En una jornada de casi cinco horas, los exfuncionarios municipales de la gestión de Aída Ayala justificaron la necesidad de contratar una empresa para la recolección de residuos por la crisis ambiental que atravesaba la ciudad de Resistencia. En ese contexto, fueron coincidentes en que PIMP SA cumplía con todas las condiciones requeridas para hacerse cargo de la prestación del servicio. También se aclaró que no se trató de una “concesión” sino del alquiler de camiones recolectores. Quedaron dudas sobre la laxitud en el control de las incompatibilidades de los proveedores.
Martes, 22 de agosto de 2023
La primera en declarar en la jornada de este martes fue la arquitecta Alicia Ogara, exsecretaria de Obras Públicas Municipal quién se desempeñaba como concejala cuando se produjeron los hechos que se juzgan en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia. En ese marco, explicó el contexto en el cual la gestión de Aída Ayala resolvió avanzar con la licitación para la recolección de residuos que concluyó con la adjudicación a la empresa PIMP SA. “El crecimiento de la ciudad necesitaba de nuevos equipamientos, como concejal conocía de esta necesidad”, aseguró.
Ogara reveló que en ese momento existían estudios elaborados por el Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado es una empresa pública creada para realizar la gestión integral de los residuos sólidos urbanos del AMBA), por el gobierno provincial y por el municipal que daban cuenta de la necesidad de trasladar a un nuevo lugar las 350 toneladas de residuos que producía Resistencia, ya que una medida judicial había prohibido destinarlos en un vertedero de la ciudad de Barranqueras. “La ciudad de Resistencia tenía conflictos ambientales y tenía que resolverlos, por lo tanto esta licitación viene de la mano de todas estas cuestiones”, insistió.
“El Municipio alquilaba camiones y era esta la metodología que hacíamos para poder cumplir con los servicios, no solamente de la limpieza y de la recolección domiciliaria sino también del barrido, de paseos y jardines y de la limpieza de lagunas”, agregó.
En ese sentido, Ogara aclaró que la contratación de PIMP SA “no fue una concesión de servicios”, porque esa modalidad se da cuando “el Estado entrega a un particular una actividad para que se haga cargo y cobre por eso”. De hecho, aseguró que todos los que prestaban el servicio eran empleados municipales, en respuesta a una consulta del abogado defensor de Alejandro Fischer y Fatima Rigassio, Jorge Alcántara. También aclaró que no era necesaria la autorización del Concejo Municipal ni una audiencia pública para aprobar la adjudicación.
“Estábamos en una situación ambiental muy crítica, en una emergencia sanitaria, y eso nos permitía poder achicar los tiempos”, precisó la exconcejala respecto de los plazos acotados de la licitación que concluyó con la adjudicación para la empresa PIMP SA. En ese contexto, manifestó que no recordaba quiénes integraban la sociedad de PIMP en el momento de la licitación.
Ogara aseguró que en aquella época había “una veintena de empleados municipales que controlaban” que se cumplieran con las condiciones de los pliegos de licitación.
Por otro lado, al ser consultada por el fiscal Federico Carniel sobre si conocía personalmente a Alejandro Fischer, a quién se apunta como la persona detrás de la creación de la empresa PIMP SA, la exconcejala de Resistencia manifestó que lo conocía de la “militancia política en la Unión Cívica Radical”, más precisamente de la campaña electoral del año 2011 en que la arquitecta fue elegida como concejala de la ciudad de Resistencia, luego de desempeñarse como secretaria de Obras Públicas de Aída Ayala.
Por último, Ogara negó que Fischer hubiera sido jefe de campaña de Ayala para las elecciones gubernamentales de 2015. “No, absolutamente, la campaña la manejaban los candidatos, siempre”, aseguró.
“¿Sabe o le consta si había algún vínculo entre el señor Fischer y la señora Ayala, si colaboraba con la ingeniera Ayala para la campaña, si tuvo algún rol en la campaña del 2015”, la interrogó Carniel, a lo que la exconcejala contestó que “era un militante más de los tantos que tenemos en la ciudad de Resistencia”. Posteriormente, el representante del Ministerio Público Fiscal la consultó si conocía cómo se financió la campaña electoral de Aída Ayala ese año, a lo que respondió que no sabía. Esas preguntas provocaron la reacción del defensor Alcántara y el llamado de atención del presidente del TOF, Juan Manuel Iglesias.
Guitart: “Todos tenemos algún pariente en algún lado”
A su turno, la exasesora Legal y Técnica de la Municipalidad de Resistencia, Patricia Guitart, restó importancia al control sobre las posibles incompatibilidades en las que podían incurrir los accionistas de PIMP SA para ser proveedores del gobierno municipal. “Para eso está Personería Jurídica que tiene que hacer los controles; mientras la sociedad como persona jurídica es válida y cumpla con todos los requisitos”, sostuvo. En ese contexto, el fiscal Carniel ironizó que “podía ser miembro de una sociedad anónima un hijo de la intendenta, por ejemplo”. A lo que Guitart respondió que “la ley es clara, es Personas Jurídicas, son dos situaciones completamente diferentes”.
“Estamos en una provincia donde el 70 por ciento de la ciudadanía tiene un pariente que trabaja para el Estado, entonces olvidémonos del famoso Compre chaqueño y demás porque es ilusorio, porque le vamos a dar prioridad a otros lugares, es imposible. Todos tenemos algún pariente en algún lado, y no podemos llegar a poner en juego una licitación pública que comprometía el interés general, el saneamiento de toda la ciudad, porque a lo mejor uno era pariente, sobrino, tío, no sé, si todos acá en algún momento son conocidos”, relativizó.
Al ser interrogada por el fiscal Carniel sobre si una empresa debía informar al Municipio sobre cambios en su composición accionaria durante la prestación de un servicio por la cuestión de las incompatibilidades, Guitart respondió: “¿Por qué? No”.
Por otro lado, la exasesora legal del Municipio consideró que era habitual que las empresas que se presentaban a licitaciones lo hicieran con la “promesa” de adquirir el equipamiento en caso de resultar adjudicadas.
Novo: “No hacía falta experiencia porque es un alquiler de equipos”
Por su parte, Fernando Novo señaló en que no era una exigencia que la empresa que se presentaba a la licitación contara con experiencia, camiones ni terreno. Fue quien quiso llevar el tema al terreno de la política partidaria al comparar el tratamiento del caso PIMP SA con la intendencia de Jorge Capitanich, al señalar que durante su mandato también se presentó una sola empresa a la licitación del servicio.
“Antes no estaba unificado en una empresa el alquiler de equipos, estaba diversificado en cinco o seis proveedores que alquilaban sus equipos compactadores, más una veintena de equipos que eran volcadores. Aproximadamente habrá habido doce equipos compactadores alquilados a distintos proveedores”, explicó el exfuncionario, entre las cuales mencionó a Bouza, Ingeniero Zendher de Corrientes, Pedro Martínez, Mario Pasco, etcétera.
“Había que contratar camiones más aptos pues tenía que hacer un recorrido muy largo al nuevo centro de disposición final, que quedaba a 35 kilómetros de Resistencia, con lo cual cada camión tenía que salir en una ruta nacional, que tenía que tener ciertas condiciones para circular. Todo esto sucede porque se tuvo que cerrar el basural anterior, la mudanza de la disposición final a un precio cercano pero en Barranqueras, la intervención de una jueza de Faltas de Barranqueras que pide que se saque el basural por cuestiones ambientales. Todo esto hizo que se busque un lugar apropiado de acuerdo a las normas”, explicó.
“El antecedente que se le pide es que tenga antigüedad, que esto lo chequea la Dirección de Compras. Tenía una antigüedad, no recuerdo cuantos años pero estaba inscripto en el municipio en el registro de proveedores. Para prestar un servicio de alquiler de equipos no es trabajo que requiera mayor experiencia”, señaló Novo.
“Esto no era un contrato de concesión de servicios públicos y no sé por qué se sigue hablando de que esto es una concesión”, advirtió elexsecretario de Economía municipal.
Por otro lado, Novo reconoció que antes de la contratación de PIMP SA, las empresas Recifis, Tecmasa, Pedro Martínez y Bouza alquilaban camiones al Municipio para la prestación del servicio de recolección de residuos. “Por los medios me he enterado que han formado parte de PIMP, que era parte de la sociedad, pero no era una tarea que nosotros investigábamos dentro del Municipio de cómo se conformaba la composición societaria de la sociedad”, afirmó.
Abraam: “No verificaba la composición societaria”
“Tuve participación porque yo era el secretario de Economía en aquel entonces. Esto surge con un requerimiento de la Secretaría de Servicios Públicos (a cargo de Ebe Arechavala) y la Subsecretaría de Higiene (a cargo de Nicolás Diez) en donde solicitan el alquiler de equipos para ser afectados a la recolección de residuos sólidos urbanos”, explicó Alejandro Abraam.
“Para poder participar de la oferta es requisito estar inscripto en el registro de proveedores del Municipio”, sostuvo el exfuncionario municipal.
Asimismo, explicó que “la comisión evaluadora verifica que se cumplan todos los requisitos (del pliego de licitación); en este caso como era alquiler de equipos, se verificaba que exista el equipo o que haya un compromiso de obtener el equipo, sea de compra o de alquiler”.
También reveló que “se aconseja la preadjudicación y un tercero puede impugnarla o presentar una objeción, una vez que pasa ese plazo está habilitado para llevar adelante la emisión de la resolución de adjudicación, luego se elabora el contrato y se suscribe”.
Aclaró, además, que la Secretaría de Economía no hacía estudio de costos sino que solo verificaba que exista factibilidad presupuestaria.
“Era una sociedad anónima PIMP con lo cual no se verificaba la composición societaria. Generalmente se inscriben como proveedores y lo que se verifica es el cumplimiento del pliego pero no recuerdo el componente societario”, afirmó Abraam.
En ese sentido, el exfuncionario municipal detalló que “nosotros no controlábamos específicamente si existía la incompatibilidad, lo que requeríamos era que quién se presente, manifieste si se encontraba o no comprendido en esa incompatibilidad”.
“En general respecto de eso no se hace un control. Si hay una denuncia, la atendemos y si hubiera habido algo al respecto lo hubiéramos revisado, pero en principio quién manifiesta no encontrarse comprendido dentro de las incompatibilidades es el oferente, y es parte del requisito formal de la presentación”, explicitó.
Las próximas audiencias de este juicio oral de sumo interés público tendrán lugar los días 4 y 5 de septiembre, ambas a partir de las 9 horas, y seguirán siendo cubiertas periodísticamente por LITIGIO.
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