Reducción de personal en los Espacios por la Memoria, retaceo de elementos de limpieza y exclusión en los contenidos en la currícula educativa. En lo discursivo, el gobierno de Leandro Zdero reivindica las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, pero a nivel presupuestario y educativo las ningunea. En esta entrevista con LITIGIO, Santiago Osuna, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria del Chaco, denuncia estas situaciones y encuentra inquietantes similitudes entre el gobierno provincial y el de Javier Milei.
Sábado, 23 de marzo de 2024
Por Bruno Martínez
En la Casa de la Memoria, lugar que fue antes y durante la última dictadura uno de los centros clandestinos de detención más grandes del nordeste argentino, hay una exposición permanente de arte que refleja en detalle lo que fue la maquinaria de terror que aplicó el Estado genocida, junto con imágenes registradas en los juicios a los represores en el Chaco.
Hay dibujos, pinturas, textos y fotografías. Pero hoy, dentro de este antiguo edificio ubicado en el microcentro de Resistencia, lo que llama la atención son unas hojas tamaño A4 que están pegadas en algunas de las paredes. Son llamativas porque nunca antes estuvieron ahí. Son, en sí, un signo de los tiempos que corren. “Hoy más que nunca, que no desaparezcan nuestros puestos de trabajo. Reincorporación ya de nuestros compañeros”, exigen los carteles.
No es casualidad que estos mensajes aparezcan hoy, a dos días de conmemorarse un nuevo aniversario del último Golpe de Estado. Fueron puestos por los trabajadores de la institución a modo de denuncia ante la inminente visita que realizará el exjuez camarista que participó del tribunal que juzgó a las Juntas Militares en 1985, Ricardo Gil Lavedra, en el marco de lo que será la presentación de su libro “La hermandad de los astronautas: el Juicio a las Juntas por dentro”. La intención es clara: mostrarle al exmagistrado el ajuste que la nueva gestión gubernamental chaqueña está aplicando hacia las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, la cual dista mucho de los discursos que salen de las bocas de los funcionarios y funcionarias provinciales en estas fechas.
Los hechos: con la nueva gestión, fueron desplazados 19 trabajadores que cumplían funciones en los Espacios por la Memoria de Resistencia y Sáenz Peña, entre personal contratado, adscriptos e integrantes de los denominados “Proyectos Especiales”. Este recorte de personal provocó que las actividades de ambos sitios se vean resentidas.
No sólo en cuestión del personal se vino el ajuste: también se retaceó y retrasó la entrega de elementos de limpieza para los Espacios de la Memoria. A más de tres meses de iniciado el nuevo gobierno, recién en los últimos días se entregaron algunos pocos bidones de lavandina para mantener el aseo de dos edificios que reciben a miles de estudiantes durante todo el año.
Al contrario de lo que se venía dando en los anteriores gobiernos, la nueva gestión no aportó fondos para la organización de la tradicional vigilia y posterior acto en conmemoración de la Masacre de Margarita Belén, que se realizan todos los años el 12 y 13 de diciembre, en el acceso a esa localidad. Se tuvo que hacer una colecta a través de una billetera virtual para pagar el sonido y la instalación del escenario. La movilidad corrió por cuenta de cada uno.
A todo esto, se le suma el insólito ninguneo de la actual gestión del Ministerio de Educación, encabezada por Sofía Naidenoff, en relación a la temática de Memoria, Verdad y Justicia en el calendario escolar de este año.
De hecho, la Comisión Provincial por la Memoria presentó una nota solicitando a la cartera educativa que rectifique la resolución por la cual se excluyó contenidos sobre el 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia), el 16 de septiembre (Día Nacional de la Juventud), el 18 de septiembre (Día Provincial del Testigo de Lesa Humanidad), el 22 de octubre (Día Nacional por el Derecho a la Identidad) y el 13 de diciembre (Día Provincial de la Memoria, por la Verdad y la Justicia). Hasta el momento, desde el Ministerio de Educación, no hubo enmienda ni respuesta alguna.
***
Santiago Osuna tiene 30 años y es el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria del Chaco. Trabaja en una empresa constructora, es maestro mayor de obra y estudia arquitectura. La militancia en la organización H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) le viene de familia.
Su papá, Renzo Osuna, militó en la Juventud Universitaria Peronista en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste y también a nivel partidario en el Peronismo Revolucionario. Junto a otros compañeros, fundó a fines de los años 90 la regional de H.I.J.O.S. en el Chaco.
Su abuelo, Alberto Osuna, fue integrante de la Juventud Peronista. Pasó también por la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y por Montoneros. Fue secuestrado y desaparecido por un grupo de tareas el 10 de mayo de 1977, en el Camino Negro, en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. En ese momento era chofer y manejaba un colectivo de línea. Una de las hipótesis es que estuvo cautivo en el Pozo de Banfield.
“La versión que siempre tuve desde chiquito es que mi abuelo estaba desaparecido. No que estaba muerto, sino desaparecido, con lo que implica. No me decían que era por su militancia política, porque por ahí no lo iba a entender siendo tan chico, pero me decían que lo desaparecieron porque él quería que no hubiera pobres. Me acuerdo diciéndolo en el jardín o en la escuela y eso generaba bastante revuelo. Espanté a más de una docente alguna vez”, recuerda ahora Santiago en diálogo con LITIGIO.
Al hablar de las diferencias que ve entre la primera generación de H.I.J.O.S y su generación (él los llama “los hijos de los hijos”) señala una vinculada al cambio en la percepción que se tiene del rol Estado. Con la llegada de Néstor Kirchner, primero, y Cristina Kirchner después, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia fueron abrazadas por el gobierno y fomentadas desde el poder político, el cual antes las ninguneaba, para decir lo menos. Para los organismos y militantes de Derechos Humanos, el gobierno ya no era un enemigo sino un aliado.
“Mi generación creció en un momento donde se sentía que todo el tiempo te estaban incentivando a la participación. Levantabas una piedra y había gente queriendo discutir de política. Crecimos en un contexto que fue más favorable. Sin embargo, también eso te hace ver a los golpes cuando llegan los momentos difíciles. Uno cree que esa primavera va a durar para siempre. Obviamente no vivíamos en Disney porque las asimetrías estructurales no la pudieron corregir ni Néstor ni Cistina”, reconoce.
Ahora, en su rol de responsabilidad institucional al frente de la Comisión Provincial por la Memoria, una de las cuestiones que más le preocupa es el ajuste que está aplicando el gobierno de Leandro Zdero sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, las cuales se complementan con la política de “motosierra y licuadora” en la economía argentina en general que promueve el presidente libertario, Javier Milei.
―¿Cómo se dieron los recortes por parte de la gestión provincial?
―Tienen varias patas. Nosotros teníamos un funcionamiento que nos permitía con ciertas limitaciones poder trabajar fuertemente no solamente acá, en la Casa de la Memoria de Resistencia, sino también en el Espacio de la Memoria que inauguramos en Sáenz Peña el año pasado. El año pasado superamos la barrera de los 10 mil estudiantes que han recorrido los espacios de la Memoria, lo cual para nosotros es un motivo de orgullo y queríamos que ese sea el piso. Con el cambio de gestión provincial, solicitamos al gobernador una reunión de parte de los organismos de Derechos Humanos que componemos la Comisión Provincial por la Memoria. Le presentamos un informe detallado de todo lo hecho, explicándole que queríamos profundizar este trabajo. Le mostramos la nómina de compañeras y compañeros que trabajan en estos espacios y la situación en que estaba cada uno, porque es muy variada. Por un lado, hay personal de planta, docentes con afectaciones de sus horas acá; personas que formaban parte de un Proyecto Especial; personal de limpieza y maestranza del Ministerio de Educación, a través de becas y otro a través de lo que era la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros.
―En esa reunión, ¿lo notaste interesado al gobernador?
―Fue una conversación amena, con un trato respetuoso. Sí me parecía que desconocía mucho de la materia. De todos modos, en ese momento, dio su palabra y se comprometió a mantener los puesto de trabajo. Felicitó nuestro laburo y dijo que teníamos que profundizarlo.
―¿Se mantuvieron esos puestos de trabajo como se comprometió Zdero?
―No. Hubo un compromiso de su parte, con ese discurso de mantener lo que está bien y hacer que llegue a todos los chaqueños. Ese slogan conocido. Posteriormente fuimos manteniendo reuniones donde se nos iba retaceando cosas. De repente la ministra (de Educación) no fue a la segunda reunión, sino que mandó a una funcionaria de segunda o tercera línea a decir: “Estoy acá, escucho, pero tengo que consultar”. Posteriormente no atendió más el teléfono. Hasta que recibimos un llamado de Mirta Candia, directora general de Gestión Educativa, que nos dice que íbamos a contar desde Educación con el personal de planta y el que tiene becas, que son los que llevan adelante el trabajo de limpieza acá. Y que esa iba a ser toda la prestación por parte del Ministerio. Nada más.
―¿Cuántos trabajadores fueron desplazados después de esa decisión?
―Ahí perdemos siete personas porque se caen tres afectaciones y cuatro personas que estaban en un Proyecto Especial. De esas siete, la que estaba con menos antigüedad acá tenía seis años. Había compañeros que estaban hace diez años. Ni hablar de situaciones personales de compañeros que tenían situaciones de salud, porque el Proyecto Especial te permite tener obra social. Posteriormente, continuamos el diálogo por los contratos de lo que era la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, que hoy se convirtió en una subsecretaría dependiente del Ministerio de Gobierno. En ese marco, hablamos con el ministro (de Gobierno, Jorge) Gómez y el subsecretario (de Derechos Humanos, Hugo) Maldonado. Ellos nos planteaban que iban a hacer un esfuerzo, inclusive hasta por encima de lo que le había pedido el gobernador que era reducir al 50% todos los contratos de la provincia. Nos plantaban que era casi como un favor. Nosotros dijimos: “Está bien, estas son las personas”. A esas personas, vale aclarar, se les adeudaba el pago de noviembre y diciembre, que hasta el día de hoy no cobraron. Días después, nos plantean que de ese número iba a ser un 50%. En resumen, perdimos 19 personas y ahora el gobierno nos dice que pueden volver sólo siete, mediante la modalidad de contrato de obra por un monto de 120 mil pesos, que no alcanza ni para un alquiler. Ellos te empujan a un juego perverso en el cual tenés que elegir.
―¿Vos tenías que elegir quien vuelve y quien no?
―Claro. Uno tiene la responsabilidad de presidir una institución como la Comisión Provincial por la Memoria pero uno también tiene un respeto al laburo. Por ejemplo, hay una compañera que estaba al frente del área de investigación del Registro Único por la Verdad y otra que coordinaba todo lo que eran las visitas guiadas para niños y niñas de primaria. Con esta pérdida, se reciente la propia estructura funcional.
―Te convierten en verdugo de una decisión que no tomaste.
―Exactamente. Es un juego perverso y muy doloroso que acá hace que cueste realmente mucho más llevar adelante esta gestión. Además, nosotros consideramos que desde el Ministerio de Educación hay una ataque franco, certero y de forma constante por parte de la Ministra Naidenoff, a punto tal que a una de nuestras compañeras que tenían que renovarle su adscripción aquí le dijo: “Sí, sí. Andá con los chicos de la Memoria a hacer tus cositas”.
―Con relación a este ninguneo por parte del Ministerio de Educación, recientemente la Comisión Provincial por la Memoria presentó una nota ante el Ministerio para que rectifique una resolución por la que excluyó los contenidos educativos de Memoria, Verdad y Justicia del calendario escolar 2024. ¿Hubo respuesta a este planteo?
―No, ninguna respuesta formal. No respondieron absolutamente nada como un montón de planteos que hicimos de pedidos de audiencia con la ministra hace semanas. Recién hoy me llamaron del ministerio para mantener una reunión con Coordinación Presupuestaria, pero diciendo que no iba a estar la ministra. Les dije que no tenía problema en ir, pero yo quiero hablar con la ministra. En relación a los días borrados del calendario escolar, estos no son fechas porque sí. Son para generar el espacio educativo para hablar sobre la temática. Lo que nosotros vemos es una ministra que ignora o pasa por arriba…
―Suena más a negacionismo que a olvido.
―Exactamente. Son leyes nacionales y provinciales. Y lo que resulta más llamativo es que por lo menos las leyes provinciales fueron votadas por el propio gobernador cuando él era diputado. Estas leyes han salido por unanimidad por todos los bloques porque quién va a estar en desacuerdo con que uno recuerde a los testigos de lesa humanidad, no sólo para homenajearlos sino también para hablar sobre los procesos de juzgamientos. El gobernador, evidentemente, piensa de una manera como diputado y otra como gobernador.
―¿Y en cuanto a los insumos para el funcionamiento de los Espacios por la Memoria?
―Hemos recibido poco y nada. La semana pasada recibimos insumos de limpieza por primera vez desde que arrancó la gestión provincial. Y si yo te mostrara el acta de entrega, te daría vergüenza. Estamos hablando de cinco bidones de lavandina para dos Espacios de la Memoria donde asisten estudiantes todos los días. Nosotros queremos recibirlos en un lugar limpio y sano para los pibes. Que alguien explique cómo hacemos para limpiar dos casonas, como lo son las Casa de la Memoria de Resistencia y Sáenz Peña, con cinco bidones de lavandina.
―¿El subsecretario de Derechos Humanos dice algo al respecto?
―Rescato que con el subsecretario Maldonado por lo menos tenemos diálogo, pero tampoco estamos pudiendo lograr soluciones. Tenemos el caso de una compañera que hoy está trabajando acá y que está siendo víctima de una persecución política absolutamente injusta por haber sido compañera de nuestra organización y que viene trabajando en lo que era la Secretaría de Derechos Humanos por más de ocho años. No le estaban por renovar el contrato, hablamos para que lo hagan y nos desayunamos que el contrato se lo hicieron a partir de marzo. O sea que vino a trabajar y en todo lo que va del año no cobró un centavo. No está pudiendo pagar su alquiler ni ir al supermercado a poner algo en su heladera. Todas estas cuestiones uno ve que supera lo que tiene que ver con la calidad humana. Me cuesta mucho creer que tengan esta liviandad para hablar de austeridad, de cortar sueldos, de dejar gente sin trabajo. Mientras estos mismos funcionarios se subieron el sueldo un 150%. Y te piden paciencia, que les des tiempo. Con la panza llena cualquier tiene tiempo y paciencia.
―Da la impresión que el gobierno provincial coincide en la mirada que tiene el gobierno de Javier Milei con el tema Memoria, Verdad y Justicia.
―Es una coincidencia que resulta bastante preocupante en muchos sentidos. En lo discursivo, no tienen este mensaje de ataque como tiene Milei. Pero en los hechos sí. Y de hecho en reacciones a determinados hechos también. Ayer (por el jueves) tomó estado público un ataque político sumamente grave a una compañera de nuestra organización y desde el gobierno provincial no hubo ni siquiera una palabra, ni siquiera del gobernador, cuando prácticamente todos los sectores se expresaron repudiando el hecho (NdR: La Red Nacional de Hijos denunció un atentado político contra una militante de la organización de derechos humanos a quien golpearon y abusaron sexualmente en su domicilio. Detallaron que los autores del hecho pintaron la pared con la sigla VLLC -Viva la Libertad Carajo-). Hasta su propio partido, la Unión Cívica Radical repudió el hecho en sus cuentas oficiales. Esos son silencios cómplices.
