Este viernes, la Fiscalía de Estado presentó ante el Superior Tribunal de Justicia una acción de inconstitucionalidad parcial contra artículos específicos de las Leyes Provinciales N° 3946-A y N° 3947-A.
Sábado, 20 de abril de 2024
En particular, la presentación pretende la declaración de inconstitucionalidad de los Artículos 1° -que ratifica los Decretos N° 28/2023, 1453/2023, 2118/2023 y 2244/2023, cuestionando puntualmente los Artículos 3° y 5° del Decreto 1453/2023, el Artículo 5° del Decreto 2118/2023 y 4°, 7°, 38°, 39°, y 43° de su Anexo I, y los Artículos 2° y 3° del Decreto 2244/2023-, 2° y 3° de la Ley 3946-A, así como del Artículo 4° de la Ley 3947-A. A su vez, también se solicita que se haga lugar a una medida cautelar de suspensión de la aplicación y efectos de los artículos mencionados de las citadas normas hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
Esto se da luego de los Decretos N° 394/24 y N° 505/24, a través de los cuales se instruyó al Fiscal de Estado a promover la acción de inconstitucionalidad y la medida cautelar.
En la presentación judicial se resalta que “si bien los decretos y las leyes -en los artículos hoy cuestionados- prima facie y en abstracto se vislumbraban acordes a la normativa constitucional, aparentando encuadrar en las facultades de reglamentación propias del Poder Ejecutivo y potestades del Poder Legislativo al disponer las pautas de cómo se iba a llevar adelante un concurso para el ingreso a la planta permanente del Estado Provincial, debemos decir que confrontados los mismos a la luz de los informes técnicos elaborados por las distintas áreas del Poder Ejecutivo en base a los acontecimientos suscitados, lo que culminó con el dictado del Decreto N° 374 de fecha 27 de marzo de 2.024 declarando la nulidad absoluta del Acta N° 2 del Tribunal Examinador y de todos los actos posteriores y subsecuentes que se hubieran producido en el procedimiento del Concurso en virtud de graves irregularidades y con los Decretos N° 394/2024 y N°505/2024 que instruyen a la promoción de la presente acción, se ha demostrado que -en la aplicación concreta- surge la contradicción con cláusulas constitucionales desvirtuándose la esencia del proceso concursal”.
Tras la acción interpuesta por la Fiscalía de Estado, ahora corresponderá al máximo tribunal provincial resolver la cuestión planteada.
Decretos
Como respuesta a la decisión política de avanzar contra los derechos de los trabajadores precarizados, la UPCP recurrió a la justicia para que se confirme la vigencia y aplicación de la ley Nº 3946-A de regularización laboral en el Estado, y, sobre todas las cosas, que se ordene al Poder Ejecutivo que la cumpla por considerar que el gobierno provincial ” deliberadamente omite dar cumplimiento a lo establecido” por la normativa aprobada por la Legislatura provincial.
Según pudo saber LITIGIO, la presentación judicial de la UPCP fue realizada ante un juzgado laboral de primera instancia de Resistencia y pretende que se ordene al Poder Ejecutivo la suspensión del decreto 374/24 dictado por el gobernador Leandro Zdero -que declaró la nulidad de un acta del tribunal examinador que convalidó a los trabajadores habilitados para participar del concurso- y que se de continuidad al proceso de regularización laboral ratificado por la ley 3946-A.
En ese contexto, la medida reclama que se mantenga a los trabajadores precarizados en sus puestos de trabajo (contratos, becas, jornales), garantizando el pago de sus haberes mensuales hasta tanto se resuelva la acción de amparo.
Según la presentación de la UPCP, los decretos plasmados en la ley fueron la instrumentación de los acuerdos paritarios entre el Poder Ejecutivo y los gremios estatales y que los mismos son de “cumplimiento obligatorio” para el Poder Ejecutivo Provincial, “sin importar el partido político que lo desempeñe, y deben ser cumplidos tal como han sido establecidos en el marco institucional de negociación colectiva”.
Más allá de los comunicados difundidos por el gobierno del Chaco, reproducidos acríticamente por la mayoría de los medios chaqueños, que señalaban una serie de presuntas irregularidades del tribunal examinador a cargo del concurso para el pase a planta, la ley 3946-A se encuentra vigente y hasta tanto no haya una medida que la suspenda, debería ejecutarse como toda medida dictada por la administración en atribución de sus facultades.
