Luego de que el Poder Ejecutivo propusiera al juez Ariel Lijo y al académico Manuel García Mansilla como candidatos al Máximo Tribunal, diversas organizaciones expresaron su repudio y destacaron la importancia de que se cumplan los mandatos constitucionales y convencionales. Conocé qué dijeron.
Martes, 26 de marzo de 2024
A través de un comunicado de la Oficina de Presidencia, el Poder Ejecutivo propuso al juez Ariel Lijo y al académico Manuel Garcia Mansilla como candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Cabe destacar que el próximo 29 de diciembre Juan Carlos Maqueda cumpliría 75 años y que Elena Highton renunció a su cargo en 2021, por lo que, el Máximo Tribunal tendría dos vacantes. La noticia generó el repudio de distintas organizaciones del ámbito judicial y académico que reclaman que esas vacantes deben ser ocupadas por mujeres.
“La igualdad entre hombres y mujeres es una cuestión de derechos Humanos y es condición indispensable para la consolidación democrática, el desarrollo económico y la paz social”, expresaron en un comunicado desde la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA).
Asimismo, agregaron: “Se solicita al Sr. Presidente de la Nación que, en el ejercicio de su atribución conforme el art. 99 inc. 4° de “nombrar los magistrados de la Corte Suprema”, dé pleno cumplimiento a los mandatos constitucionales, convencionales y reglamentarios argentinos que garantizan la igualdad entre varones y mujeres”.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) remarcó “la importancia de observar las disposiciones en materia de paridad de género, postulados estos receptados en la normativa nacional y supranacional”.
Las juezas y jueces federales de la Junta de Tribunales Orales Federales (JUTOF) consideraron que “constituiría un retroceso en los avances del reconocimiento de paridad de género que, habiendo en todo el país juristas mujeres con experiencia, trayectoria y reconocimiento, no se propongan para cubrir las vacantes”
“Exhortamos a que se respete la paridad de género en el marco de las obligaciones convencionales asumidas y en aras de asegurar la representación de más de la mitad de la población del país compuesta por mujeres” indicó la Red Mujeres para la Justicia.
Distintos referentes del ámbito académico como Nancy Cardinaux, Laura Clérico, Raúl Gustavo Ferreyra, Roberto Gargarella, Andrés Gil Domínguez y Marisa Herrera emitieron un comunicado en el que alertaron: “Las nominaciones de dos candidatos varones para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación violan la manda de avanzar hacia la igualdad de género en la integración de la justicia de acuerdo con lo que surge del bloque de constitucionalidad/convencionalidad y muy especialmente de la CEDAW (arts. 75 inc. 22 e inc. 23 CN)”.
“Solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que cumpla la obligación constitucional y convencional (arts. 75 incisos 22 y 23 CN) de nominar candidatas mujeres con compromiso en la inclusión de perspectiva de géneros y la defensa de los derechos humanos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Senado que no apruebe ningún acuerdo que no cumpla con las mandas constitucionales”, concluyeron.
La Red de Profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA advirtió: “De concretarse las propuestas realizadas, el Máximo Tribunal pasaría a estar integrado en su totalidad por hombres. Ello, viola el decreto n°222/03 que establece que la conformación del tribunal debe reflejar las diversidades de género, y atenta contra los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de igualdad y no discriminación en razón del género”.
“Una Corte sin mujeres es una Corte sin Justicia”, sostuvieron desde el Colectivo Mujeres del Derecho. También, exigieron que las vacantes del Máximo Tribunal se cubran con mujeres “máxime en un país que cuenta con grandes juezas, académicas y expertas jurídicas”.
En sus redes sociales, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) expresó: “Hoy, las mujeres no están representadas en el máximo organismo del Poder Judicial, conformado hace 3 años por cuatro miembros hombres. En la práctica, significa: deuda para promover la igualdad de género en la justicia y perpetuar el techo de cristal en la justicia”. Asimismo, advirtió que la participación igualitaria de las mujeres en las esferas de decisión es clave para el impacto de sus decisiones y que el poder judicial está compuesto por 130.880 personas, de las cuales el 57% son mujeres.
Fuente: Palabras del Derecho
