Será este miércoles 9 de agosto, a partir de las 1o, en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia. La acusación apunta a la exintendenta de Resistencia y al exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales como jefes de una asociación ilícita que benefició con millonarias licitaciones a empresas conformadas por personas allegadas y que luego introdujeron esos fondos al circuito legal a través de la compra de inmuebles, vehículos, embarcaciones, pago de servicios y capitalización de empresas.
Martes, 8 de agosto de 2023
La exintendenta de Resistencia y exdiputada nacional de Juntos por el Cambio, Aída Ayala, y el exsecretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Resistencia, Jacinto Sampayo, comenzarán a ser juzgados junto a otras quince personas acusadas de integrar una banda que se dedicó al lavado de activos de fondos públicos apropiados ilegalmente a través de licitaciones irregulares durante el último tramo de gestión de Ayala como jefa de la comuna capitalina.
Se trata de la causa iniciada en el año 2018 y que se conoció públicamente como “Lavado II” o PIMP, en referencia a la empresa de recolección de residuos beneficiada con una millonaria licitación en el año 2014.
Las audiencias del juicio oral y público se desarrollarán a partir de este miércoles 9 de agosto, a partir de las 10, en la sede del Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia, que estará integrado por los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Bosch y la Marta Berros (jueza del TOF de Paraná). El TOF estableció un cronograma de quince audiencias que se distribuirán durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Por el Ministerio Público Fiscal, intervendrán el fiscal general ante el TOF, Federico Carniel y los fiscales generales de Córdoba, Carlos Gonella y Santiago del Estero, Indiana Garzón.
Los imputados
En abril de 2021, el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, requirió que Ayala y Sampayo sean enjuiciados como coautores de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes y lavado de activos agravado. Igual medida solicitó respecto del abogado Alejandro Daniel Fischer y los empresarios Carlos Huidobro y Pedro Alberto Martínez para que respondan como coautores de los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activos agravado.
También pidió que la contadora Patricia Vázquez y el abogado Rolando Javier Acuña vayan a juicio como partícipes necesarios de asociación ilícita, fraude contra la administración pública, enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado; que Fátima Rigassio, Natalia y Diego Martínez Guarino respondan por enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, y lavado de activos agravado; mientras que a Luis Escobar lo acusó por los dos últimos delitos.
Sabadini también pidió el enjuiciamiento de Cristian Zapata, Víctor Quiroz y Mónica Centurión por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos; y de Eulalio Bouza como partícipe necesario de asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activos agravado. Por este último también deberán responder Enrique Baumwollspinner y Elsa Martínez.
La acusación
De acuerdo al requerimiento, los imputados conformaron “una organización destinada a la obtención de beneficios económicos, a través de la implementación de mecanismos articulados para resultar adjudicatarios de determinadas prestaciones por parte de la Municipalidad de Resistencia, valiéndose para ello de la conformación de sociedades creadas a medida tanto para resultar beneficiados en las licitaciones, y al mismo tiempo para ocultar la identidad de los verdaderos dueños”.
En ese contexto, habrían realizado diversas maniobras para ingresar el producido de esos ilícitos al circuito legal mediante propios actos de lavado a través de la compra de bienes inmuebles, vehículos automotores, embarcaciones y pago de servicios, capitalización de empresas, entre otras complejas maniobras de reciclaje, “generando incrementos patrimoniales tanto en los funcionarios públicos involucrados, como así en las personas físicas y jurídicas creadas al efecto, los cuales no resultan compatibles con la capacidad económica e ingresos lícitos registrados por los mismos”.
De acuerdo a la hipótesis acusatoria, la organización estaba encabezada por Ayala y Sampayo “que fueron los encargados de haber conformado e ideado ese eslabonamiento de personas y empresas”. En ese sentido, al, además de haber diseñado el mecanismo que posibilitó la materialización de los delitos precedentes al lavado de activo, permitieron que finalmente PIMP SA, una organización societaria sin estructura, sin medios, sin capital, resulte acreedora de millonarias sumas de dinero provenientes de las arcas del municipio de Resistencia, y luego, nutriéndose de esa estructura, volcaron el producido del ilícito, logrando de esa manera reciclar el dinero, dotando al mismo de una apariencia lícita”.
Finalmente, en su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal requirió la extracción de testimonios para profundizar la investigación respecto de otras dieciocho personas involucradas en los hechos, entre ellos, el exjefe de Gabinete Municipal y actual precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Leandro Zdero.
