Se llevó a cabo este martes la segunda jornada de alegatos del Ministerio Público Fiscal y el Tribunal Oral Federal de Resistencia dispuso que las audiencias por la causa Lavado II o PIMP se reanuden el 8 de febrero de 2024 en los que la Fiscalía Federal completará su exposición y pedirá las penas para los acusados entre los que se encuentran la exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, y el secretario general del STM, Jacinto Sampayo.
Martes, 26 de diciembre de 2023
“Nos damos cuenta de que esto era un contubernio, que PIMP tenía privilegios. PIMP, en realidad, era un sello de goma; el señor Fischer, sobre todo, y el señor Huidobro tenían tan aceitada la relación con la intendencia, sobre todo con el intendente Aída Ayala, que ninguno de los subordinados de la intendenta realizaba los controles que tenía que realizar porque evidentemente ya había un acuerdo de cúpula de que se tenía que pagar lo que se presentara”, aseguró este martes el fiscal general Federico Carniel, en la segunda jornada de alegatos del Ministerio Público Fiscal en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia, en el marco del juicio oral por la causa conocida como Lavado II o PIMP.
En ese contexto, el funcionario del Ministerio Público Fiscal recalcó que “la Municipalidad nunca constató si la empresa PIMP cumplía o no con el compromiso de las licitaciones, a lo único que se dedicó es a pagar de manera ciega lo que la empresa le presentaba, sin hacer ningún tipo de constatación siquiera de los requisitos mínimos que tenía que cumplir la empresa que había sido adjudicataria de la licitación de alquiler de camiones”.
En esta primera etapa de sus alegatos, la Fiscalía Federal buscó contextualizar los ilícitos precedentes, fundamentalmente el plan desplegado para que las licitaciones quedaran en manos de la empresa PIMP SA, que derivaron en la presunta apropiación ilegal de los fondos públicos que luego darían lugar al delito del lavado de activos propiamente dicho por el cual llegaron a juicio oral Ayala, Sampayo y otras quince personas, con distintas imputaciones de acuerdo al rol que cumplieron en el marco de los hechos investigados en esta causa que datan del año 2014.
“Lo único que ingresaba a la empresa era el pago que le daba la Municipalidad que iba destinado a los socios ocultos, que eran los verdaderos interesados de esto. La Municipalidad pagó mal y ahí se puede constituir o se puede acreditar el perjuicio económico que exige la figura de la defraudación como uno de los elementos típicos”, precisó Carniel.
“Para PIMP, era como pescar en una pecera, señores jueces”
El fiscal general mencionó también el caso de la frustrada licitación del año 2015 para la recolección de residuos no tradicionales que fue frenada a través de una medida cautelar. “Es importante analizar el contexto en que esta licitación se aprobó y se llevó a cabo porque nos termina de convencer de que había una relación de privilegio y de confianza entre los empresarios y la intendenta Aída Ayala porque vemos que los sistemas de los procedimientos de estas licitaciones fueron totalmente elásticos al punto de dejar constancia en los papeles de las arbitrariedades que saltaban a la luz”, recalcó. Y graficó que “lo que había ahí era una sensación de impunidad, y de decir ‘eso sale sí o sí’, ya no importaban las formas”.
“La que se queda con la adjudicación de la licitación fue nuevamente la empresa PIMP SA, pero no porque fue la mejor oferta entre varias. Porque fue la única que se presentó, porque fue la única que sabía de todo esto que iba a pasar. Al igual que en la 10/14 acá también tenían información privilegiada y se aseguraron. Para PIMP, era como pescar en una pecera, señores jueces”, sostuvo Carniel.
