Juez de Niñez, Adolescencia y Familia de Castelli, Gonzalo García Veritá es el postulante más joven del concurso para ocupar el cargo vacante en el Superior Tribunal de Justicia del Chaco. En esta entrevista con LITIGIO, reivindicó su activismo en organizaciones de Derechos Humanos, relativizó los beneficios del uso de la Inteligencia Artificial en los procesos judiciales y se mostró en contra de la propuesta de algunos de sus competidores de sumar a líderes religiosos al Consejo de la Magistratura, órgano dedicado a designar y remover jueces. “No es algo compatible con un Estado laico”, sostuvo.
Martes, 19 de septiembre de 2023
Por Bruno Martínez
La edad es relativa, se sabe. Una persona puede ser considerada que está muy madura para alguna actividad al cumplir una determinada cantidad de años y, al mismo tiempo, alguien con esa misma edad puede ser tomada como poco experimentada para otras.
Pongamos por caso un futbolista. Uno que ronde los 40 años. Estamos hablando, claro, de un veterano que ya debería estar retirado. Sus articulaciones, músculos, velocidad y potencia no son las mismas que, digamos, a los 20. Ahora bien, si hablamos de la Justicia las cosas cambian radicalmente. Una persona con la misma edad, que aspira a integrar, por ejemplo, el Máximo Tribunal de Justicia de una jurisdicción, puede ser considerada como alguien demasiado joven, sin experiencia suficiente.
Más allá de su idoneidad, de sus logros y de lo que represente, el criterio biológico generalmente se impone. Para el establishment judicial, será un individuo que estará bien, muy lindo todo, pero, por el momento, le faltará “un golpe de horno”. Lo del futbolista se entiende por una cuestión vinculada al rendimiento físico. Lo de la Justicia, sin embargo, queda como un argumento más bien flojo.
Gonzalo García Veritá está al tanto de esto. Con 39 años de edad, es el postulante más joven en el concurso para ocupar el cargo vacante del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, luego de que Facundo Cabaña (30) no pudo superar la fase de antecedentes. Esta es la segunda vez que se postula.
Reconoce que su edad es un tema recurrente, aunque sostiene que es una variable que no debería jugarle en contra, en absoluto, pero que siempre se pone en juego cuando se habla de su candidatura. “Validar la edad por sobre la idoneidad es un criterio antidemocrático”, evaluará más adelante en esta entrevista con LITIGIO.
Juez titular del Juzgado 1 de Niñez, Adolescencia y Familia de Castelli, García Veritá nació y se recibió de abogado en Córdoba. Durante su adolescencia, tuvo la oportunidad de entrar en contacto con las comunidades indígenas de El Impenetrable chaqueño. Si su vida fuese una película, ese sería el momento exacto en el cual el protagonista tiene su momento de epifanía, una revelación tan profunda que modificará de manera dramática el rumbo de su existencia.
Tras ejercer su profesión brindando asesoría legal a la organización de los Hermanos Maristas, una congregación de religiosos católicos dedicados principalmente a la educación, en 2010 decidió establecerse definitivamente en El Impenetrable chaqueño, primero en Misión Nueva Pompeya y luego en Castelli.
Es viernes por la noche. García Veritá prende su cámara para esta videollamada. Saluda, se acomoda los anteojos de marco grueso y muestra a LITIGIO algunas cosas que hay en su estudio. Dos elementos se destacan: una bandera Wiphala, símbolo de su activismo por los derechos de los pueblos indígenas, y un violín, recuerdo de sus años universitarios cuando participaba de una orquesta que ejecutaba música clásica. Dice que cada tanto toca algunas canciones, pero sin público presente. Sólo como una forma de distención.
― Sos el más joven del concurso y también tenés una militancia en organizaciones indigenistas y de Derechos Humanos. ¿Considerás que tu juventud y tu posicionamiento político son puntos en contra a la hora de conseguir consensos en el Consejo de la Magistratura, que es donde se define quien ocupará el cargo vacante en el STJ?
―Jamás pensaría que mi trabajo comprometido con los movimientos de DDHH y con las organizaciones indígenas, de mujeres, del colectivo LGBT y de personas con discapacidad pueda convertirse en un obstáculo del consenso para acceder al Superior Tribunal. Muy por el contrario, es uno de los aspectos que más reivindico. Y no por mi actividad puesta al servicio de las organizaciones, sino por lo aprendido. Creo que una de las razones por las que me sentí interpelado a inscribirme en el concurso es ese desafío, el de poder dar respuesta a la histórica lucha por más y mejor justicia. Ese es un aprendizaje que atesoro profundamente en mi historia y mi corazón.
―¿Y en relación a tu edad?
―Esa es una pregunta recurrente. Nuestra edad es una realidad biológica. La mía y también de las otras personas que conforman el Superior Tribunal y en toda la estructura del Poder Judicial. La edad no es un condicionante de la idoneidad. Estoy convencido que nutrir de diversidad, de enfoque generacional y de instrucción geográfica enriquecen a los órganos de gobierno colectivo. Lejos de sentir que mi edad es un condicionante, vengo a poner sobre la mesa que creer que validar la edad por sobre la idoneidad es un criterio antidemocrático. No me parece un componente central. En todo caso, sí valorarlo desde la diversidad. Animarnos a mirar más allá de criterios biologicistas nos permite profundizar en la acción política.
―Además de ser juez, sos abogado especializado en derecho indígena. ¿Considerás que aún continúa arraigado un alto nivel de racismo tanto en la sociedad chaqueña como en las estructuras del Estado?
―El racismo es un fenómeno cultural muy complejo que nace al calor de una matriz monocultural de Argentina y en América Latina. Es una tarea pendiente de la democracia. Son prácticas enquistadas en la comunidad. Nosotros hemos abordado el tema en sentencias judiciales. Hablamos de la gravedad que implica que existan derechos diferenciados en función de la identidad de las personas y de esos hechos diferenciados en cuanto a la restricción de esos derechos. El problema del racismo no es de una única decisión de una agencia del Estado. Es una tarea pendiente del proceso de fortalecimiento democrático. Creo que es el desafío más importante que tenemos en términos democráticos y justamente apostar a la diversidad cultural tiene que ver con eso, el poder corrernos de matrices en las que el Estado argentino se ha formado que implicaron la pérdida de reconocimiento de derechos para las comunidades indígenas. Antes de trabajar como juez, fui abogado de las comunidades indígenas en el Chaco y he asesorado a organizaciones de derechos humanos. Y uno siempre se encuentra con esa interpelación permanente de cómo responder ante esto, de qué manera. El derecho tiene una respuesta importante para dar. Creo que las decisiones judiciales con perspectiva de interculturalidad hacen un camino muy importante. Creo que las políticas públicas del Ejecutivo, que la legislación de los parlamentos de las provincias y el Congreso van elaborando nos ayudan y se convierten en herramientas muy importantes para acompañar todo un proceso de reconstrucción colectiva.
― Tengo entendido que no sos muy optimista respecto de las implicancias que tiene y tendrá el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos judiciales. ¿A qué se debe?
―Construyo, creo y vivencio una justicia que tiene rostro, historias, identidades. Que tiene maneras de hablar, de expresarse. Que usa lenguajes que no siempre son los tradicionales. Creo en un costado judicial con rostro humano, que tiene diversidades, historias. No creo que el debate de IA se tenga que dar en términos de sustitución. Creo que la IA es una herramienta más, una muy potente. Ha demostrado una potencia importante. Me quedo pensando, de todas maneras, en aquello que es capaz de hacer la IA. Y pienso en aquello que solo la creatividad humana, sólo la concepción de la empatía y de la forma de acompañamiento que tienen las personas en ejercicio de políticas públicas. La presentación que se hace de la IA, cuando se habla de ella, en los procesos judiciales, muchas veces se lo orienta a cuestiones de productividad, eficacia, de prestación de servicio. Este es el eje de debate. Creo que en una justicia que debe organizarse para las garantías de un derecho y no principalmente en la organización de un servicio. El debate es de fondo. Y cuando se habla de IA se habla de una metodología, pero para mí no es así. Es una herramienta de trabajo. Estoy convencido de la potencialidad de las herramientas de trabajo aplicadas con compromiso, al servicio de una vocación para garantizar derecho, pero no creo en el debate sustitutivo. No veo que la IA pueda sustituir el trabajo de un magistrado. Puede colaborar en algunos aspectos de la gestión y organización, algo que me parece bien, como otras herramientas. Lo que me parece insustituible es la humanización de la justicia a través de la IA.
“La Inteligencia Artificial no puede sustituir el trabajo de un magistrado”
―Fuiste uno de los dos postulantes que más respaldo recibió durante la audiencia pública del anterior concurso para el STJ, que se hizo en 2021 y donde resultó electo Victor del Río. ¿Crees que es algo que el Consejo de la Magistratura debería tener más en cuenta a la hora de hacer la elección final?
―Yo no sé si no se tomó en cuenta eso. No sé qué responderte. Habría que consultárselo a los consejeros. Mi experiencia en la audiencia pública fue unas de las más hermosas por las que atravesé en toda mi vida. Fue emocionante. Recuerdo momentos muy puntuales, palabras, personas, rostros. Yo sentí un acompañamiento muy grande de un montón de personas que me ayudaron de distintas formas a ser el juez que soy hoy.
―Durante este último tiempo, al menos dos postulantes al STJ se mostraron a favor de incluir a líderes religiosos locales en el Consejo de la Magistratura, una posición bastante polémica. ¿Estás de acuerdo?
―Respecto a las propuestas que tienden a la intervención de los espacios religiosos dentro del Estado no las encuentro compatibles con el fortalecimiento democrático. Las representaciones religiosas son expresiones de la diversidad social. Nosotros somos parte y autoridades de un Estado laico. Por eso no entiendo la compatibilización de la elección de autoridades de un Estado laico con representantes religiosos. De hecho, las estructuras religiosas han coincidido fuertemente en la necesidad de separar los espacios religiosos de las esferas de la gobernanza estatal. Pensar en clave de representación social es un error porque si no existirían en el parlamento legisladores y legisladoras en clave de representación religiosa. Y las legisladoras y legisladores no se eligen por esas condiciones. Justamente ese es el desafío del respeto del plan de vida. No es algo que vea compatible con los fines constitucionales del Estado laico.
―¿A qué sector crees que se debería incluir en el Consejo de la Magistratura que actualmente no se encuentra representado?
―Pienso que los trabajadores de la Justicia deberían ser parte del Consejo a través de las organizaciones de representación.
―¿Cuál sería la primera medida que propondrías para mejorar el servicio de Justicia en caso de llegar a ocupar el cargo de ministro del STJ?
―La expresión “servicio de justicia” a mí me hace mucho ruido. Soy de esos abogados y activistas que creemos fuertemente que el Poder Judicial debe garantizar derechos. Garantizar el derecho al acceso a la Justicia es más grande, una tarea mayor y más compleja, que garantizar un servicio en términos de efectividad y eficacia. Dicho esto, mi plan de gobierno contiene una serie de medidas afirmativas que para mí son urgentes de implementación.
―¿Cuáles son?
―En una actualmente se está avanzando: la incorporación de trabajadores y trabajadoras indígenas en el Poder Judicial. Me parece que es central profundizar esa tarea. En mi plan de gobierno lo tengo como un cupo laboral para las personas de las naciones indígenas, porque para promover la democratización del Poder Judicial es necesario reconocer la diversidad. Y en ese orden, está la inclusión del cupo laboral para personas trans. Me parece que son dos desafíos muy importantes. Y, por otro lado, respecto al Poder Judicial propiamente, yo soy un juez de Niñez y quisiera poder abocarme especialmente al trabajo de fortalecimiento del sistema de administración de justicia de Niñez y Adolescencia en el Chaco. Me parece que uno de los aportes que podemos hacer es enriquecer ese debate.
