Se llevó a cabo este jueves la primera audiencia de testimoniales en el juicio oral por la causa conocida como “Lavado II” o “PIMP” en la cual la exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, y el secretario general del STM, Jacinto Sampayo, llegaron imputados como presuntos jefes de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos provenientes de la corrupción con fondos públicos municipales. El exdiputado Ricardo Sánchez dio detalles sobre el origen de su denuncia en el año 2015.
Jueves, 17 de agosto de 2023
Más allá de ciertos momentos de tensión que se produjeron durante el interrogatorio al exdiputado provincial justicialista Ricardo Sánchez por parte de la abogada Olga Mongelós, defensora de la exintendenta, Aída Ayala, de los testimonios escuchados en esta primera audiencia no se pudo rescatar demasiado que aporte nuevos elementos a la causa.
En primer lugar, declaró la agente de la Policía Federal Argentina, Silvia Lapuente, quién manifestó no recordar detalles sobre la llamada anónima que, en el mes de enero de 2018, alertó a la delegación Resistencia de esa fuerza sobre un supuesto accionar delictivo del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo, y que posteriormente dio origen a la apertura de una investigación preliminar por parte del fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini.
“Recibí un llamado telefónico, labré un acta, comuniqué la novedad al jefe de dependencia de ese momento, se realizó la consulta telefónica al Juzgado y a la Fiscalía de turno. Y, exactamente qué me relataba en esa denuncia, no lo puedo decir, no lo recuerdo”, narró la oficial principal de la PFA. Precisó, no obstante, que de acuerdo al protocolo de actuación, cuando las llamadas son “anónimas” se comunica la información a la Fiscalía Federal y cuando se identifica al denunciante se hace lo propio pero ante el Juzgado Federal en turno. Durante su testimonio, uno de los abogados defensores advirtió sobre una supuesta “contradicción” con lo que había declarado en la etapa de instrucción de la causa, lo que después fue descartado. Ante esa situación, el fiscal federal Federico Carniel solicitó al TOF que se le exhiban a la testigo sus declaraciones durante la etapa de instrucción, las que reconoció.
En rigor, los testimonios de la agente federal y de su por entonces superior, José Luis Kupczewski, fueron reveladores a la hora de echar por tierra las objeciones que desde el inicio de la investigación formularon las defensas sobre la validez de esa llamada. De hecho, ambos agentes federales fueron denunciados por el imputado Carlos Huidobro por presunta falsedad ideológica y falso testimonio con el objetivo de lograr la nulidad de la llamada anónima que dio origen a la investigación. Sin embargo, esa denuncia fue desestimada por la justicia federal de Resistencia y que dejó firme la Cámara Federal de Casación Penal. Fue el fiscal general ante el TOF, Federico Carniel, quién pidió al TOF incorporarla.
Una investigación del Centro Mandela como origen de la denuncia original
A su turno, el exdiputado provincial Ricardo Sánchez relató que junto a un grupo de sus pares de bloque decidieron formalizar la denuncia penal luego de tomar conocimiento de una investigación realizada en el año 2015 por el Centro de Estudios Nelson Mandela, a cargo del abogado Rolando Núñez, “donde daba noticia de dos contrataciones que se habían hecho durante la gestión de Aída Ayala como intendenta de Resistencia y que tenían que ver con la recolección de residuos convencionales y no convencionales, que eran por arriba de los 500 millones de pesos en aquel momento”.
“Nosotros tomamos conocimiento de esa investigación de posibles irregularidades que habría en esa contratación y junto a otros legisladores en aquel momento hicimos una denuncia penal, creería que en el 2015, que luego viene a la justicia federal”, agregó.
El exlegislador recordó que una de las principales objeciones era que la contratación de la firma PIMP SA no pasó por el Concejo Municipal. “Se hizo una contratación que la llevaba adelante tanto la entonces intendenta (Aída Ayala) como su jefe de Gabinete, Leandro Zdero”, reveló. También, recordó que en aquel entonces advirtieron que la empresa que iba a prestar servicios “ni siquiera tenía el alta de AFIP para la contratación de personal de servicio, no tenían ni un solo empleado cuando se le hace ese contrato, que hoy con la inflación uno hasta pierde noción de los valores pero en aquel momento era un contrato millonario”.
Sánchez reconoció desconocer qué sucedió con esa denuncia penal por el caso PIMP (ante la Fiscalía Nº 4, en aquel momento a cargo de la fiscal Graciela Griffith Barreto), ya que ni él ni sus colegas legisladores se constituyeron como querellantes particulares en esa causa que la justicia provincial archivó.
“No va a preguntar más sobre este tema, ya está”
La abogada defensora de Ayala interrogó al exdiputado sobre cómo tenían conocimientos de detalles de la licitación, a lo que Sánchez respondió que “mucha documentación teníamos sobre este tema, centró la atención pública durante un buen tiempo”. Y recalcó que “no eran versiones, yo quiero que quede claro eso”.
Olga Mongelós centró su objetivo en indagar en el conocimiento que el exlegislador tenía sobre el procedimiento de contratación municipal. En ese sentido, Sánchez afirmó que “no puedo decir si era una ordenanza o la resolución, que muchas veces son consecuencia de la ordenanza, lo que quedaba claro era que el paso del Poder Legislativo Municipal fue obviado aviesamente”, reiteró el exdiputado.
La abogada insistió en que el testigo diferencie entre una “concesión de servicios” o “alquileres de equipos para prestar servicios”. “Se me piden precisiones que no estoy en condiciones de determinar atento al paso del tiempo”, contestó Sánchez.
“Si yo, como municipio, contrato con una empresa para que tenga la recolección de todos los residuos convencionales y no convencionales, por más que no lo diga, estoy concediendo ese servicio; es más, si no lo digo creería que estoy escondiendo algo, ¿no?”, aseguró.
En ese momento, intervino el presidente del TOF, Juan Manuel Iglesias, que advirtió a la abogada de Aída Ayala que la pregunta ya había sido contestada y que el testigo no recordaba más detalles sobre la modalidad de contratación de PIMP. “No va a preguntar más sobre este tema, ya está”, la reprendió el titular del tribunal, ante el reclamo del fiscal Carniel.
La tercera audiencia del juicio oral y pública se llevará adelante el próximo martes 22 de agosto, cuando se prevé escuchar los testimonios de varios exfuncionarios municipales durante la gestión de Ayala, entre ellos Alicia Ogara, exsecretaria de Obras Públicas; Fernando Novo, exsecretario de Economía, y José Abraam, también exsecretario de Economía.
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