Hasta el momento, ninguno de los tres uniformados involucrados en la golpiza y posterior detención del joven Emanuel Agudo, el 8 de abril pasado en Sáenz Peña, recibió sanción alguna. La causa quedó en manos de la Fiscalía Especial adjunta de Derechos Humanos de Sáenz Peña. El Órgano de Control Institucional también abrió un expediente.
Jueves, 18 de abril de 2024
Los tres policías involucrados en la golpiza y posterior detención arbitraria de un joven con Síndrome de Down en Sáenz Peña continúan en sus puestos de trabajo como si nada hubiera pasado.
“Siguen de servicio efectivo”, confirmó a LITIGIO el jefe de Policía del Chaco, Fernando Romero. De todos modos, explicó que la causa sigue por dos vías: una administrativa y otra judicial. La administrativa quedó a cargo del Órgano de Control Institucional (OCI), a cargo de Ricardo Urturi. Allí se determinará las responsabilidades y posibles sanciones para los involucrados, que podrían llegar hasta la cesantía.
En tanto que, en la faz judicial, el caso quedó radicado en la Fiscalía Especial Adjunta de Derechos Humanos, que encabeza Silvia Slusar. En declaraciones a este medio, la funcionaria judicial indicó que las actuaciones comenzaron con la denuncia del padre de Emanuel Aguado, el pasado 16 de abril. Se obtuvieron filmaciones de cámaras de seguridad de la zona, las cuales están siendo analizadas.
Además, se continúa con la recolección de pruebas documentales y testimonios. “La causa está en pleno trámite de investigación”, indicó Slusar. “Se analiza el procedimiento desmedido, el daño ocasionado al joven y la posible responsabilidad penal, pero todo será minuciosamente analizado”, añadió.
De acuerdo al relato de la víctima, el 9 de abril pasado, alrededor de las 19.45, Emanuel Agudo, de 22 años de edad (la policía había informado que tenía 15) salió del gimnasio donde habitualmente asistía con rumbo hacia su domicilio.
Al llegar a la zona de avenida 33 y calle 46 del Barrio Nuestra Señora del Carmen notó que tres policías de la Comisaría Cuarta (dos hombres y una mujer) se bajaron del patrullero con intenciones de detenerlo. Uno de ellos, armado con una escopeta.
“El policía me agarró y me tiró al suelo. Yo solo estaba caminando. Me dijo que yo era chorro”, contó Emanuel al portal de noticias Más Contenidos, al tiempo que comentó que sufrió una lesión en el brazo izquierdo, la cual hasta la fecha no está completamente curada.
La Policía del Chaco emitió una serie de comunicaciones internas que fueron compartidas con la prensa. El día del incidente, el jefe de la Comisaría Cuarta, Juan Ortiz, dio la versión policial. Indicó que la oficial Principal, Nélida Rojas, se encontraba recorriendo la zona a bordo de un patrullero de manera preventiva cuando advirtió que un joven estaba arrojando piedras a las luminarias y frente de las casas.
“Ante esta situación, al intentar persuadir de manera verbal para que deponga de su actitud, solicitando que se detenga y establecer los motivos de su accionar, habido cuenta que en cercanías había menores de edad sentado, pudiendo ocasionar lesiones de gravedad, haciendo caso omiso emprendiendo masculino huida a la carrera, siendo perseguido y reducido metros más adelante”, indicó Ortiz en su informe.
Supuestamente, los uniformados recién se percataron de la condición de Emanuel tras reducirlo. “Una vez, reducido y al quitársele la gorra el personal se da cuenta que el mismo presenta una discapacidad, por lo que detienen su proceder de forma inmediata”, indicaron.
Fue en ese momento, y tras la intervención de los vecinos que conocían al joven, que los policías procedieron a informar a su padre, Mario Agudo, para que lo pase a buscar.
Denuncia
Luego de la publicación del caso en los medios locales, el fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, presentó una denuncia penal ante el Procurador General, Jorge Canteros.
En su denuncia, Sabadini encuadró el accionar policial como posibles lesiones leves agravadas por la calidad de miembro de una fuerza policial (art. 92 en función del art. 89 del Código Penal); abuso de autoridad (art. 248 del Código Penal) y actos de tipo discriminatorios por la condición del joven.
El fiscal también solicitó una serie de medidas. Entre ellas, que se cite a prestar declaración testimonial a los padres de Emanuel Agudo, a fin de que brinden precisiones respecto del lugar en donde se habría efectuado la presunta detención arbitraria.
Además, solicitó que una vez localizado geográficamente el lugar donde se habría producido el hecho en cuestión, se requiera, a los propietarios de los domicilios y locales comerciales que se encuentran en las inmediaciones de aquel, que, en caso de contar con sistema de cámaras de seguridad, hagan entrega, a las autoridades, de los registros fílmicos correspondientes al día de la fecha y el periodo de tiempo concerniente a la detención de Agudo.
También pidió que se requiera a la comisaría de la jurisdicción correspondiente, así como a las comisarías de jurisdicciones aledañas, a que informen el registro de personal activo en el día de la fecha y en el horario donde se habría producido el hecho correspondiente a la presunta detención del ciudadano Agudo.
Una vez identificados los funcionarios policiales cuya individualización se solicitó en el punto anterior, se proceda a realizar una rueda de reconocimiento, por parte de las personas que habría presenciado el hecho en cuestión.
Pidió también que en caso de que fuera identificado el personal policial indicado en el punto precedente, se proceda a la realización de un examen mental, y se proceda conforme a las previsiones disciplinarias previstas al efecto.
Finalmente, solicitó la intervención al Instituto Provincial de Discapacidad del Chaco a fin de que tenga a bien realizar el acompañamiento correspondiente a Emanuel y a su familia, en los términos y condiciones que prevea la normativa vigente.
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