Además de ser director de Fiduciaria del Norte SA, Fernando Zabalza es uno de los postulantes para el cargo vacante en el Superior Tribunal de Justicia del Chaco y el único abogado que ejerce la profesión libre que se presenta a este concurso. En diálogo con LITIGIO, habló sobre su propuesta para darle mayor autonomía financiera al Poder Judicial y remarcó la necesidad de hacer una Justicia más dinámica y participativa.
Miércoles, 20 de septiembre de 2023
Por Bruno Martínez
A través de este muro vidriado, desde este piso nueve, por sobre esta gran e impoluta mesa de reuniones, se puede ver el intenso movimiento en el microcentro de Resistencia. La gente recorre los comercios, el tránsito se pone acelerado y las luces del alumbrado público y los negocios comienzan a iluminar la calle Frondizi, esta tarde nublada y fresca de un martes de septiembre.
La entrevista se desarrolla en la Fiduciaria del Norte SA, empresa de capitales mixtos dedicada a brindar herramientas financieras al sector público y privado. El protagonista de esta charla es su director, Fernando Zabalza, quien nuevamente se postula para ocupar el cargo vacante en el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, puesto para el que ya concursó en 2021.
A pesar de ser abogado, Zabalza es un hombre de números. Gracias a esta destreza se destacó en su anterior postulación para el STJ, ya que en aquella ocasión habló de un tema que a muchos en el Poder Judicial incomoda: la plata.
En el plan de gobierno que presentó propuso crear un fideicomiso para financiar obras de infraestructura y tecnología para la Justicia. Con esto buscaba generar mayor autonomía financiera para evitar que la caja judicial dependa exclusivamente de la buena voluntad del Poder Ejecutivo de turno.
A la par, propuso conformar una unidad de análisis económico de las sentencias, un organismo de consulta al cual el Superior Tribunal de Justicia pueda recurrir para solicitar opiniones técnicas sobre los efectos que derivarían eventuales decisiones en expedientes que se tramitan en ese cuerpo. Algo similar a lo que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Respecto a su hoja de vida, se puede mencionar que nació en Resistencia y que tiene 44 años. Según sus propias palabras, forma parte de una familia “ensamblada”. Es por eso que en buena medida le hace ruido cierta terminología leguleya, con palabras como “padrastro” o “concubinato”, las cuales considera que hay que desterrar del vocabulario judicial por considerar que están cargadas de negatividad. “A mi hijos les digo que soy su progenitor afín”, cuenta.
Se recibió de abogado en 2002 y de escribano en 2009, en ambos casos en la Universidad Nacional del Nordeste. Integró el staff de litigantes del Estudio Jurídico Lotero & Asociados y realizó asesoramientos y trámites judiciales y extrajudiciales como apoderado de varias firmas e instituciones locales, entre las que se cuenta Papelera del Norte SRL (propiedad de su padre, Alfredo Zabalza); la Unión Industrial del Chaco y el Consejo Económico y Social.
También es miembro activo de la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa en Actividades Productivas (CAFIDAP); secretario del Consejo de Administración de la Fundación Fiduciaria del Norte y socio de la Bolsa de Comercio del Chaco. Está claro, en definitiva, que el ecosistema en el que se desenvuelve Zabalza es de los negocios y las finanzas.
―Un juez del STJ tiene hoy un sueldo de un millón de pesos. En tu actual trabajo como director de la Fiduciaria del Norte creería que cobrás más que eso, sumado a tus ingresos particulares ejerciendo la profesión libre como abogado. ¿Qué te lleva a postularte para un lugar en donde vas a ganar menos plata y donde también vas a estar mucho más expuesto al escrutinio de la opinión pública?
―La motivación que me llevó a presentarme es que muchas veces uno se queda en la queja y en la crítica. Eso no sirve. Para propiciar los cambios hay que ser protagonista y participar. Si vos mirás la composición del Superior Tribunal, hay una franja etaria que no está representada y tampoco lo está el sector de abogadil. Desde que se instrumentaron los concursos, las personas que quedaron son todas pertenecientes a la estructura del Poder Judicial. Hay muchas cosas que se pueden mejorar. Este es un poder ultraconservador y hay nuevas visiones.
―Te planteo lo de la cuestión económica porque se sabe que el Poder Judicial en el Chaco es uno de los peor pagos si se los compara con otras provincias y ni hablar de la Justicia Federal.
―Ese es un tema que está en la agenda y que hay que trabajar para lograr esa reparación e ir acercándose a la media regional. A mí me interesa el desafío, más allá de la cuestión económica. Me movilizan buenas intenciones. Hay muchos aspectos por los que puedo trabajar con una visión de alguien que viene de afuera. La gente necesita respuesta y celeridad.
―Hablabas antes de no quedarse en la queja. ¿Qué quejas tenés con respecto al funcionamiento de la justicia chaqueña?
―Creo que hay que acelerar los tiempos de respuestas. Los procesos son costosos en dinero y tiempo. Tenemos que seguir avanzando hacia la oralidad, la digitalización de los expedientes, los procesos por audiencias. En mi plan de gobierno había planteado varios ejes, como la capacitación en perspectiva de género, ambiental, cuestiones laborales y vinculadas al colectivo de Niños, Niñas y Adolescentes. También en el aspecto funcional había planteado crear un fideicomiso financiero para obras de infraestructura y equipamiento tecnológico…
―Contame un poco más sobre ese fideicomiso.
―La idea es que se titulice un porcentaje de la recaudación de la tasa de Justicia. Lo que haría el Poder Judicial es adelantar un flujo de fondos futuro que tendría una afectación específica. Sería una intervención selectiva del Estado que sólo se podría destinar para financiar obras de infraestructura y equipamiento tecnológico. Fijate si no será importante después de lo que pasó con el hackeo al Poder Judicial. Hay que seguir invirtiendo en tecnología.
“Tenemos que seguir avanzando hacia la oralidad, la digitalización de los expedientes, los procesos por audiencias”
―Alguien que esté hace tiempo dentro de la estructura del Poder Judicial y que no entienda mucho de cuestiones financieras, no le va a cerrar mucho esta propuesta. Va a preguntarse cómo vos vas a venir a proponer que la Justicia se meta en el mundo de las finanzas.
―Hoy en día tenemos el Grupo Financiero Chaco donde hay distintas herramientas, como la Fiduciaria del Norte, la Sociedad de Bolsa y el Nuevo Banco del Chaco. El fondo fiduciario es una herramienta muy trasparente que le va a dar al Poder Judicial mayor autonomía. Por lo menos yo tiré una propuesta de una fuente alternativa de financiamiento. Que no se trate solamente de una actitud mendicante de ir al Poder Ejecutivo a pedirle mayor presupuesto.
―Que es lo único que se hace.
―Claro. Esto optimizaría los recursos y mejoraría los procesos recaudatorios. También, por ejemplo, veo que hay cierta demora en gestionar y ejecutar lo que es el recupero de la tasa de justicia. La otra vez consulté en la Dirección de Administración del Poder Judicial y me dijeron que todavía no estaban ejecutando todo lo que eran los certificados de la tasa de justicia del año pasado. Creo que tiene que haber una posición más activa. De todos los poderes del Estado, el Judicial es el único que no está con Fiduciaria. Tenemos fideicomisos con el Poder Legislativo y con el Ejecutivo. Estaría todo claramente determinado cuál sería la afectación, cuáles serían las prioridades y obras a realizar. Y estarían financiadas con lo que se recaude a través de este procedimiento. No es algo esotérico. Es lograr mayor eficiencia a la administración de los recursos y prioridad al destino. También había propuesto crear una unidad de análisis económico consultiva, similar al que tiene la Corte Suprema, para evaluar el impacto económico financiero de las decisiones en el marco de los expedientes en trámite en el Superior Tribunal. Además, todo lo que tiene que ver con la democratización de la Justicia, con mecanismos participativos. Habíamos propuesto implementar audiencias públicas en procesos colectivos…
―Como también lo hace la Corte Suprema.
―Exacto. Para hacerlo, habría que sacar una acordada reglamentando esto para que se de en causas de trascendencia institucional o social donde haya pluralidad de procesos colectivos, que son policéntricos, con multiplicidad de voces y escuchar a todos. También en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento y la necesidad del tejido institucional de suscribir acuerdos colaborativos con los distintos actores sociales, económicos, institucionales y culturales. Creo que hay que crear redes institucionales para ampliar y aumentar la tutela efectiva de la acción de la justicia. Por otra parte, pienso que tenemos que utilizar un lenguaje llano y comprensible. El lenguaje no es neutro y tiene un valor simbólico. Hay que desterrar términos que tienen connotaciones peyorativas como, por ejemplo, el de “padrastro” o “concubinato”, que revelan cierta censura social hacia esas uniones.
―¿Qué terminología sería la adecuada y en qué beneficiaría a las personas?
―Eso está en el nuevo Código Civil y Comercial. Se habla de “progenitor afín” y “uniones convivenciales”. En mi caso particular tengo una familia ensamblada y por ahí lo hablo con mis hijos y les digo, un poco jugando, que soy su progenitor afín. Por otra parte, veo en sentencias que se utilizan frases como el “trabajo en negro”. Creo que todos tenemos que ir deconstruyéndonos porque hay términos aceptados y naturalizados que en realidad esconden un profundo prejuicio racista.
―Sos el único abogado que ejerce la profesión libre que se postula para este concurso. ¿Considerás que tenés menos chances en relación al resto?
―Hay que admitir que es como que el abogado tiene una especie de capitis deminutio, una capacidad disminuida. Hay que desterrar ese prejuicio. Los jueces no dejan de ser abogados. Todos estamos en igualdad de condiciones y no debería existir un sesgo en ese sentido. Muchos me decían que eso se mostraba como una debilidad, pero, al contrario, yo lo veo como una fortaleza de que sea alguien de afuera que sepa las necesidades de la gente del otro lado del mostrador. Conocer los tiempos de respuesta. Hay que aclarar que también tengo experiencia en gestión porque estoy en el directorio de Fiduciaria del Norte desde hace 16 años. También quiero decir que tanto en 2021 como ahora soy el único que no pertenece a la estructura del Poder Judicial y el único que recibí el apoyo de las fuerzas vivas de la sociedad, como la Unión Industrial, el CONES, la Asociación de Productores Forestales, de la Bolsa de Comercio, de la Sociedad Rural del Chaco y de las Cámaras de Comercio del interior. Más allá de los pergaminos, el jueces debe tener arraigo y compromiso en su comunidad.
―¿Cómo fue tu experiencia en la audiencia pública del anterior concurso?
―Recuerdo que fue una jornada extenuante y extensa. Arrancamos a las 8 de la mañana y terminamos a la 1 de la madrugada. Me parece que es una etapa muy importante. Es la última instancia y es donde la comunidad expone sus inquietudes. La gente hace preguntas y se visibilizan muchas cuestiones. También se pueden avalar o impugnar a los candidatos. Entiendo que es muy enriquecedora la experiencia. La otra vez escuché decir a Julián Flores (juez Civil y Comercial 21 de Resistencia, también concursante) que después podría haber impugnaciones hacia los abogados que vayan a avalar a algún postulante. Puede tener cierto asidero, pero el proceso está bien. Hay algunas cosas que serían perfectibles, pero de todas las etapas me parece que es una de las más importantes.
―Para cerrar me gustaría saber qué opinás de la actual composición del Consejo de la Magistratura. Algunos postulantes dicen que habría que incluir a más consejeros, como representantes de las iglesias, de las comunidades indígenas y de los trabajadores judiciales, por ejemplo. ¿Qué pensás de eso?
―Entiendo que tiene una composición que institucionalmente no veo mal. Sí me parece que tiene que haber un tribunal académico, con profesor de universidades públicas según la rama que cada uno elija en el concurso para el cargo del STJ. Tiene que estar escindida lo que es la evaluación académica de la designación política. Porque de esa manera se respeta el debido proceso y el derecho a la doble instancia, porque uno no va a impugnar una evaluación al mismo órgano que te va a designar.
―¿Y en cuanto a la composición?
―Las comunidades indígenas podrían estar, en el marco de distintas reformas normativas. Por otro lado, creo también que los jueces deben tener límites en los mandatos. Yo asumí el compromiso de en caso de ser designado, voy a cumplir un mandato de cinco años con posibilidad de revalidar por otros cinco. Esto tiene que ser visto con cierto dinamismo. También propongo que algunos jueces y fiscales puedan ser seleccionados por el voto popular. Esto tiene que ver con la democratización de la justicia y va a dar mayor legitimidad. Y también le va a devolver a la ciudadanía la confianza en la Justicia, la cual hoy está bastante cuestionada.
