La Legislatura provincial suspendió la entrega del premio “Mario Bosch” contra la violencia institucional que este año iba a ser entregado a Nora Nieto, madre de Leandro Bravo, el joven muerto en custodia policial en 2022. Si bien no hubo información oficial, esta decisión se tomó tras una presentación realizada ante la Cámara de Diputados por parte de familiares de los policías imputados por la muerte de Leandro. “Una no deja de sentir que la violentan todos los días”, lamentó Nora en declaraciones a LITIGIO.
Lunes, 29 de mayo de 2023
Por Bruno Martínez
Nora Nieto recibió un mensaje en su celular que la sorprendió. Desde la Cámara de Diputados del Chaco le informaban que había sido elegida por unanimidad para recibir el premio “Mario Bosch”, un reconocimiento que entrega anualmente la Legislatura a instituciones o personas que se destacan por su lucha contra la violencia institucional y la violación de Derechos Humanos en la provincia. El jurado que la eligió estuvo integrado por la diputada Mariela Quirós; la delegada del INADI, Nancy Sotelo; la integrante del Comité para la Prevención de la Tortura, Silvina Canteros; Matías Jachesky, en representación del Ministerio Público de la Defensa y Julio García, por parte de la sociedad civil. Este reconocimiento se lo iban a entregar el miércoles 24 de mayo, a las 11, en el recinto de sesiones de la Legislatura.
Pasaron cuatro días desde aquella noticia hasta que, a sólo 24 horas del evento, el secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura local, Gustavo Gómez, se comunicó con su esposo para informarle que la entrega del premio se había suspendido. No explicó los motivos, pero avisó que en los próximos días los informarían.
Hasta la publicación de esta nota, no hubo una notificación oficial respecto de por qué ocurrió este brusco, desprolijo y desagradable desplante de último minuto. Ni siquiera los miembros del jurado fueron notificados por los carriles institucionales pertinentes. De hecho, ocurrió todo lo contrario: en las redes sociales de la Legislatura y en su propia página web, la nota que informaba sobre el galardón destinado a Nora fue eliminada, como si nunca la hubieran elegido.
Más tarde, ese día, la mamá de Leandro Bravo, el joven fallecido en custodia policial en 2022, se enteró lo que había pasado. Familiares de los cuatro policías que se encuentran detenidos por el crimen de su hijo, acusados por el delito de tortura seguida de muerte y a un paso del juicio oral, habían hecho una presentación ante la Legislatura provincial que terminó por paralizar el evento.
¿Qué decía ese escrito? Dirigido a la presidenta de la Legislatura, Elida Cuesta, con copia para el resto de diputados y diputadas, el documento solicitaba que se suspenda la entrega del premio a Nora hasta tanto haya una sentencia judicial firme.
Para los familiares de los policías, de otorgar este reconocimiento, la Legislatura estaría “cometiendo un grave atentado en contra de las Garantías Constitucionales” dando “por cierto y convalidando” todos los reclamos planteados por la querella “violando el principio de legítima defensa y de presunción de inocencia”. Y así, sin más, se decidió darle curso y parar todo.
Esto, vale aclarar, es contrario a lo hecho en años anteriores por la misma Legislatura en donde se destacó la tarea de Osvaldo Ponce de León (papá de Sebastián, muerto en custodia policial) y de Analía Ojeda (mamá de Diego Barreto, también asesinado por policías). En ambos casos, las causas judiciales sobre la muerte de sus respectivos hijos ni siquiera habían llegado a juicio oral.
―¿Cómo te cayó la suspensión de la entrega de este premio? ―consultó LITIGIO a Nora Nieto.
―Es una forma más de violencia para mí porque es lo que uno siente: que estamos totalmente violentados por el Estado. No dejás de sentir que te violentan todos los días.
―El argumento principal de los familiares de los policías es que, si se diera este reconocimiento hacia vos, sería anticipar una condena judicial.
―La verdad que este premio no tiene nada que ver con el acto personal en sí. Ellos lo toman por lo de mi hijo, pero no es así. Es por la tarea que yo desempeño por mi hijo y por todos los chicos que están en estado de vulnerabilidad. Yo estoy en un grupo con familiares de otras víctimas de brutalidad policial. En donde vivo, en Charata, constantemente la gente va a consultarme por cosas que les pasan a los hijos y no saben qué hacer. También estoy con Pañuelos en Rebeldía, que es una agrupación de militantes, y con la Marcha contra el Gatillo Fácil. A mi hijo no me lo devuelve nadie y por eso lo que una trata de lograr es que cambien las cosas para que a otros chicos no les pase lo mismo.
―¿Qué harías si desde la Legislatura te confirman una nueva fecha para otorgarte este reconocimiento?
―¿A vos te parece que puedo aceptar este grado de violencia que estoy padeciendo por parte de todo el circuito del Estado y que ahora se suma el Poder Legislativo? ¿Que hayan sacado una publicación diciendo que a mí me van a entregar un premio para que después los vayan a apretar dos o tres y yo tengo ahora que aceptar todo eso? No. Yo no le llevo nada a ellos. Sé quién era (el abogado, ya fallecido) Mario Bosch (cuyo premio lleva su nombre). Lo tengo bien en claro. Tengo buen trato con (la hija de Bosch y actual subsecretaria de Derechos Humanos provincial) Nayla. Siempre puedo hablar con ella. No necesito ningún premio de nada ni de nadie. Lo puedo llevar a Mario Bosch adentro de mi sentimiento, con orgullo, por haber sido uno de los que nos marcó el camino de los Derechos Humanos. Pero no voy a permitir que me violenten de esta forma. Si ellos creen que pertenecen a algo diferente porque están dentro de la Legislatura y que eso les permite y les da derecho a hacer este tipo de cosas, no. Si vos me preguntas si yo voy a ir, te respondo que no. No, en absoluto.
―Por otra parte, quería consultarte por el llamativo grado de intensidad y virulencia que muestran los abogados defensores y los familiares de los policías detenidos, tanto en los estrados judiciales como en las redes sociales y en los medios. ¿Qué pensás de esta actitud?
―Los abogados de la defensa no tienen ningún problema de sacar el expediente penal para dárselo a los familiares (de los policías imputados) para que estos compartan cosas de ahí en las redes sociales. Entrar en las redes y encontrarte con fotos de la autopsia de tu hijo es de mal gusto. Quiero dejar en claro algo: son cuatro los imputados: (Alexis Jesús) Fleitas (Noguera), (Enzo Matías) Gómez, (Franco Daniel) Sosa y (Carlos Agustín) Díaz. Con la familia de Gómez y Sosa nunca tuve inconvenientes ni vi publicaciones como las que hacen las familias de los otros dos detenidos (por Fleitas y Díaz), que tratan de imponer mentiras a la sociedad.
―Tengo entendido que los abogados defensores también enviaron una catarata de denuncias contra tu hija, Florencia Sánchez, autora del libro sobre la muerte de Leandro; la perito de parte, Virginia Creimer y la directora del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial del Chaco, Gabriela Lamparelli. Todas por diferentes cuestiones que parecieran tener como único fin embarrar la causa.
―Al doctor (César) Collado (abogado de dos policías imputados), yo lo defino como un mitómano, misógino y un chiste. Él se jacta de haber denunciado a Slusar; a mi hija abogada, que pidió que le retiren la matrícula y a la jueza del Juzgado de Garantías de Charata (María Julieta Liva) diciendo que era mi familiar y que tenía un cuarto grado de consanguineidad conmigo, nada que ver. Denunció también a testigos. Todas mujeres. Pero bueno, allá él con sus historias. Acá lo que se está juzgando es el grado de culpabilidad que tienen ellos, los policías. Pero se pasaron todo este año ejerciendo todo este tipo de violencia hacia nosotros que somos las víctimas. Yo no estoy en condiciones de decir si estos policías son culpables o no. Ese es el papel de la Justicia. Lo que sí te puedo decir es que los familiares de estos dos policías, Fleitas y Díaz, si son culpables.
―¿Culpables?
―Sí. De todo el sufrimiento que le causaron a mi familia y sobre todo a mis nietos. Ellos ven las redes sociales. Y que esas criaturas hayan tenido que ver la foto de la autopsia de su papá y que tengan que escuchar que su papá estaba robando cuando no fue así. Ellos se meten en mi vida, cuestionan a mi hija. Han publicado fotos de mi marido junto a la palabra “violador”. O fotos de mi hija donde le adjuntaban un cartel que decía “tranza”. Un mal gusto total. De eso me voy a ocupar en el momento que lo tenga que hacer. Tenemos tres abogados en la familia y las herramientas para hacerlo. Pero ahora mi cabeza está ocupada en otra cosa.
***
Leandro Bravo tenía dos hijos, trabajaba en el Poder Judicial y le faltaban pocas materias para recibirse de abogado. Su historia de hostigamiento policial comenzó en 2017 cuando tres policías lo detuvieron en medio de una discusión que mantenía con un vecino, en Charata. Lo agarraron entre tres y lo molieron a golpes. Le rompieron el maxilar superior, le fracturaron varias costillas y le produjeron un neumotórax. Desde ese momento continuaron hostigándolo.
La tarde del sábado 26 de febrero de 2022 fue la última de Leandro. Según la primera versión policial, se descompensó mientras era examinado en el área de medicina legal y falleció antes de llegar al Hospital de Charata por un supuesto “paro cardiorrespiratorio no traumático”, según informó el primer fiscal de la causa Hugo Baigorrí, en base a la autopsia preliminar.
De acuerdo al relato policial, ese día, alrededor de las 16.30, una mujer llamó al 911 denunciando que Leandro quería ingresar en forma ilegal a su vivienda. Al llegar los policías al lugar, escapó pero fue alcanzado y detenido a los pocos metros. Sin embargo, todo esto es mentira: no hubo muerte súbita ni intento de robo.
En base a los registros fílmicos de las cámaras de vigilancia de los vecinos y los testimonios recabados, se pudo reconstruir qué lo que ocurrió esa tarde fue esto: Leandro salió con su primo en moto a comprar cerveza. En un momento dado, la policía comenzó a perseguirlo. Él se bajó en la casa de una vecina para pedirle ayuda porque tenía miedo. “Bety, ayúdame” fue el pedido de auxilio a la vecina que en ese momento estaba durmiendo. Cuando salió a atenderlo, Bety vio a Leandro media cuadra más adelante siendo reducido por policías.
Lo pisaron y lo golpearon en el piso. Luego lo tiraron dentro de la caja de la camioneta boca abajo. Dos policías se le subieron encima. Cuando lo llevaron a Sanidad Policial la enfermera se negó a atenderlo y ordenó que se lo lleven de inmediato al hospital. Cuando llegó, ya estaba muerto.
La causa tuvo irregularidades desde el comienzo. En primer lugar, a Bety, la vecina, se le hizo firmar un escrito policial en donde denunciaba a Leandro de un intento de robo. En ese momento la mujer no entendía que ocurría hasta que se dio cuenta de la maniobra, pidió que se anule tal acusación y ratificó que el joven no estaba haciendo nada ilegal.
La primera autopsia, la que sostenía que Leandro murió por un paro cardiorrespiratorio no traumático, también mostró irregularidades. Debido a esto, el Comité para la Prevención de la Tortura presentó una denuncia para que se investigue por “incumplimiento de deberes de funcionario público, en concurso ideal con encubrimiento agravado por su calidad de funcionario público”, al médico forense, Hugo Rodríguez. Fue por inconsistencias detectadas entre el procedimiento informado y el que efectivamente fue realizado.
***
Debido a los datos poco fiables de la primera, se ordenó una reautopsia la cual fue realizada por la perito, Virginia Creimer, y por la Directora del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial del Chaco, Gabriela Lamparelli. A partir de la aplicación de las técnicas del protocolo de Minnesota (procedimiento utilizado para muertes cometidas por fuerzas de seguridad), confirmó que Leandro tenía múltiples lesiones y falleció a causa de una “asfixia por comprensión extrínseca del cuello”.
En su requerimiento de elevación a juicio, la fiscal especial de Derechos Humanos adjunta, Silvia Slusar, consideró que existió por parte de los policías imputados la intención de provocarle a Leandro un “grave daño ya sea por medio de las lesiones físicas proferidas, las quemaduras efectuadas, las maniobras asfixiantes, los diversos golpes que se comprobaron en diversas partes en todo el cuerpo de la víctima, y además finalmente la atemorización infringida que le trajo a sí un sufrimiento, pánico y/o dolor en toda su expresión”.
El oficial subayudante Alexis Fleitas Noguera, el cabo Franco Sosa y el agente Carlos Díaz fueron imputados como coautores del delito de tortura seguida de muerte; al primero también se lo acusa por el delito de falsedad ideológica. Al agente Enzo Gómez, en tanto, se le imputa ser partícipe necesario del delito de tortura seguida de muerte. Los cuatro se encuentran en prisión preventiva desde hace más de un año.
Notas relacionadas
Muerte en custodia de Leandro Bravo: confirman la validez de las pericias de la reautopsia
Nora Nieto recibirá el premio a la lucha contra la Violencia Institucional del Chaco
