El Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña se convirtió en el penal más violento de la provincia. Dos reclusos fueron asesinados en lo que va del año y se repiten las peleas entre presos armados con armas blancas, ante la inacción de los guardiacárceles. Por esta irregularidad, en octubre del año pasado, autoridades penitenciarias y agentes fueron acusados de facilitar zonas liberadas para que los internos se ataquen entre sí. “La situación es crítica”, sentenciaron desde el Comité para la Prevención de la Tortura.
Sábado, 23 de abril de 2022
Cuando el Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña fue inaugurado en 2012, tenía como premisa convertirse en una cárcel modelo. Con una superficie de 13.000 metros cuadrados, una capacidad para albergar a 500 reclusos, con aulas para que puedan terminar sus estudios primarios y secundarios, y talleres de carpintería y chapería, el penal apuntaba a ser un espacio para una verdadera reinserción social.
Sin embargo, diez años más tarde, la situación dista mucho de ese sueño idílico: hoy es una de los lugares de detención más peligrosos del Chaco, donde la seguridad no está garantizada para nadie.
En lo que va del 2022 ya se produjeron dos asesinatos y se repiten las peleas y agresiones entre presos, ante la inacción de los guardiacárceles. Desde el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco resumieron la situación del penal de Sáenz Peña con una palabra: “Crítica”.
Muertes en el pabellón
El primer crimen de este año ocurrió en la madrugada del 13 de febrero, cuando un grupo de presos asesinó a puñaladas a un interno de 45 años mientras dormía en su celda. Los médicos que atendieron a Manuel Vázquez diagnosticaron que tenía golpes en la cabeza, traumatismo por herida de arma blanca en tórax y hemorragia pericárdica.
El otro episodio fatal se dio el 22 de abril, por la tarde. En el horario de visita, y en medio de una riña, un recluso atacó a otro con una faca.
Fabián Campos, de 28 años, fue trasladado hasta el Hospital 4 de Junio. Tenía una herida en el tórax posterior derecho y en el anterior izquierdo. Se le colocó un doble tubo pleural para intentar estabilizarlo pero, a las 21.20, falleció.
Circo romano
Un video de una pelea a facazos se viralizó horas antes del crimen de Campos. La reyerta se produjo el 18 de abril en el Módulo VII. En las imágenes se ve cómo dos reclusos pelean armados con lanzas hasta que uno le asesta un certero puntazo al otro. La lucha termina y el herido es asistido inmediatamente por sus compañeros.
Todo el episodio se da ante la mirada atenta del resto de los detenidos, quienes presenciaban una suerte de circo romano penitenciario, y la llamativa ausencia de guardicárceles. De hecho, el video culmina cuando los internos comienzan a golpear las puertas de chapa exigiendo la presencia de la guardia para que asistan a su compañero herido. Tras viralizarse la pelea, un penitenciario fue suspendido, sin retención de haberes, y se le abrió un sumario administrativo.
Zona liberada
Esta decisión de no intervenir cuando hay peleas entre presos no es nueva en la cárcel de Sáenz Peña. En octubre del año pasado, el juez de Ejecución Penal, Daniel Freytes, hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por los Defensores Oficiales 1, 2 y 3 de esa localidad en favor de los detenidos debido al “agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención”.
Los Defensores Ariel Juarez, Matias Jachesky y Simon Bosio expresaron que los reclusos informaran sobre distintos tipos de irregularidades, desórdenes, ataques, abusos y amenazas, “todo ello bajo la inacción de las autoridades del Complejo Penitenciario Provincial y en algunos casos hechos que se producirían propiciados por agentes del Servicio”.
Ante la presentación del hábeas corpus, el juez Ejecución Penal, Daniel Freytes, se hizo presente en la unidad carcelaria donde se entrevistó con referentes quienes le ratificaron lo denunciado.
“Las testimoniales de los principales referentes de los Módulos de Detenidos (…) son coincidentes totalmente en lo manifestado respecto de las anormalidades denunciadas, actos de vandalismo consentidos y estimulados por propios agentes penitenciarios, que ponen en vilo la seguridad de la cárcel, y que en definitiva se torna un territorio de castigo permanente contradiciendo axiológicamente lo dispuesto en el art.18 de Constitución Nacional”, señaló el juez.
“Sumado a ello, se observaron videos enviados vía Whatsapp, los que circulaban por distintas redes sociales y que fueron aportados como prueba por los Defensores Oficiales (…) surgiendo de ellos peleas entre personas privadas de libertad, en la mayoría de los casos, armados con ‘facas’, y todo ante la pasiva mirada de la guardia penitenciaria”, añadió.
Tras remarcar que quedó demostrado en las imágenes a las que se hacen referencia “una total indiferencia ante hechos que ponen en peligro la seguridad de la población privada de libertad”, Freytes corrió vista al fiscal en turno para deslindar responsabilidades por los actos que se constataron y que podrían configurar delitos de acción pública.
La denuncia de los reclusos tuvo su correlato administrativo: Jorge Pelizzardi fue desplazado de la dirección del penal. Lo reemplazó Ariel González, por un par de días, y luego tomó el mando Marcelo Córdova, quien continúa en el cargo.
“Situación crítica”
“La situación del Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña es la más crítica de los penales del Chaco pero también es crítica en comparación con otras cárceles del país teniendo en cuenta su población”, explicó a LITIGIO el integrante del Comité para la Prevención de la Tortura, Kevin Nielsen. “Dos muertos en dos meses, en una cárcel de 400 personas, es un indicador de alarma”, evaluó.
“Dos muertos en dos meses, en una cárcel de 400 personas, es un indicador de alarma”
Nielsen indicó en este sentido que por estas horas el Comité se encuentra evaluando distintas líneas de acción. “Desde el Comité dialogamos con el Ministerio de Seguridad y Justicia acerca de la necesidad de la instalación de cámaras puntos específicos de la unidad para evaluar también el desempeño del personal y emitiremos una recomendación técnica a ese respecto”, comentó.
“Desde el año pasado se vienen dando situaciones de omisiones por parte del personal penitenciario ante hechos de violencia, al punto tal de que ello motivó la presentación de un habeas corpus por parte de todos los defensores oficiales penales de la localidad, que desde el Comité dictaminamos a favor de su otorgamiento”, recordó Nielsen.
En este sentido explicó que el hecho de permitir y facilitar hechos de violencia entre detenidos es una forma de “tercerizar las torturas y los malos tratos”. “Esto se denomina ‘tortura por adquiscencia’ y es un trato prohibido en la Convención contra la Tortura”, remarcó.
Recordó que, tras el crimen ocurrido en febrero, desde el Comité se instó a adoptar una serie de medidas. Estas son, entre otras: separar adecuadamente las diferentes categorías de personas alojadas; asegurar la capacitación y formación continua y apropiada del personal; incrementar el personal destinado a la seguridad y vigilancia interior y establecer patrones de vigilancia continua al interior de los establecimientos; promover la mediación y la resolución pacífica de conflictos internos y erradicar la impunidad, investigando y sancionando todo tipo de violencia.
“El problema tiene muchas causas donde se combina la naturalización, la inercia y la corrupción, pero que tienen que ser abordadas de forma urgente”, dijo Nielsen y remarcó que “la sanción es importante para evitar la sensación de impunidad, pero sola no alcanza. Es deber del Estado adoptar medidas de no repetición, es decir de prevención”.
