Los exjueces Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz participaron de la proyección del documental “El Juicio, proceso judicial a los comandantes de la última dictadura argentina” de Ulises de la Orden.
Viernes, 20 de octubre de 2023
Camaristas del Juicio a las Juntas de la última dictadura cívico militar revivieron ese momento histórico durante la proyección de una película sobre ese proceso, al cual calificaron de “monumental”, ocasión en la que dijeron que volvieron a sentir que se les “revolvieron las tripas” y repudiaron la calificación de “excesos” de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.
Los exjueces Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz acompañaron la proyección del documental “El Juicio, proceso judicial a los comandantes de la última dictadura argentina” en el Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires.
El film dirigido por Ulises de la Orden aporta un registro audiovisual inédito del denominado Juicio a las Juntas militares mediante el cual en 1985 se condenó a varios comandantes de las Fuerzas Armadas -en algunos casos a cadena perpetua- que formaron parte de la dictadura del período 1976-1983.
Luego de la proyección en el auditorio del Colegio, los camaristas dialogaron con la moderadora, la periodista y abogada Paz Rodríguez Niell, respecto al proceso judicial, sus sentimientos al ver la obra y su opinión sobre el juicio, acerca del cual coincidieron en que “sabíamos que iba a ser monumental”.
Ledesma afirmó que al ver las imágenes nuevamente sintió que “nunca hubo arrepentimiento” por parte de los comandantes condenados y agregó que lo que notaron siempre en ellos fue “la soberbia y el no hacerse cargo” de los crímenes de lo que se los responsabilizaba.
Destacó como “fundamental” el trabajo hecho por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) “para establecer la carga de la prueba en el juicio que determinó la cantidad de desaparecidos, muertos y donde estaban los centros (clandestinos) de detención”, entre otros datos.
Por su parte, Gil Lavedra (quien en democracia fue ministro de Justicia y actualmente es presidente del Colegio Público) recordó que antes de iniciar el proceso judicial “los comandantes estaban dispuestos a asumir la culpa si cancelábamos la audiencia (oral y pública) y por supuesto no lo hicimos”.
Allí se pudieron conocer los desgarradores testimonios de los sobrevivientes de la dictadura y sus atrocidades, como las torturas, que son la base del film, así como las declaraciones de los abogados, de la fiscalía y de la defensa y los militares acusados en el juicio.
Sobre estos relatos de testigos que declararon torturas en el juicio el magistrado consideró que al verlos nuevamente “aún estremecen porque permite ver hasta donde puede llegar el ser humano”.
“Se nos vuelven a revolver las tripas con los testimonios”, sostuvo Valerga Aráoz respecto a las declaraciones que una tras otra se ven en la película, en la que los exdetenidos detallan los tormentos y asesinatos de compañeros de cautiverio.
Añadió que “no deja de llenarme de asombro el caradurismo de los militares en sus declaraciones ante el tribunal negando sin disimulo que haya habido alguna ‘irregularidad'” por parte de los agentes del régimen.
Los tres magistrados recordaron cómo luego de cerradas las condenas transportaron a Noruega una copia de las imágenes fílmicas con más de 530 horas de grabación del juicio “porque sentíamos que debían ser resguardadas”.
Al respecto Gil Lavedra comentó que posteriormente se enteraron de que “las cintas que quedaron aquí (en la Argentina) se borraron en varias partes así que era cierto que teníamos que sacarlas del país”.
Por su parte, Ledesma aseguró que previo a que comenzaran las audiencias “teníamos miedo de cómo se iba a desarrollar el juicio, pero cuando uno es juez se vuelve audaz”. Y recordó que en varias oportunidades recibieron amenazas de bomba en el recinto y que pese a eso “dije yo no me voy, todos hicieron lo mismo y nos quedamos” en el tribunal para continuar con el proceso.
Consultados sobre los dichos del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, quien definió los crímenes de lesa humanidad como “excesos”, Gil Lavedra aseguró que “no hay ley de la guerra que justifique torturar, violar, robar y asesinar clandestinamente”.
“Hablar de excesos es una barbaridad y demuestra ignorancia porque un crimen de lesa humanidad no es exceso, sino que es un delito gravísimo”, enfatizó el presidente del Colegio. Consideró que si bien “hubieron organizaciones armadas que cometieron crímenes muy graves, como respuesta las Fuerzas Armadas no juzgaron estos hechos, sino que ordenaron matarlos en secreto, torturarlos en secreto”.
“La palabra excesos es un locura ante delitos aberrantes como los que cometieron las Fuerzas Armadas y de seguridad”, afirmó Ledesma sobre los dichos de Milei. Acerca de la “teoría de los dos demonios”, consideró que si bien “hay dos demonios, uno es chiquito y particular, y otro es el Estado que tiene toda la fuerza para reprimir legalmente y no lo hicieron así” durante la dictadura.
Basado en el registro audiovisual de las audiencias orales del Juicio a las Juntas, el documental recorre el proceso que se llevó a cabo en 1985 -por decisión del Gobierno de Raúl Alfonsín- en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, integrada por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio.
La sentencia dictada el 9 de diciembre de 1985 condenó a cinco de los nueve jerarcas militares acusados. Los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera fueron sentenciados a reclusión perpetua con destitución.
El expresidente Carlos Menem indultó a esos comandantes y a otros militares y civiles condenados por crímenes de la dictadura.
En 2001 el juez federal Gabriel Cavallo declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, dictadas durante el Gobierno de Alfonsín, que habían exculpado militares de jerarquías inferiores. Allí se inició un proceso que en 2003 tuvo un punto culminante con la nulidad, por parte del Congreso, de esa “leyes de perdón”, como se las conocía popularmente. A partir de entonces los jueces fueron haciendo caer los indultos y se reabrieron los juicios con sus consecuentes condenas.
Varios de esos procesos, algunos con multiplicidad de imputados, continúan en pleno desarrollo.
Fuente: Télam
