“En plena revolución libertaria anti-Estado, lo deliberativo y las tensiones propias a una sociedad democrática como la argentina, no murieron por culpa del patetismo hueco de los revolucionarios, sino por culpa del escepticismo irónico de quienes deberían haber defendido la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos”, sostiene el abogado, Paulo Pereyra, en esta columna para LITIGIO.
Jueves, 11 de enero de 2024
Por Paulo Pereyra*
“Mis opiniones serían malvadas si los seres humanos fueran buenos; pero los seres humanos no son buenos” (Rosler, 195:2023).
En plena revolución libertaria anti-Estado (aunque este último acople de palabras sea casi una tautología), lo deliberativo y las tensiones propias a una sociedad democrática como la argentina, no murieron por culpa del patetismo hueco de los revolucionarios, sino por culpa del escepticismo irónico de quienes deberían haber defendido la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos (predica en Roth, 16: 2003) que supimos conseguir. Una dirigencia política ensimismada en un pluralismo inoportuno y tan irresponsable como paralizante.
Ojalá este párrafo quede descartado (y por tanto retraído de la escena) y el Congreso de la Nación argentina, rechace el DNU y a la “ley ómnibus”.
Sí no fuera ese el supuesto, podría adicionarse a lo afirmado, lo que Eva Illouz hace poco más de una década -en una especie de premonición- expresó: que la cultura freudiana planteó -en la modernidad- que, a grandes rasgos, los tormentos amorosos constituían una experiencia inevitable y autoinfligida. Valga esta la invocación para el próximo enunciado.
Nuestra Constitución Nacional, da una válvula de escape ante esta época de escepticismos ingenuos (“…no creo que haga todo lo que dice…”, en referencia a las representaciones discursivas del ahora Presidente de la Nación) y de tormentos amorosos (finalmente el amor, no nos salvó de lo políticamente humano y nos lleva inevitablemente a un inútil autoflagelo):
Retomando la salvaguarda constitucional, el Art. 29 de la C.N., sentencia: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna.
Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.”
No se trata, entonces, de sensaciones y emociones culpógenas, sino que, desde el plano político se cuente con un posicionamiento en defensa del Estado de derecho desde la mismísima Constitución y los tratados internacional en materia derechos humanos. Y ello, además de ser una válvula de escape y un Norte (para los desorientados, que no son pocos…), deviene en un deber.
El deber de preservar la vigencia de la C.N. pese a las falacias con principio de ejecución (por ahora) de los revolucionarios libertarios.
El mismo E. Raúl Zaffaroni, en el mes de agosto del año 2023, fue categórico en sostener en un dialogo con Slokar, Alagia, Gabriela Gusis y Nadia Espina, que cuando se alcanzan extremos que ponen en peligro la vida, la integridad física o la salud de las personas o condicionan una situación de miseria o desamparo (haciendo explicita referencia a la violación de derechos económicos, sociales y culturales), es imposible negar que se trata de una agresión estatal ilícita. Tanto más respecto de comunidades sobrevulneradas como los pueblos originarios. Este último comentario, una parada obligada para el jurista traído a partir de la obra “Dogmática jurídico penal para nuestra América. Diálogos.”
Hablaba más arriba del deber.
Pues bien, ese deber reposa sobre las espaldas de los ingenuos. Ingenuos que hoy por hoy, ocupan un lugar institucional de oposición en aquel Congreso.
Estos, parafraseando el discurso del Papa Francisco del 23/10/2014, están llamados cumplir sus funciones, pues de no hacerlo ponen en riesgo vidas humanas.
(*) El autor docente universitario de grado y posgrado, autor de numerosas publicaciones relacionadas con el sistema penal; ex querellante en causas de lesa humanidad y violencia institucional.
