La Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini, dictó la incompetencia parcial en la causa que investiga una presunta asociación ilícita fiscal dedicada a emitir facturas truchas. De esta manera, la justicia provincial deberá hacerse cargo de las pesquisas respecto de las facturaciones apócrifas que involucran a distintas áreas del gobierno provincial durante la gestión anterior y también a varios municipios. Solicitó también la intervención del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Martes, 26 de diciembre de 2023
El Fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, dictó la incompetencia parcial en la causa que investiga una presunta asociación ilícita fiscal dedicada a emitir facturas truchas. Con esta medida, parte del caso deberá ser investigado por la justicia provincial, por los presuntos delitos de fraude a la administración pública provincial y negociaciones incompatibles con la función pública.
En el requerimiento de instrucción judicial, Sabadini señaló que, debido a la posible utilización de facturas apócrifas por parte de los organismos públicos provinciales durante la gestión de Jorge Capitanich y de varios municipios del interior provincial, corresponde dictar la incompetencia parcial y remitir copia de las actuaciones a la fiscalía de investigación en turno.
Entre los organismos investigados se cuentan al Ministerio de Infraestructura; de Gobierno; el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) y el Ministerio de Ambiente. En tanto que los municipios en la mira son: Gancedo, Napenay, Pinedo, Corzuela y Capdevilla.
Vale mencionar que la adquisición de facturas apócrifas es un ardid que se suele utilizar para validar gastos estatales que de otro modo no se podrían justificar. Dicho en términos contables: conciliar la caja con las reales salidas de fondos.
A esto se le suma el hecho de una posible negociación incompatible con la función pública por parte de la imputada, Diana Daniel. Además de ser integrante de la cooperativa de Trabajo “Construir Más”, Daniel es empleada del IAFEP. Este hecho de por sí no generaría ningún tipo de inconvenientes salvo por un detalle: aparecieron facturas de su cooperativa por servicios presuntamente prestados al IAFEP, situación que de por sí viola el régimen de incompatibilidad para el personal de la administración pública provincial.
Justamente, la semana pasada, el gobierno provincial tomó la decisión de intervenir el IAFEP y realizar las auditorías correspondientes, con apoyo de profesionales de la Universidad de Buenos Aires, tras recibir múltiples denuncias por irregularidades en el funcionamiento del organismo durante la gestión anterior.
Asimismo, se remitió copia del requerimiento de instrucción judicial al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en tanto organismos de control externo del Estado Provincial, para la toma de conocimiento y a los efectos legales y procedimentales de estimen corresponder.
Allanamientos
Una evasión fiscal de al menos 155 millones de pesos es lo que llevó a la Fiscalía Federal de Resistencia a ordenar el viernes múltiples allanamientos en distintos puntos de la provincia.
Por esta causa, hay seis personas en la mira de la Justicia, acusadas de conformar una asociación ilícita dedicada a la emisión de facturas apócrifas, tanto para bajar el monto de impuestos a pagar como para justificar gastos realizados por organismos públicos que de otro modo no podrían certificar. Se sospecha que esa organización criminal está activa desde hace una década.
En su requerimiento de instrucción judicial, el fiscal Sabadini estableció que los imputados habrían conformado una organización ilícita con la finalidad de generar crédito fiscal espurio, evidenciándose una estructura de personas físicas y jurídicas utilizadas como usinas de facturas apócrifas para disminuir el monto de impuestos a ingresar al fisco nacional por parte de terceros contribuyentes e integrantes de la misma organización, ello entre otras maniobras ilícitas de carácter tributario. Además, mediante la falaz declaración de bienes, se habría realizado una fenomenal evasión del Impuesto a las Ganancias.
Walter Pasko está sindicado como presunto líder de esta organización criminal. También están imputadas su pareja, la abogada, Diana Daniel. La suegra de Pasko, Juana Brahim y sus hermanos, Álvaro y Carlos Pasko. A estos se les suma, Fernando Ayala, secretario del dirigente piquetero, Raúl “Tito” López y la esposa de Ayala, María José Reineau.
Sabadini solicitó a la jueza Federal, Zunilda Niremperger, que cite a los imputados para que presten declaración indagatoria por los presuntos delitos de asociación ilícita fiscal y lavado de activos, con penas que van de los 3 a los 10 años de prisión y multas que llegan a 10 veces el monto de la operación observada.
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