El fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, solicitó elevar a juicio la causa en la cual se investiga a tres policías de la comisaría Duodécima de Resistencia por la presunta protección de narcos, armado de causas y amedrentar gendarmes. También está imputada una mujer, acusada de ser una dealer protegida por los policías sospechados, y un gendarme, quien habría brindado secretos de inteligencia para favorecerlos. Las reveladoras escuchas telefónicas fueron clave en esta investigación.
Viernes, 28 de abril de 2023
Tres policías, un gendarme y una vendedora de drogas al menudeo. Estas cinco personas están procesadas en una causa iniciada en 2021 por la Fiscalía Federal de Resistencia y cuyo expediente fue enviado recientemente a la jueza, Zunilda Niremperger, para que habilite el juicio oral.
En su requerimiento, el fiscal Patricio Sabadini, solicitó que sean juzgados el sargento, Rubén Alberto Molina; los agentes, Leandro Gabriel Cocco y Matías Josué Frete; el gendarme, Miguel Hugo Paniagua y la presunta dealer, Ester de la Cruz Pereña. Todos con distintos cargos penales como los de asociación ilícita, encubrimiento agravado, abuso genérico de autoridad, tenencia y comercialización de estupefacientes y revelación de secreto oficial.
Esta causa tomó estado público el 16 de julio del año pasado cuando Molina, Frete y Cocco, de la comisaría Duodécima de Resistencia, fueron detenidos por orden de Niremperger. Se los señaló como parte de una asociación ilícita dedicada a la protección de vendedores de droga del barrio Santa Catalina y al armado de procedimientos fraudulentos. También se los acusó de omitir denunciar una serie de ilícitos y de cobrar dádivas a personas que tenían inconvenientes en otras comisarías a cambio de solucionarlos.
De acuerdo al expediente, los policías sabían que Ester de la Cruz Pereña regenteaba un búnker de drogas en el barrio pero no sólo que no la denunciaron o intentaron detenerla, sino que por el contrario le brindaban protección para que pueda comercializar estupefacientes sin ser molestada.
Esta cobertura se realizaba a cambio de un pago, que podría ser en efectivo o en estupefacientes que luego eran utilizados para el armado de procedimientos (plantando evidencia falsa) o bien para dárselos a informantes en forma de remuneración.
En simultáneo a las detenciones, se allanaron domicilios particulares de los imputados y también la comisaría Duodécima. En la dependencia policial se incautó un cofre perteneciente a uno de los investigados con cocaína fraccionada, además de más de 400 gramos de marihuana y dieciséis sobres sin identificación “con sustancia estupefacientes sin especificar”. Lo encontrado sería objeto de secuestros en procedimientos policiales. No obstante, estos no tenían la debida individualización y su acondicionamiento se presentaba como irregular.
Escuchas
A través de escuchas telefónicas se logró confirmar el vínculo de extrema confianza que había entre el sargento Molina y De la Cruz Pereña. En una conversación que se produjo el 16 de diciembre de 2021, Molina le pidió a Pereña que le provea de drogas para plantárselas a un sujeto de la zona y así poder detenerlo.
“Necesito que me aguantes cuatro bolsitas porque, bueno, escuchá, te adelanto, estoy por hacer unos pares de allanamientos (SIC) acá viste, en el Santa (Catalina) y le quiero poner falopa”, le confió Molina a Pereña. “¿A quién? ¿A mí?”, preguntó Pereña preocupada. A lo que el sargento respondió: “Naaa, si te pido a vos no te voy a hacer. Es para constatar con un ‘gente’ (sujeto) que no estoy queriendo. Vos avisame, yo paro ahí en la ventanita, agarro y me voy. Yo ando acá, ando juntando bochitas, pero tengo que juntar todas las que pueda, pero con cuatro ya me amortiguás”.
En otras escuchas también se constató que Molina se desempeñaba como una suerte de asesor de delincuentes del barrio. Los asistía no sólo para evitar que sean detenidos, sino que también les brindaba apoyo cuando se producían allanamientos.
En una de las conversaciones, un sujeto le propuso cometer un robo, a lo cual Molina se negó. Lejos de denunciar el hecho, le brindó una serie de consejos para evitar ser descubierto. “Si querés, metele. Pero vas a necesitar otro. Fijate nomás cómo lo vas a hacer. Tenés que mirar que no haya cámara ni nada”, alertó.
En otra de las intervenciones telefónicas, se detectó un llamado entre Molina y quien sería un dealer de la zona, de apellido Aguirre. El segundo le pidió ayuda al primero debido a que justo en el momento en que se producía la conversación estaban allanando la casa de un pariente suyo en busca de droga. “Dejame yo me voy a mirar para allá en el auto una disparada. Escuchá: agarrá y borrá todos los mensajes, todo lo que vos mandás a tu gente que te trae eso”, instruyó Molina.
Apriete
Posteriormente a las detenciones de los policías y allanamientos en la comisaría y sus domicilios particulares, se sumó otra causa más contra los miembros de esta organización.
Molina y Cocco fueron imputados por amenazar al grupo de gendarmes que los venían investigando. La amenaza ocurrió el 12 de enero de 2022 durante una recorrida que realizaba personal de Gendarmería. En un momento dado el conductor del móvil advirtió que los venía siguiendo un automóvil Suzuki Fun. El vehículo logró sobrepasarlo y lo cruzó, colocándose delante, impidiendo su paso.
Del auto bajó el sargento Molina. Se presentó como personal de la Policía del Chaco y de manera muy agresiva interrogó a los gendarmes respecto de sus actividades en el barrio Santa Catalina. Los uniformados respondieron que sólo hacían “recorridas de prevención”.
Olfateando lo que ocurría, días más tarde, Molina retomó su idea de intentar amedrentar a los agentes de Gendarmería que lo investigaban. Para eso se subió a una moto Honda Tornado y, acompañado de otro compañero, se presentó en la Unidad de Reunión de Información (el grupo de inteligencia de Gendarmería). Ambos estaban armados con escopetas. La situación no pasó a mayores.
Los policías investigados querían data respecto de qué pasaba en Gendarmería. Saber detalles de la investigación. Qué sabían y qué no. Es por eso que se comunicaron en varias oportunidades con el suboficial principal de Gendarmería, Miguel Hugo Paniagua. Cumpliendo funciones en Río Gallegos, Paniagua les brindó información sensible tanto de la estructura de la fuerza federal como de la pesquisa en curso. Por este accionar, el fiscal Sabadini también lo imputó por revelar secretos oficiales.
“Desde 2021”
“La organización conformada por Ester de la Cruz Pereña, y los funcionarios policiales Molina, Cocco y Frete habrían comenzado a operar en el año 2021 a fin de llevar a cabo la concreción de diferentes ilícitos”, señaló el fiscal en su requerimiento de elevación a juicio.
“El acuerdo para la actuación de los miembros de la asociación ilícita se observa de las intervenciones telefónicas realizadas respecto de los abonados utilizados por los encartados en donde se vislumbra perfectamente cómo estos actuaban coordinadamente en la jurisdicción donde los miembros de la Policía del Chaco operaban, más precisamente en la Comisaría Duodécima”, añadió.
En relación a Paniagua, indicó que “con su accionar, reveló información y datos de carácter confidencial, relativo a sus funciones como miembro de una fuerza de seguridad, cuando dio indicaciones específicas al encartado Molina respecto de la Unidad de Reunión de Información (URI- Chaco) de Gendarmería (…)” poniendo “en riesgo las investigaciones que estaban siendo llevadas a cabo”.
Molina, Coco y Frete están procesados desde diciembre pasado por los delitos de cohecho pasivo, encubrimiento agravado, abuso genérico de autoridad y asociación ilícita, todo en concurso real. Pereña, por su parte, quedó imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en calidad de autora, cohecho activo en carácter de autora, y coautora de asociación ilícita, todo en concurso real. En tanto que el gendarme Paniagua fue requerido por el delito de revelación de secreto oficial.
