El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, instruyó a la Fiscalía de Estado para que impulse la declaración de inconstitucionalidad de la ley 3946-A que convalidó los decretos de pase a planta en la administración pública provincial para el período 2023-2030. Además, solicitarán una cautelar para frenar el proceso hasta tanto haya resolución sobre la constitucionalidad de la norma.
Lunes, 8 de abril de 2024
A pesar de que la comunicación oficial del gobierno de Leandro Zdero viene reflejando reiteradamente sobre supuestas irregularidades en el concurso de antecedentes y oposición para ingreso a la planta permanente en la administración pública provincial decidida en el último año de gestión de Jorge Capitanich, aún está vigente la ley provincial que avaló esos procedimientos. No obstante, la misma quedó paralizada con la decisión del propio Zdero de crear una Comisión Revisora de todas las decisiones referidas al personal de la administración pública tomadas por la gestión anterior desde que fue derrotada en las elecciones de 2023.
Ahora, el gobernador instruyó a la Fiscalía de Estado, a cargo del fiscal Roberto Herlein, para que impulse la declaración de inconstitucionalidad de la ley 3946-A que convalidó todos los decretos firmados por Capitanich que pusieron en marcha los concursos de antecedentes y oposición que preveían la progresiva regularización laboral de trabajadores y trabajadoras del sector público con diversos tipos de prestación de servicios durante el período comprendido entre 2023 y 2030. Además, también se solicitará el dictado de una medida cautelar de no innovar para mantener paralizado el procedimiento hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
El decreto 394/24, que difunde LITIGIO, fue suscripto por el gobernador el viernes 5 de abril, y su firma es acompañada por la del ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Jorge Gómez, y la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño.
Entre las principales irregularidades detectadas en los concursos, desde el gobierno provincial señalaron la “ausencia total de imparcialidad y objetividad por parte de los miembros intervinientes del Tribunal Examinador quienes han actuado irregularmente y han avanzado en el procedimiento con irregularidad manifiesta, lo que deja traslucir connivencia y arbitrariedad”. Además, advirtieron que “no se regulan los requisitos o parámetros de prestación efectiva de servicios en la Administración, omitiendo un análisis concreto sobre las tareas realizadas y si las mismas se vinculaban a necesidades permanentes de funcionamiento habitual y regular de la jurisdicción”.
El decreto señala que de las 10.370 personas admitidas para concursar, casi 6 mil no contaban con los requisitos mínimos, en tanto que solo 4097 personas estaban en condiciones de ser admitidos “con nivel académico” y “requisitos mínimos”.
En otro de los considerandos, el decreto del gobernador considera que “la elaboración del orden de mérito y luego las designaciones en la planta permanente se establecen por Decreto de conformidad a la reglamentación, por lo tanto el
procedimiento no se encuentra concluido, no generando derechos subjetivos y mucho menos que se encuentren en cumplimiento”.
Un antecedente desfavorable
La medida no puede menos que remontarnos al comienzo del mandato del propio Jorge Capitanich cuando impulsó una acción de inconstitucionalidad similar contra la ley Nº 6028, que se popularizó como “Operativo Retirada” por haber sido sancionada en el tramo final del mandato de su antecesor, Roy Abelardo Nikisch. Aquella presentación se topó con un compacto Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco (Ricardo Franco, María Luisa Lucas, Alberto Modi, Ramón Avalos y Rolando Toledo) construido durante los gobiernos radicales que rechazó el planteo de Capitanich dejando firme la ley, lo que luego fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En aquella ocasión, Capitanich había calificado de “intento golpista” a la decisión del STJ.
Decreto 394-24 Inconstituci… by Revista Litigio
