“Cualquiera que lea el voluminoso texto que compone la declamada emergencia que contiene el adefesio remitido en esta oportunidad al Congreso Nacional, encontrará agazapados a los poderosos y sus privilegios, esencialmente imbricados en la estructura económica dependiente que desde siempre provocó la mayor miseria del país”, sostiene el juez de la Cámara Federal de Casación Penal.
Jueves, 28 de diciembre de 2023
Por Alejandro Slokar*
Es muy probable que el vértigo legisferante de estos días les haya hecho perder parte de consistencia técnica, si alguna vez la tuvieron. En cambio, las directrices forman aquello que en gran medida se anunciaba. Aunque el propio Alberdi en su capacidad de futurización, como después se acreditará, se horrorizaría de este mamarracho jurídico que en su denominación plagia sus célebres “Bases”. Sólo restó expresar en el rótulo que se trata de aquellos “Argentinos de bien”.
Porque la reducción normativa penal del mundo es propia de cualquier cabeza afiebrada. Bien lo sabemos aquellos que en las aulas estudiamos y enseñamos -a veces discretamente- el Derecho. Días pasados desde la entidad que nacionalmente nos nuclea advertíamos sobre la necesidad de garantizar los derechos de reunión, expresión y petición a partir de los postulados constitucionales e internacionales. También recordamos las palabras que nos enviara SS Francisco instando a contrarrestar la irracionalidad punitiva. Pero la anunciada pretensión codificadora del mentado protocolo de seguridad, esta vez se aproxima a una alucinación que se coloca decididamente en el revés del derecho.
Cualquiera que lea el voluminoso texto que compone la declamada emergencia que contiene el adefesio remitido en esta oportunidad al Congreso Nacional, encontrará agazapados a los poderosos y sus privilegios, esencialmente imbricados en la estructura económica dependiente que desde siempre provocó la mayor miseria del país. Los mismos que, antes o después, culminan clamando por represión, ilegal.
Baste ver que para reformar el Código Penal, la vocación gubernamental es meter preso hasta 6 años a cualquiera que se reúna en la calle. Esta criminalización de la protesta por fuera de los estándares vigentes del art. 194 CP, llega al extremo de punir a todo sujeto o entidad que convoque, “pase lista” (¡) o provea cualquier medio material para la reunión. Acaso si mediare resistencia a la autoridad, el texto se encarga de multiplicar la pena actual hasta también los 6 años de encierro. Pero si con ello no bastase, se entroniza la llamada doctrina “Chocobar” presumiendo la proporcionalidad del accionar del agente estatal y eliminando la capacidad de la víctima -o sus deudos- de defender sus intereses en juicio, sea penal o civil.
Nada de la modernización y la democratización que reclama una sociedad puede verse reflejada en estos dispositivos. Será porque la estabilización del saqueo demanda que el resto de la sociedad se comporte como un conjunto de esclavos sumisos, lo que se logra con una coerción tan irracional y generalizada que trate de impedir actuar en favor de las reivindicaciones del pueblo de la nación, lo que inevitablemente alimenta las tensiones y concluye en impredecibles efectos si se sigue estimulando tentaciones “demoníacas”.
Para ello recordemos al bueno de Alberdi, que había advertido en sus “Escritos Póstumos” con la caracterización central de los sectores dominantes en sus aspectos ideológicos y de conducta política: “Los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libre para ellos no consiste en gobernarse a sí mismos, sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno: he ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno: he ahí todo su liberalismo … El liberalismo, como hábito de respetar el disentimiento de los otros ejercido en nuestra contra, es cosa que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente, es enemigo; la disidencia de opinión es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte”.
Aún se está a tiempo de corregir el curso de tanto dislate, restaurando el consenso democrático que existió durante los últimos cuarenta años. Deben cobrar vigencia en la Argentina los límites que impone el sistema de frenos y contrapesos, en cabeza de los restantes poderes de estado. Quienes se apoltronan en los despachos legislativos y judiciales deben aspirar a una plena vida institucional impidiendo transformaciones regresivas, de forma de poder legitimar su permanencia en los cargos. De otro modo, deberemos aceptar con profunda desazón la celebración del triunfo por parte de aquellos que mucho antes que tarde se imponen por la fuerza.
* Profesor titular UBA /UNLP
