales para el Estado Argentino.
En octubre de 2021, el juez de Ejecución Penal de Sáenz Peña, Daniel Freytes, había hecho lugar a una acción de habeas corpus impulsada por los defensores oficiales, sin embargo desde ese momento ya se han producido dos muertes en el Complejo Penitenciario II, el 13 de febrero y el 22 de abril. En ese contexto, había intervenido el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes.
Según pudo saber LITIGIO, los defensores oficiales señalaron que de aquel fallo del juez Freytes “sólo se logró que se coloquen cámaras de seguridad, sin que ellos solucione los problemas que dieron lugar a ese habeas corpus”.
“Es que, solamente se cumplieron con las reuniones ordenadas, subsistiendo y agravándose aún más las condiciones de detención de las personas alojadas en el establecimiento carcelario”, consigna la presentación.
“Dejar hacer, dejar pasar”
“Que la situación descripta por la población carcelaria a través de sus representantes obedece a una desidia permanente del sistema penitenciario y que tiene como raíz “el dejar hacer y dejar pasar”, siendo el resultado inevitable de ello los desenlaces fatales de público conocimiento”, sostiene el escrito firmado por los defensores Ariel Juarez, Matías Jachesky y Simón Bosio.
“Es una ideología de tratamiento que solamente podrá erradicarse a través de medidas judiciales como las que se pretenden mediante esta presentación”, subrayaron.
“El agravamiento en las condiciones de detención se encuentra latente, con una escalada permanente de violencia ante la notoria inacción u omisión de las autoridades penitenciarias. El solo hecho de que un detenido haya circulado por distintos sectores de la unidad, armado con un elemento punzante (chuza) y haya agredido en el lugar de visitas a otro interno, es claramente demostrativo que el sistema de control y de garantías mínimas a la integridad de los internos y de las personas que cumplen funciones y visitas, se encuentra cuanto menos en estado de vulnerabilidad”, indicaron.
Admiradores de Videla
En otro tramo de la presentación, los defensores oficiales relataron que al asistir al Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña a realizar una inspección ocular, constataron en el sector de “admisión” de la unidad “gran cantidad de alojados en estado infrahumano, en particular, conjuntamente en el mismo lugar; se constató adherida en la pared de la oficina, la imagen como referentes y ejemplos a tener presente del general José de San Martín y el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla”. En ese sentido, indicaron que “ello es demostrativo del posicionamiento ideológico imperante en la unidad. Enarbolar dicha imagen podría incluso ser configurativo de responsabilidades administrativas y dar lugar a delitos de acción pública (…)”.
La intervención del STJ
Luego de receptar la acción de habeas corpus, la presidenta del STJ requirió al Servicio Penitenciario y de Readaptación Social de la Provincia del Chaco, al Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia del Chaco, informe circunstanciado acerca de los antecedentes expuestos, que deberá ser evacuado en el término de veinticuatro horas de su notificación. También se notificó al gobernador Jorge Capitanich y a la Fiscalía de Estado.
En tanto, ante las denuncias formuladas por los internos de la Unidad Penitenciaria que podrían implicar la comisión de delitos de acción pública por parte de personal del Servicio Penitenciario y de Readaptación de la Provincia, se remitieron las mismas a la fiscal en lo Penal Especial de Derechos Humanos de Presidencia Roque Sáenz Peña, Silvia Slusar.
También se puso en conocimiento de la presentación al Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes y a la Secretaría de Derechos Humanos y de Géneros de la Provincia.
Fuente: chacodiapordia.com
