Tras conocerse una serie de audios en donde se escucha a la jueza de Familia de Villa Ángela insultar y amenazar de muerte a un albañil, los fiscales Sergio Ríos y Gisela Oñuk formularon de oficio un requerimiento de investigación jurisdiccional ante la jueza de Garantías, Yolanda Alvarenga de Gómez Samela, quien deberá decidir si solicita que se le retire la inmunidad a la jueza.
Viernes, 23 de diciembre de 2022
El Equipo Fiscal conformado por Sergio Ríos y Gisela Oñuk pidió abrir una investigación penal contra la jueza de Niñez, Adolescencia y Familia 1 de Villa Ángela, Laura Buyatti, tras conocerse una serie de audios en donde se la escucha insultar y amenazar de muerte a un albañil.
La solitud de los fiscales se realizó de oficio y, en cumplimiento de los pasos procesales, formularon un requerimiento de investigación jurisdiccional ante la jueza de Garantías, Yolanda Alvarenga de Gómez Samela, según informó la Procuración General a través de un comunicado. Es por los presuntos delitos de amenazas agravadas y abuso de poder.
De acuerdo al Código Procesal Penal, será la jueza de Garantías quien deberá practicar una investigación sumaria que no vulnere la inmunidad de la magistrada Buyatti y a partir de ahí decidir si pedirá o no que se le retiren los fueros.
Este pedido se deberá realizar ante el Procurador General, Jorge Canteros, quien deberá acusar a la jueza ante el Consejo de la Magistratura del Chaco. Si el Consejo acepta analizar la acusación, se suspenderá a la magistrada mientras se le realiza el jury de enjuiciamiento. Dependiendo de cómo resulte, si se decide destituirla o que continúe en su cargo, dependerá el futuro de la investigación penal contra ella por las amenazas.
“Cuando hubiere motivo bastante para sospechar que el imputado ha participado en la comisión del hecho punible, se solicitará el desafuero, juicio político o enjuiciamiento ante quien corresponda, acompañando copia de las actuaciones y expresando las razones que lo justifiquen. La investigación sumaria no podrá exceder de tres meses, bajo pena de caducidad”, establece el Código.
“Lo que ocurrió reviste de mucha gravedad institucional”, afirmó el fiscal Ríos en declaraciones realizadas el jueves al periodista de Villa Ángela, Alejandro Humberto Leguiza. “Se supone que un magistrado o un funcionario judicial tiene mayores obligaciones y prudencia para expresarse con respecto a otras personas, ni hablar si esas expresiones pueden llegar a constituir un delito”, remarcó.
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