El sindicato estatal con mayor cantidad de afiliados del Chaco impulsó una acción de amparo con medida cautelar innovativa solicitando a la justicia laboral que ordene la suspensión del decreto 374/24 y que se avance con el proceso de regularización laboral de la ley Nº 3946-A, que se encuentra actualmente vigente. El gobierno del Chaco anticipó que pediría que se la declare inconstitucional.
Lunes, 15 de abril de 2024
Días atrás, el gobierno de Leandro Zdero anunció que instruirá a la Fiscalía de Estado para que impulse una acción que declare la inconstitucionalidad de la ley 3946-A que aprobó una serie de decretos de la gestión de Jorge Capitanich mediante los cuales se instrumentaba la progresiva regularización laboral del personal de la administración pública provincial. Como respuesta a esa decisión política de avanzar contra los derechos de los trabajadores precarizados, la UPCP recurrió a la justicia para que se confirme la vigencia y aplicación de esa ley y, sobre todas las cosas, que se ordene al Poder Ejecutivo que la cumpla por considerar que el gobierno provincial ” deliberadamente omite dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 3946 A”.
Según pudo saber LITIGIO, la presentación judicial de la UPCP fue realizada la semana pasada ante un juzgado laboral de primera instancia de Resistencia y pretende que se ordene al Poder Ejecutivo la suspensión del decreto 374/24 dictado por el gobernador Leandro Zdero -que declaró la nulidad de un acta del tribunal examinador que convalidó a los trabajadores habilitados para participar del concurso- y que se de continuidad al proceso de regularización laboral ratificado por la ley 3946-A.
En ese contexto, la medida reclama que se mantenga a los trabajadores precarizados en sus puestos de trabajo (contratos, becas, jornales), garantizando el pago de sus haberes mensuales hasta tanto se resuelva la acción de amparo.
Según la presentación de la UPCP, los decretos plasmados en la ley fueron la instrumentación de los acuerdos paritarios entre el Poder Ejecutivo y los gremios estatales y que los mismos son de “cumplimiento obligatorio” para el Poder Ejecutivo Provincial, “sin importar el partido político que lo desempeñe, y deben ser cumplidos tal como han sido establecidos en el marco institucional de negociación colectiva”.
Más allá de los comunicados difundidos por el gobierno del Chaco, reproducidos acríticamente por la mayoría de los medios chaqueños, que señalaban una serie de presuntas irregularidades del tribunal examinador a cargo del concurso para el pase a planta, la ley 3946-A se encuentra vigente y hasta tanto no haya una medida que la suspenda, debería ejecutarse como toda medida dictada por la administración en atribución de sus facultades.
Desde la UPCP, advirtieron que en el marco del proceso de regularización laboral, los trabajadores precarizados que participaron del concurso y rindieron los exámenes correspondientes “tienen el derecho adquirido a ser nombrados en la planta permanente del Estado, de conformidad al orden de mérito y en el período comprendido entre 2023-2030”.
En ese contexto, el gremio puntualizó que “la falta de dictado del instrumento legal pertinente (Decreto) no es imputable a los agentes que fueron formalmente convocados al proceso de regularización laboral, cumplieron con los recaudos y ahora ven negado su derecho por un accionar ilegal del propio Poder Ejecutivo”.
Vale recordar que desde diciembre de 2023 que el Superior Tribunal de Justicia cuenta con un dictamen del Procurador General de la Provincia, Jorge Canteros, para que se declare abstracta la acción de inconstitucionalidad impulsada por la Fiscalía de Estado contra el decreto 2656/23, uno de los que motorizó el proceso de pases a planta, luego ratificado por la ley 3956-A en la Cámara de Diputados del Chaco. El 11 de abril pasado, el máximo tribunal llamó a autos para dictar sentencia.
