En el marco de la causa que investiga una organización criminal dedicada a producir facturas apócrifas para evadir impuestos, blanquear gastos irregulares de organismos públicos y lavar dinero, el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini amplió el requerimiento de instrucción que había presentado en diciembre con la incorporación de nuevas pruebas. Se descubrieron sellos apócrifos de organismos públicos y movimientos financieros de fundaciones y cooperativas que se crearon con el único fin de facturarle al gobierno chaqueño montos que superan los 440 millones de pesos. A pesar de que Sabadini pidió la detención de los dos cerebros de la organización, la jueza Zunilda Niremperger consideró que no era necesario.
Sábado, 6 de abril de 2024
La causa que investiga una organización criminal en el Chaco dedicada a producir facturas apócrifas para evadir millones de pesos en impuestos, blanquear gastos irregulares en organismos públicos y lavar dinero sumó esta semana un nuevo capítulo.
El fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, amplió el requerimiento de instrucción que había presentado en diciembre añadiendo datos que complican aún más a la supuesta asociación ilícita cuyo cerebro es el contador, Walter Pasko.
Tras analizar lo secuestrado en los allanamientos realizados en diciembre pasado, en diferentes domicilios de la provincia, se descubrieron nuevas fundaciones, cooperativas y sociedades anónimas fantasmas que habrían sido utilizadas por la organización delictiva, las cuales fueron creadas, mayormente, para facturarle al Estado chaqueño por contraprestaciones no realizadas.
El organismo que más facturas recibió por parte de esta organización fue el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), al cual se le facturó más de 446 millones de pesos entre 2019 y 2023. También se encontraron sellos apócrifos en el estudio contable de Pasko, que tenían los nombres de funcionarios provinciales de la Dirección de Cooperativas, Personas Jurídicas y del Ministerio de Gobierno.
Junto a las nuevas pruebas, Sabadini solicitó en su escrito a la jueza, Zunilda Niremperger, una serie de medidas. Pidió que ordene la inmediata detención de Pasko y de Adrián Ayala, conocido este último por ser haber sido asesor de 72 cooperativas vinculadas a movimientos sociales, incluido el MTD 17 de Julio que lidera el dirigente Alberto “Tito” López. Además, solicitó la prohibición de la salida del país de todos los imputados (siete en total) y el levantamiento del secreto fiscal de otras cuatro personas (familiares de los acusados).
En su resolución, firmada el jueves, Niremperger consideró que el pedido de detención solicitado por el fiscal Sabadini no está suficientemente fundado y por ende lo desestimó. Explicó que tanto Pasko como Ayala siempre estuvieron ajustados a derecho, presentándose a las requisitorias del juzgado y designando abogados defensores.
Recordó que Pasko no cuenta con antecedentes penales. Ayala, por su parte, sí registra como antecedente una suspensión de juicio a prueba (por tenencia de arma de fuego sin la debida autorización), pero cuyo vencimiento del plazo se cumplió en abril del año pasado.
Con respecto al planteo del fiscal en relación a la posibilidad de fuga del país, teniendo en cuenta que ambos imputados registraron recurrentes viajes al exterior en años recientes, la jueza afirmó que dicha mención no es suficiente para determinar que en esta oportunidad van a escaparse.
Indicó que a la fecha se realizaron múltiples allanamientos y secuestros de un voluminoso material probatorio, lo que hace poco probable que los imputados entorpezcan de algún modo la investigación.
“Por tales motivos, analizando globalmente los elementos disponibles, no se aportaron elementos suficientes que justifiquen que para la sujeción de los imputados al proceso resulte en esta instancia necesario su encarcelamiento preventivo”, señaló Niremperger.
De todos modos, la jueza decretó que los imputados no podrán salir del país sin antes avisar a su tribunal, quien podrá autorizarlos o no. Además de Walter Pasko y Adrián Ayala, están incluidos en esta condición el resto de los presuntos integrantes de la organización delictiva: Diana Daniel (esposa de Walter Pasko y extrabajadora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular); María José Reinau (empresaria y esposa de Adrián Ayala); Juana Brahim (madre de Pasko); y los hermanos del contador, Álvaro Pasko y Carlos Nicolás Pasko. Además, hizo lugar a la solicitud de la fiscalía de levantar el secreto fiscal de cuatro personas quienes tienen vínculo familiar con los imputados.
Desde 2019
La causa que investiga a esta megausina de facturas truchas se inició en junio de 2022, cuando inspectores de la AFIP realizaron relevamientos en los domicilios de personas cuyas facturaciones por montos millonarios eran inconsistentes. Los cinco inspeccionados (entre ellas una ama de casa) se vieron sorprendidos por la situación. Desconocieron los montos facturados y aseguraron ni siquiera sabían de la existencia de las empresas a las que supuestamente les habían vendido.
A este grupo se le añadió una sexta persona: un periodista de Resistencia. A él no lo visitaron los inspectores, sino que se dio cuenta de la irregularidad al constatar que su CUIT estaba bloqueado debido a que la AFIP señaló inconsistencias. El fisco le informó que entre 2021 y 2022 tenía facturas emitidas por 21 millones de pesos.
Si bien las actividades de todos ellos eran distintas, tenían algo en común. Todos tienen o tuvieron como contador a Walter Pasko. De acuerdo a la imputación, Pasko habría utilizado de manera fraudulenta y con abuso de confianza las claves fiscales de sus clientes para facturar a empresas y organismos ventas y servicios que realmente no existieron.
En simultáneo, para que la posición mensual de IVA no se desmadre, la maniobra utilizada era inventar tiquets facturas “A” en los libros IVA Compras de sus clientes, como también en algunos casos recibía facturas “reales” pero de operaciones “inexistentes”.
Además de usufructuar CUIT de ex y actuales clientes, Pasko montó una red de empresas y cooperativas que casi no tenían actividad pero que emitían una gran cantidad de facturas. En algunas, está registrado como cotitular y en otras como asesor contable. Quienes también aparecen de manera recurrente en la integración de dichas cooperativas son Adrián Ayala y María José Reinau.
Pruebas
En su ampliación del requerimiento, Sabadini señaló que se pudo determinar la utilización de nuevas personas jurídicas y físicas (cooperativas y fundaciones) que complican aún más la situación procesal de Walter Pasko; su esposa, Diana Daniel (que oficiaba de nexo con el IAFEP), Ayala y Reinau.
Se observó una repetición del modus operandi ya revelado en el requerimiento inicial: la conformación y manejo societario por parte de las mismas personas físicas, coincidencias en domicilios fiscales, electrónicos, actividades económicas, fechas de contratos sociales e inscripción ante AFIP, falta de empleados registrados, asimetría entre facturación de compras y ventas, la intervención de Pasko como contador y la coincidencia en los destinatarios o usuarios de las facturaciones apócrifas.
En este contexto, se advirtió que las personas jurídicas fueron creadas a los efectos de, por un lado, emitir facturas y documentación apócrifa tanto a organismos o reparticiones del Estado provincial y a personas físicas y jurídicas receptoras de facturas apócrifas, produciéndose así la venta de crédito fiscal espurio. Y por otro, reducir la carga impositiva de aquellas emisoras de facturas apócrifas.
Sellos
Otro hallazgo clave en la causa fueron los sellos. En los allanamientos realizados en diciembre se encontraron una gran cantidad de sellos falsificados utilizados por la organización para dar una fachada de legalidad a los documentos con que contaban.
En el estudio contable de Walter Pasko, ubicado en avenida Las Heras 376, primer piso, de Resistencia, se encontró: dos sellos redondos de la Municipalidad de Fontana; un sello que expresa “certifico que la presente fotocopia en …. fojas es fiel reproducción de su original que he tenido a la vista para este acto, doy fe”; un sello de Contador Público, Bernardo Hochbeng, a cargo de la Dirección de Cooperativas y Mutualidades del Chaco; un sello de Eduardo Fabio Colombo, Coordinador General de Dirección de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio del Chaco; un sello de Ibis Monguet, Inspectora General de Personería Jurídica y Registro Público de Comercio del Chaco; un sello de la Dirección de Cooperativas y Mutualidades del Chaco y un sello del Ministerio de Gobierno Justicia y Seguridad – Inspección General de Personería Jurídica. Por este motivo, la AFIP solicitó que se sume a la imputación de asociación ilícita fiscal y lavado de dinero, el delito de falsificación de sellos oficiales.
Fundaciones
Las doce nuevas fundaciones, cooperativas y sociedades anónimas detectadas y utilizadas por la organización para fines espurios se pueden clasificar en tres grupos.
Por un lado, está el grupo donde se incluyen las fundaciones “Juntos regalando amor”, “Amarte”, “Manos de vida”, “Brilla mujer” e “Insert-arte” y las cooperativas de trabajo “La solidaridad es mi mundo”, “Siempre brillando” y “barrio San Javier”. Estas emitieron facturas apócrifas destinadas exclusivamente a entidades públicas.
En un segundo grupo se encuentran la fundación “Solidaridad es una elección de vida” y la cooperativa de trabajo “Unidas Cambia III”. Estas emitieron facturas apócrifas a entidades públicas y, si bien registran facturaciones de compras, las mismas resultan ser apócrifas.
Y en un tercer grupo están la cooperativa de trabajo “Colonias Unidas I” y la Sociedad Anónima Simplificada “Feraya” las cuales fueron creadas con el fin de emitir facturas apócrifas a personas físicas y jurídicas de carácter privado principalmente. En estas se observan que las facturas de compras son de escasos montos o apócrifas.
Los casos más burdos fueron los de las fundaciones “Amarte” y “Manos de Vida”, y las cooperativas de trabajo “La Solidaridad de mi Mundo” y “Siempre brillando”. Desde su creación hasta el momento en que la Justicia Federal detectó la maniobra, las cuatro personas jurídicas emitieron facturas únicamente al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular y, además, tenían en común que todas estaban integradas por Adrián Ayala y su esposa, María José Reinau.
Para el Ministerio Público Fiscal queda en evidencia que la creación de estas fundaciones y cooperativas tuvieron como único fin la emisión de facturas apócrifas que documentaban venta de bienes o prestaciones de servicios las cuales eran inexistentes.
También llamó la atención los exorbitantes monto de dinero facturado a las reparticiones públicas provinciales como el IAFEP y el Ministerio de Infraestructura del Chaco, no surgiendo acreditados gastos o compras que demuestren la prestación efectiva de algún servicio o bien.
Dicho de otro modo: para que cualquier empresa, fundación o cooperativa realice un servicio o comercialice un bien, necesita haber comprado antes materia prima, maquinarias, pagado personal, servicios y un largo etcétera. En los casos que investiga la Justicia Federal, sólo existía la facturación hacia el Estado provincial. Y nada más.
Para Sabadini, están claro los roles principales que cumplió cada uno en la organización. Walter Pasko, en su calidad de jefe u organizador, se encargaría de pergeñar el mecanismo de las maniobras y funcionamiento de la asociación ilícita, manejando los aspectos contables, societarios y comerciales de las personas jurídicas creadas a los efectos de cumplir las finalidades ilícitas trazadas como así detentaba el manejo del aspecto económico de la organización.
Su esposa, Diana Daniel se encargaría de los aspectos legales por su carácter de abogada-escribana, apoyando en la logística de creación y funcionamiento ilícito de las personas jurídicas conformadas, siendo un “nexo imprescindible” para la colocación de facturación apócrifa en organismos públicos ya que la misma- durante el periodo de comisión de las maniobras- trabajaba en relación de dependencia en una de las entidades públicas a quien mayor facturación se emitió: el IAFEP. Solamente a este organismo, le facturaron un monto aproximado de 446 millones de pesos en cuatro años.
Por su parte, Adrián Fernando Ayala, habría tenido el rol de la co-organización de las maniobras inherentes a la asociación ilícita, teniendo en cuenta la nueva evidencia colectada a partir de la de los secuestros en su domicilio. Además, se constató el aprovechamiento económico de las enormes ganancias espurias generadas gracias a esta maniobra, las cuales se vieron reflejadas en su incremento patrimonial.
En tanto que su esposa, María José Reinau, habría asumido un rol relevante en la organización, al integrar una gran cantidad de las personas jurídicas investigadas, las cuales emitieron una gran cantidad de facturas apócrifas por montos millonarios.
Finalmente, los demás integrantes de la familia vinculadas a matrimonio Pasko – Daniel habrían sido parte integrante de las personas jurídicas sospechadas, desplegando conductas que aportaron a la conformación del entramado societario y desarrollo de maniobras irregulares, las cuales son objeto de esta investigación.
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