El agente de la policía del Chaco, Leandro Gabriel Cocco, continuará detenido acusado de conformar una asociación ilícita que tenía como base de operaciones de la comisaría Duodécima de Resistencia. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal de Resistencia al rechazar un pedido de excarcelación.
Miércoles, 17 de abril de 2024
El Tribunal Oral Federal de Resistencia rechazó el pedido de excarcelación solicitado por la defensa de un agente de la policía del Chaco acusado de integran una asociación ilícita que tenía como base de operaciones de la comisaría Duodécima de Resistencia.
En su sentencia fechada el 15 de abril pasado, los jueces Juan Manuel Iglesias y Enrique Bosch consideraron que tanto la gravedad de los delitos endilgados, como la circunstancia de ostentar aún la jerarquía de Oficial Auxiliar, dependiente de la Policía de la provincia del Chaco, habilitarían presumir que Leandro Gabriel Cocco “cuenta con un margen de operatividad como para ausentarse y mantenerse prófugo en caso de estar en libertad durante el lapso que lleve a la realización del debate, eludiendo así del accionar de la justicia”.
En cuanto al peligro de que obstruya la recolección de pruebas, si bien la etapa de investigación ya está finalizada, los magistrados señalaron que el beneficio excarcelatorio lo colocaría en “óptimas condiciones de llegar o contactarse con testigos con el fin de desdibujar la actividad probatoria a producirse próximamente en el debate”. De todos modos, recordaron que Cocco recibió en diciembre de 2022 el beneficio del arresto domiciliario por lo que su situación de detención fue morigerada.
En la sentencia también se aclara que el juicio oral ya tiene fecha de inicio: el 25 de septiembre. Cabe recordar que el mismo tenía previsto concretarse a fines de marzo, pero por cuestiones de agenda, el Tribunal Oral Federal acordó posponerlo seis meses.
El sargento de la Policía del Chaco, Rubén Alberto Molina; los agentes, Leandro Gabriel Cocco y Matías Josué Frete; el gendarme, Miguel Hugo Paniagua y la presunta dealer, Ester de la Cruz Pereña, se encuentran imputados en esta causa, por delitos que van desde la asociación ilícita, encubrimiento agravado, abuso de autoridad, tenencia y comercialización de estupefacientes hasta revelación de secreto oficial.
Santa Catalina
Por orden de la jueza federal Zunilda Niremperger, a pedido del fiscal, Patricio Sabadini, el 16 de julio de 2022, el sargento Molina y los agentes Frete y Cocco, de la comisaría Duodécima de Resistencia, fueron detenidos acusados de hechos gravísimos: se los señaló como parte de una asociación ilícita dedicada a la protección de vendedores de droga del barrio Santa Catalina y al armado de procedimientos ficticios.
De acuerdo al expediente, sus actividades ilícitas incluían la cobertura de al menos una dealer de la zona para que pueda comercializar sin ser molestada, como así también mantenerla al tanto de cualquier posible operativo que pudiera comprometerla.
Esta cobertura se realizaría a cambio de un pago, que podría ser en efectivo o en estupefacientes que luego eran utilizados para el armado de procedimientos (plantando evidencia falsa) o bien para dárselos a informantes en forma de remuneración.
De hecho, una de las escuchas telefónicas incluidas en el expediente, confirma no sólo la relación de extrema confianza que había entre el sargento Molina y De la Cruz Pereña, sino también de las actividades ilícitas que cometían.
“Necesito que me aguantes cuatro bolsitas porque, bueno, escuchá, te adelanto, estoy por hacer unos pares de allanamientos (SIC) acá viste, en el Santa (Catalina) y le quiero poner falopa”, le confió Molina a Pereña. “¿A quién? ¿A mí?”, preguntó Pereña preocupada. A lo que el sargento respondió: “Naaa, si te pido a vos no te voy a hacer. Es para constatar con un ‘gente’ (sujeto) que no estoy queriendo. Vos avisame, yo paro ahí en la ventanita, agarro y me voy. Yo ando acá, ando juntando bochitas, pero tengo que juntar todas las que pueda, pero con cuatro ya me amortiguás”, se escucha en el audio.
Cofre
En simultáneo a las detenciones, se allanaron domicilios particulares de los imputados y también la comisaría Duodécima. En la dependencia policial se incautó un cofre perteneciente a uno de los investigados con cocaína fraccionada, además de más de 400 gramos de marihuana y dieciséis sobres sin identificación “con sustancia estupefacientes sin especificar”.
Posteriormente, se sumó otra investigación. Molina y Cocco fueron imputados por amenazar al grupo de gendarmes que los venían investigando. Este hecho ocurrió el 12 de enero de ese año durante una recorrida que realizaba personal de Gendarmería. En un momento dado el conductor del móvil advirtió que los venía siguiendo un auto Suzuki Fun. El vehículo logró sobrepasarlo y lo cruzó, colocándose delante, impidiendo su paso.
Del auto bajó el investigado Molina. Se presentó como personal de la Policía del Chaco y de manera muy agresiva interrogó a los gendarmes respecto de sus actividades en el barrio Santa Catalina. Los uniformados respondieron que sólo hacían “recorridas de prevención”.
Olfateando lo que ocurría, días más tarde, Molina retomó su idea de intentar amedrentar a los agentes de Gendarmería que lo investigaban. Para eso se subió a una moto Honda Tornado y, acompañado de otro compañero, se presentó en la Unidad de Reunión de Información (el grupo de inteligencia de Gendarmería). Ambos estaban armados con escopetas. La situación no pasó a mayores.
Los policías investigados querían información respecto de qué pasaba en Gendarmería. Saber detalles de la investigación: qué sabían y qué no. Es por eso que se comunicaron en varias oportunidades con el suboficial principal de Gendarmería, Miguel Hugo Paniagua. Cumpliendo funciones en Río Gallegos, Paniagua les brindó información sensible tanto de la estructura de la fuerza federal como de la pesquisa en curso.
Sabadini imputó al suboficial de Gendarmería Nacional, Miguel Paniagua, por facilitar información sensible de la investigación a los policías imputados. Además, le sumó otros cargos a Molina y Cocco, por presuntamente amenazar a los gendarmes que estaban investigándolos.
Con todo, la causa está caratulada como “Molina, Rubén Alberto y otros s/cohecho activo, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal), infracción a la Ley 23.737 (artículo 5, inciso C), asociación ilícita y violación de secretos”.
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