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A horas de conocerse el veredicto, LITIGIO conversó con el fiscal federal de DDHH ad hoc de Resistencia, Diego Vigay, quien participó de la acusación en el histórico juicio por delitos de lesa humanidad que involucra más de 100 hechos y 10 imputados. La sentencia se difundirá este lunes 6 noviembre, a las 17, en el TOF Nº 1 de Corrientes. 

Sábado, 4 de noviembre de 2023

-¿Que se está juzgando como crímenes de Lesa Humanidad en el Juicio 7ª Brigada?

-Fundamentalmente se está juzgando la planificación sistemática del Terrorismo de Estado y de crímenes de Lesa Humanidad llevada adelante por la VII Brigada de Infantería y el Área de Inteligencia 231 del Ejército Argentino en la ciudad de Corrientes contra perseguidos por razones políticas, centralmente entre 1975 y 1977.

En ese marco, los operativos de secuestros que se realizaban en horas de la madrugada, al mando de un grupo de tareas integrado por oficiales de Inteligencia del Ejército o de Gendarmería, de civil, acompañados por personal uniformado de la Policía de Corrientes o del mismo Ejército. Así también todo el funcionamiento a cargo del mismo grupo de tareas del Centro Clandestino del Regimiento 9 y del predio del Ejército de Santa Catalina, en conjunto con la Brigada de Investigaciones y la Jefatura de Policía de Corrientes, todos lugares donde metódicamente se torturaba.

Y, finalmente, lugares de detención donde también estuvieron alojados ilegalmente e incomunicados perseguidos políticos como el Instituto de Mujeres Pelletier, el Escuadrón de Gendarmería o la Policía Federal.

-¿Cómo se consiguieron probar todos esos hechos?

-A lo largo de todas las audiencias del juicio, con un número significativo de testimonios de víctimas, de familiares y de expertos se fue reconstruyendo minuciosamente cómo eran los operativos, cómo era el funcionamiento de los Centros Clandestinos y lugares de Detención, cómo se integraba el grupo de tareas con oficiales de Inteligencia del Ejército y Gendarmería y los distintos roles y funciones de cada uno.

Se incorporaron por lectura decenas de testimonios de víctimas de la Causa Regimiento 9, conjuntamente de un universo enorme de documentos históricos de la época; causas de esa época del Juzgado Federal donde en casos excepcionales se intentaba “legalizar” y “blanquear” los secuestros ilegales del Ejército y Gendarmería, recién al mes de estar detenidos en carácter de desaparecidos y habiendo sufrido todo tipo de torturas. Incluso constan declaraciones indagatorias en sede judicial, donde fueron obligados a firmar sin leerlas y sin abogados defensores y con la consigna de que el detenido lo designara cuando lo crea conveniente.

También legajos prontuariales de las víctimas confeccionados por la Policía de Corrientes, donde existen constancias de las detenciones ilegales a cargo del Área de Inteligencia del Ejército.

Por último, la enorme documentación secuestrada por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación en el Escuadrón de Gendarmería en el año 2012, que estaba a la intemperie en un camión secuestrado estacionado en un playón sólo protegida por una lona. Allí se encontraron numerosos sumarios e intercambio de información de Inteligencia de Gendarmería, probando su participación en secuestros, sesiones de tortura y alojamiento de detenidos por razones políticas.

Todo ello permitió ampliar la reconstrucción de la sistemática del Terrorismo de Estado en Corrientes, que había tenido un primer paso importante con el Juicio Oral Regimiento 9 y esencialmente, su sentencia, la que es emblemática, ya que sentó incluso un precedente a nivel nacional al juzgar de manera integral un Centro Clandestino de Detención.

-¿Cómo eran las condiciones de detención y el funcionamiento de los centros clandestinos?

-Las condiciones para los detenidos por razones políticas fueron extremadamente crueles. En el Centro Clandestino del Regimiento 9 los detenidos estaban tabicados y esposados las 24 horas del día, en pequeñas celdas armadas con frazadas y caños estructurales para aislarlos. En el caso de Jefatura, existía una celda general que era el Área Militar y los detenidos estaban tirados en el piso. Todos estaban incomunicados, sin tener acceso a un baño y a asearse y con incesantes sesiones de torturas que duraban muchas horas y que se repetían durante muchos días.

-¿Quiénes son las víctimas en este juicio?

Se pudo reconstruir que un número importante de las víctimas que eran estudiantes de todas las facultades de la UNNE: Medicina, Derecho, Veterinaria, Agronomía, Arquitectura, Ciencias Exactas, Humanidades, y de colegios secundarios que tenían alguna participación en agrupaciones como la Juventud Universitaria Peronista o en Centros de Estudiantes.

También entre los detenidos hubo periodistas, sacerdotes tercermundistas, intendentes del Partido Justicialista, gremialistas, campesinos productores de las Ligas Agrarias y profesionales médicos y abogados.

Además, se comprobó la sistemática de la detención de familiares, como forma de atormentar y amenazar; así, por ejemplo, mamás fueron detenidas junto a sus hijos-bebés y jóvenes militantes junto a sus padres.

En la mayoría de los casos se trata de sobrevivientes que pudieron dar sus testimonios, pero también existe un número importante de desaparecidos o asesinados como Rómulo Artieda, Lucinda Juárez Robles, Luis Albero Díaz, Carlos Alberto Duarte, Fernando Piérola, Ramon Vargas, Dora Noriega, Maximiliano Wettengel, German Calaffel, entre otros.

– ¿Qué secuelas denotan los sobrevivientes y los familiares de los desaparecidos en sus testimonios?

-Todas las víctimas sobrevivientes por los hechos traumáticos que padecieron sobrellevan consecuencias graves, tanto en su salud física como psíquica. Y los familiares de los desaparecidos tienen el desasosiego de no saber qué paso con sus seres queridos y no poder hacer el duelo y calmar su dolor. En todos los casos, se produjo una ruptura irreparable de los proyectos de vida que tenía cada uno. De alguna manera, el juzgamiento de estos crímenes intenta reparar, en alguna medida, todo el dolor provocado por el Estado Argentino.


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