Con sus denuncias, el abogado, Paulo Pereyra, posibilitó en buena medida que se imponga una barrera al intento de algunos jueces del fuero local de eternizarse en sus cargos, por fuera de la Constitución Provincial. En esta entrevista con LITIGIO, habló del detrás de escena de esas denuncias y de su mirada respecto de qué hacer para lograr una Justicia de mayor calidad en el Chaco. “No sirve de nada que asuman los que no tienen que asumir”, argumentó.
Lunes, 24 de octubre de 2022
Por Bruno Martínez
La cosa es así: Paulo Pereyra es un prestigioso abogado de Resistencia. Lleva casos penales importantes, es profesor universitario, tiene una columna en la televisión pública provincial y es representante legal de Sameep, la empresa estatal de aguas del Chaco. Es joven, le va muy bien y gana buena plata. Se podría hablar de un tipo privilegiado quien no debería tener mayores complicaciones en la vida salvo pensar a donde ir a tomar sol el fin de semana.
Pero el tema es que, a veces, hay momentos en donde algunas personas necesitan complicarse un poco la existencia. Tener una batalla por fuera de sus intereses más inmediatos, algo que los trascienda.
El momento exacto en el cual Paulo eligió esa batalla fue a fines de abril de este año, cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar a una medida cautelar que permitió a la jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Mercedes Riera, a permanecer en el cargo a pesar de haber cumplido 70 años.
De acuerdo a la reforma de la Constitución del Chaco de 1994 y la posterior ley que la reglamentó, la funcionaria debería optar por dos caminos: jubilarse o rendir un concurso para revalidar su cargo. Eligió una tercera: judicializar para quedarse.
Además de sostener en el cargo a Riera, la Cámara ordenó suspender el concurso a través del cual se iba a elegir a su reemplazante. Tanto en la cautelar como en el amparo, que también salió a favor de la magistrada, la decisión no fue unánime: las juezas Gloria Silva y Dolly Fernández votaron a favor, mientras que Natalia Prato se opuso.
Presentado así, el caso podría sentar un gravísimo precedente institucional y abriría la puerta para que el resto de los magistrados y funcionarios de la justicia provincial pidan continuar más allá de los 70 años, sin rendir concurso, dándole la espalda a la Constitución y transformándose así en “jueces vitalicios”. Como si fueran dueños de algún título nobiliario.
Tras espantarse por la noticia, Paulo decidió huirle a la lógica reactiva del comentario indignado en Facebook y optó por seguir la vía judicial. Se presentó ante la Oficina de Defensa de la Víctima y la Ciudadanía y presentó una denuncia penal acusando a Riera por el delito de “usurpación de autoridad”.
¿Quién acompañó a Paulo en esta batalla legal? Nadie. Estuvo solo. Ni los colegios de abogados de la provincia, ni el gobierno, ni las asociaciones de magistrados ni los sindicatos hicieron declaración alguna cuando se conoció la cautelar. Se mostraron indignados por este intento de perpetuidad mucho tiempo después, cuando el arco narrativo de esta historia estaba bastante avanzado.
Paulo no sólo denunció a la jueza, sino que también fue contra las magistradas que avalaron su continuidad. Acusó penalmente a Fernández y Silva de cometer “prevaricato” al ser “cómplices primarias” de la usurpación de cargo.
Posteriormente presentó otra denuncia, pero esta vez contra Antonio Luis Martínez, juez de la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Con 70 años cumplidos en abril de este año, Martínez se mantenía en su cargo en una situación especulativa: esperaba para ver qué pasaba con la aventura judicial de Riera.
Paulo lo denunció por el mismo delito de Riera (usurpación del cargo) y le añadió otro más: desobediencia a la autoridad. Esto en base a la postura reacia de Martínez de cumplir con la resolución del Superior Tribunal de Justicia que estableció una clara interpretación del artículo 154 de la Constitución Provincial, que ratificaba dos caminos: irse o concursar.
Tras las denuncias de Paulo y la mediatización de esta intentona de crear jueces eternos, se produjo la primera dimisión: el juez de Paz suplente de Chorotis, Rubén Arce, presentó su renuncia para acogerse al beneficio jubilatorio. Llevaba un año de tiempo extra en el cargo.
Lo siguió el propio Martínez: dejó de lado la ambigüedad con la que se mostró cuando el STJ lo intimó y presentó su renuncia el 8 de septiembre. A su vez, el juez del Superior Tribunal, Rolando Toledo, también comunicó oficialmente que se acogería al beneficio jubilatorio a partir de enero de 2023, fecha en la que cumplirá 70 años. De a poco, todo se comenzaba a acomodar en favor de la legalidad. Y Paulo tuvo mucho que ver en todo esto.
Así las cosas, Riera parece haberse quedado sola. El Consejo de la Magistratura y la Fiscalía de Estado apelaron el amparo, el cual deberá ser resuelto por un Superior Tribunal ad hoc, creado especialmente para este caso. Alberto Modi, Jorge Canteros, Miguel Fonteina, Fabiana Bordiani y María Eugenia Sáez fueron los designados para confirmar o revocarlo.
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La entrevista con Paulo se da en una librería/cafetería de avenida Sarmiento, en el centro de Resistencia. Es una tarde pegajosa y húmeda de comienzos de octubre. Propuso esta locación porque, para su gusto, era visualmente más interesante que su estudio jurídico.
También avisó a LITIGIO que de un momento a otro iba a aparecer su community manager quien se dedica a registrar y difundir a través de sus redes sociales las actividades que viene llevando adelante, sobre todo en lo relacionado a sus columnas semanales en televisión, las entrevistas que le realizan, los seminarios en los que participa y sus intervenciones como integrante del equipo de asesores de la Comisión Técnico Revisora para la actualización del Código Procesal Penal del Chaco. Es evidente que le da un poco de pudor contar que tiene prensa propia, pero dice que es un registro necesario para que todo lo que viene haciendo, que es mucho, no quede en el olvido.
―Hagamos una suposición. Supongamos que el Superior Tribunal de Justicia ad hoc falla a favor de Riera y dice que los jueces de más de 70 años sólo tienen que rendir un examen de ideoneidad para continuar en su cargo. ¿Cuál sería tu postura?
―Creo que sería el puntapié para pensar una política judicial. No sirve de nada que se vayan los que se deben ir y que asuman los que no tienen que asumir. Tienen que concursar los compañeros y compañeras del campo nacional y popular. Hay que ocupar esos cargos.
―¿Nadie de ese sector está interesado o interesada en presentarse para ocupar los cargos que están vacantes en la Justicia del Chaco?
―Que yo sepa, no. Los que se presentan son aliados, pero no del palo. Y cuando digo “del palo” no me estoy refiriendo a la imparcialidad, por supuesto. Estamos hablando de personas que compartimos cuestiones como que no se pueda torturar en una comisaría, por ejemplo. O que no puede haber una foto de (el genocida, Jorge Rafael) Videla en el Servicio Penitenciario. Valores esenciales.
―¿Dónde están esas personas a las que te referís que deberían interesarse por ocupar esos lugares en la Justicia? ¿Qué hacen actualmente?
―Se quejan.
―Es más fácil quejarse.
―Es necesario. El punto está en saber si es oportuno. Somos gobierno o no. Si la respuesta es sí, hay que dejar de quejarse.
―En suma: tu sugerencia es que los sectores progresistas empiecen a ocupar los espacios vacantes de la justicia provincial.
―Sí, claro. Ahora está vacante el cargo de Martínez, en el Contencioso Administrativo, donde van todas las demandas en contra del Estado, sobre sus actos ilegales o arbitrarios. Para el concurso del cargo que ocupaba (el exjuez, Gustavo) Serrano, colega de Riera, la lista era de 21 y, de esos, 15 son fiscales. Ni siquiera había abogados particulares del fuero. Ninguno de ellos apoyó de manera formal las denuncias que hice. Yo si fuera concursante y me están afectando mi legítimo interés y derecho hubiera presentado una anticautelar y promovido un amparo. Esto no ocurrió. Entonces quienes van a llegar ahí van a tener el mismo sesgo. Por supuesto que siempre va a ser mejor que la representación social de Riera. Pero pensemos un poco. Paremos la pelota y pensemos en serio qué pasa y lo que Riera nos dejó.
―Hay una queja constante en quienes están dentro de la Justicia del Chaco respecto de los salarios. Dicen que en el Poder Judicial de la provincia se paga poco si se lo compara con, por ejemplo, lo que se ganaría ejerciendo la profesión libre o en la Justicia Federal. ¿Creés que esto puede ser un factor de desaliento?
―Sí, definitivamente. Te doy un ejemplo: un fiscal de Cámara, de mi edad, de 35 o 36 años, cobra en mano 390 mil pesos. Yo gano 240 mil pesos dentro de legales de Sameep y además ejerzo la profesión. Proporcionalmente gano más. Además, el fiscal tiene juicios por jurados, puteadas, posibilidad de jury. Otras responsabilidades.
―Bueno, si se lo compara con otras profesiones, es mucha plata. Pero evidentemente en el campo del derecho, es poca.
―Sí, es poca. Los sueldos de la Justicia Provincial son bajos, en proporción. También es cierto, como dice el ministro (de Economía provincial, Santiago) Pérez Pons, que somos una provincia pobre. De última, si no te gusta, rendí en la Justicia Federal. Pero no es todo sí o no. Porque no necesariamente tiene que ser el comienzo ni el final de una carrera. Hay que pensarlo también como un pasaje. Pensaba en (el ex Procurador General de la Nación, Esteban) Righi. También en Maximiliano Rusconi, que llegó a ser Fiscal General de la Nación y luego volvió a ejercer la profesión. Eso da también una plasticidad a la Justicia para que los que ingresen se acostumbren a que no van a estar ahí para siempre y que pueden venir otros.
―Esa es una postura sostenida sobre todo para quienes ingresan al Estado y se benefician con su estabilidad, que no está mal tampoco.
―Claro. Y si pensamos así llegamos otra vez al punto Riera. Hay que pensar en un pasaje. Ahora que se viene un sistema adversarial se puede estar un tiempo como juez de control, como fiscal. Se necesitan muchos fiscales para la investigación penal preparatoria. Se está trabajando muy bien en la preparación de los juicios por jurados, pero los casos se desarman porque la investigación sigue siendo muy primitiva, muy primaria. ¿Es culpa de los fiscales? Bueno, hay que darle herramienta a los fiscales, por supuesto, pero también tiene que ver con la renovación.
―¿Pensaste en formar parte del Poder Judicial? ¿Rendir para algún cargo?
―Si, claro. Pero no es mi momento. Ahora estoy en una etapa más académica. Más de ejercicio profesional de pensar los casos y de tener tiempo para pensar. Me parece que la posmodernidad te lleva a lo autómata. Por eso los libros, por eso la facultad, que son mi refugio. No porque no sea necesaria la participación, la pelea, la denuncia. Lo que decía (el fallecido abogado de Derechos Humanos) Mario Bosch, eso de interpelar. Me considero una persona “derechohumanera”, como decimos en la jerga, y creo que debemos combatir al capital con las mismas reglas. Eso es peronista. Eso es ahora. Después vemos. No tiene que ser definitivo ni definitorio. Parece que no podemos salir de esto. Siempre parece que tenemos que tener una posición cuando a lo mejor no la tenemos. Me parece que perdimos la capacidad de crecer. Y los compañeros y compañeras que están en gestión es cierto que no tienen tiempo para pensar. Pero para eso tiene que haber sólidos equipos técnicos para tener un “plan A” pero también un “plan B” y un “plan C”. Pienso que por ahí va la cosa. En todos los estamentos, en el Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Creo que tampoco la provincia del Chaco está en la misma posición que el sistema federal. Acá hay diálogo interpoderes. Una muestra de ello fue el caso Riera. Porque si vos ves la secuencia de los oficios que se libraron y la renuncia de (el juez del STJ, Rolando) Toledo dirigida al gobernador es simbólica también. No está todo perdido.
―En relación a la cautelar en favor de Riera, al fundamentar por qué se la otorgaron, las juezas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Silva y Fernández, hablaron de “edadismo”, que lo que había era una discriminación por la edad. ¿La Constitución del Chaco discrimina a los funcionarios de edad avanzada?
―No hay tal discriminación con motivo de edad ni género. Es un límite objetivo que también incluye a los varones, como el caso del juez Martínez. Hay que poder entender que es una cláusula tan clara que es resolutoria. Esto quiere decir que opera de pleno derecho. Cumpliste los 70 años, perfecto: lo que correspondía era hacer como Serrano que hizo el trámite y se jubiló. O, en todo caso, sometete a un concurso.
―¿Para vos está bien que exista ese límite de edad?
―Es un límite objetivo. No se trata de lo que a mí me parece. Ese debate se dio en 1994 cuando se redactaron estos artículos. Se debatió. Hasta la actual oposición, el radicalismo, fue el que más propugnó sobre esto. Una vez que ser termina la deliberación tanto constituyente como legislativa, ya está. Ya se discutió. Se terminó.
―¿Por qué considerás que se tardó tanto desde los colegios de abogados y de otros sectores en salir a repudiar este accionar de algunos funcionarios judiciales que están queriendo saltarse la Constitución?
―Yo no tengo una visión paranoica de acuerdos políticos o de prebendas. Simplemente creo que hay un desconocimiento de la Constitución, más precisamente del artículo 154, que establece un límite objetivo.
―¿Estás diciendo que los colegios de abogados desconocen la Constitución?
―En lo cotidiano, sí.
―Eso es muy grave.
―No. Sorprenderse de cuestiones que nos parecen graves es una muy buena excusa para desviar la discusión. Creo que antes de impulsar las reformas que van a favorecer a minorías intensas, hay que conocer las herramientas. Falta eso. Un estudio profundo y real de la problemática.
―Entonces para vos no hubo especulación por parte de los colegios de abogados.
―No. Creo que se vieron aturdidos por la noticia. Recordemos que después, el presidente del Consejo de Abogados (Ricardo Urturi) salió muy fuerte. De ahí el indicio de que no hubo especulación.
―Pero salieron posterior al pronunciamiento del Superior Tribunal, cuando intimó a los jueces que ya estaban en edad de jubilarse.
―Tampoco lo estaban siguiendo al caso Riera. Yo me entero del caso Riera por una nota de LITIGIO. Porque el caso Riera no arranca con la idea esta que planteé de la “usurpación del cargo”, la cuestión de la jueza de facto. Se fue construyendo. Cuando veo la nota del 22 de abril y veo las raras inhibiciones, sobre todo de Martínez, ahí armo una nota que la publico también en LITIGIO donde lo que más me llamaba la atención no era la cuestión delictual. Me llamaba la atención de cómo fue de juzgado en juzgado buscando la decisión beneficiosa. Un turismo judicial.
―¿Pudiste tener información respecto de por qué se decidió fallar de esta manera tan forzada? Porque lo fácil hubiera sido decir que la Constitución dice 70 años y es por eso que no corresponde la continuidad. Punto.
―Lo que dicen Fernández y Silva respecto de la cuestión de la exclusión por la renovación, justamente de eso se trata. Esa fue la discusión en la Convención Constituyente: la renovación de la Justicia. Volvemos al slogan: “Reforma Judicial”. Bueno, para hablar de Reforma Judicial hay que hablar que las personas que deciden son personas de carne y hueso que deben ser renovadas, ya sea por mal desempeño de sus funciones o porque hay un límite objetivo. No sé por qué desde el sector progresista siempre estamos al costado de las verdaderas discusiones. Queremos reformar la justicia y todavía tenemos jueces de facto. Todavía tenemos jueces que pertenecen a las familias que sustentaron y colaboraron en el último golpe de Estado. Seguramente se requiere una reforma en términos de gestión judicial y acceso a la justicia, pero los que deciden siempre son los mismos. De allí partió la impunidad de escribir lo que escribieron estas juezas (Silva y Fernández). Ellas dicen ahí que, a ellas, porque son mujeres juezas, llegada la edad la pueden echar por esta cuestión de renovar. Y sí, de eso se trata.
―A los empleados públicos, cuando llegan a cierta edad, lo jubilan inmediatamente.
―Te jubilan de facto. Además, es lo que más esperan los empleados.
―Lo otro es que te saquen con los pies para adelante. Pero llegar a eso es volver al pasado como ocurrió con varios jueces que terminaron de esa manera, que no es lo mejor. El caso del exjuez de la Corte Suprema, Carlos Fayt, por ejemplo.
―Fayt que se erigió como intérprete de la Convención Constituyente y le dieron la razón sus propios colegas. Una barbaridad. Y esto es similar, es gravísimo lo que pasa. Esta jueza Riera, como cualquier juez que esté por fuera de la Constitución, está decidiendo sobre la propiedad, vida, dignidad, libertad, acceso a derechos. Yo no voy a someter a mis clientes o clientas a una jueza de facto. Esta señora se va a tener que inhibir cuando le toque mis causas. Nada más liberal ni conservador que lo que te estoy diciendo.
