El 4 y 5 de septiembre se llevaron a cabo dos nuevas audiencias del juicio oral y público por presunta asociación ilícita y lavado de activos que tiene como principales acusados a la exintendenta de Resistencia, Aída Ayala y al secretario general del Sindicato Municipal, Jacinto Sampayo. Los testigos contaron cómo era la situación de la firma Pimp SA, contratada para la recolección de residuos en 2014.
Domingo, 10 de septiembre de 2023
Por Brian Pellegrini
Durante el transcurso de esta semana dos nuevas audiencias tuvieron lugar en el juicio oral por asociación ilícita y lavado de activos de la causa conocida como Lavado II o Pimp SA y que tiene como principales imputados a la exintendenta de Resistencia, Aída Ayala, y al secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Jacinto Sampayo. Fue en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia, que integran los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Bosch, Marta Berros y Manuel Moreira. El juicio continuará el próximo 19 de septiembre, a partir de las 9.
En la audiencia del lunes 4 declaró una empleada municipal que estuvo al frente de la Dirección de Compras del Municipio, así como también el contador de la empresa Pimp SA, Matías Rafart, uno de los comerciantes que vendía camiones a Pimp SA y el exdefensor del Pueblo del Chaco Gustavo Corregido.
La exdirectora de Compras Municipal, Ana María Quiroz, explicó cuál era el régimen de incompatibilidades para ser proveedores del Municipio de Resistencia. En ese contexto, el fiscal Federico Carniel le consultó si las empresas proveedoras debían informar sobre cambios de sus accionistas, a lo que respondió que “tiene que informar y presentar el acta nueva”, incluyendo a las sociedades anónimas. Precisó que se confronta si el presidente o los secretarios de las empresas proveedoras mantienen algún tipo de parentesco con funcionarios municipales. “Hay veces que nosotros no podemos saber”, señaló, y advirtió que esa responsabilidad corre por cuenta de la empresa. “Ellos tienen que informarnos, yo voy a creer en lo que nos presentan”, aseguró.
Posteriormente, le tocó el turno al contador Matías Rafart, quién se desempeñó en el área administrativa de Pimp SA desde su constitución. Comentó que a principios de 2014 trabajaba para la empresa Relevamientos Catastrales y que fue uno de los socios de la misma, Alfonso Campitelli, quién le ofreció trabajar en Pimp SA, que inicia sus actividades recién en agosto de ese año con la prestación del servicio de recolección de basura para la Municipalidad de Resistencia. Contó que en sus inicios las oficinas de Pimp SA se encontraban en la sede de empresa Tecmasa (del imputado Carlos Huidobro) que, según señaló, era socia de Pimp, al igual que Campitelli y la empresa Recifis.
Rafart señaló que “Pimp tenías sus camiones propios y cada socio aportaba camiones a la empresa, que se les retribuía un alquiler”. En ese sentido, sostuvo que no vio que existiera un contrato de alquiler entre Pimp y quienes aportaban los camiones.
Con respecto a los choferes de Pimp, el contador reveló que “se le pagaba a una cooperativa que nos prestaba los empleados, las Palmeras creo que se llamaba”, y que los pagos se le realizaban al “contador (César) Zibecchi”.
El fiscal Carniel interrogó al testigo si conocía a Rolando “Roli” Acuña, y Rafart respondió que “era presidente de la empresa (Pimp) pero en realidad era un compañero más de trabajo”. En ese sentido, explicó que Acuña se encargaba de las gestiones administrativas de Pimp, de las cobranzas y que también firmaba los cheques por pagos de Pimp.
Fue llamativo también que el contador revelase que los pagos de Pimp a la empresa Recifis los cobraba el propio Acuña, presidente de Pimp. “No sé por qué era él el que cobraba, capaz por relación de amistad con Alejandro (Fischer)”, señaló. Además, comentó que Fischer “no concurría mucho” a la empresa y ante la pregunta de si cobraba por Recifis contestó: “creo que sí”.
Luego, la abogada defensora de Aída Ayala, Olga Mongelós, consultó al testigo si la exintendenta concurrió alguna vez a las oficinas de Pimp a requerir dinero, si se le mandó dinero o si alguna persona en su nombre reclamara “un retorno”. “No, nunca la ví”, afirmó Rafart.
Preguntado por el abogado Juan Carlos Saife, defensor de la contadora Patricia Vázquez, sobre una declaración realizada durante la etapa de instrucción en la que el testigo también manifestó contar con un poder para realizar gestiones a nombre de la empresa Tecmasa, manifestó que “puede ser que Carlos (Huidobro) me haya dado”.
Corregido: “El problema de la basura era permanente”
A su turno, el exdefensor del Pueblo del Chaco, Gustavo Corregido, advirtió que en ese organismo recibía quejas recurrentes por los basurales que se conformaban en distintos puntos de la ciudad de Resistencia y que desde el Municipio se los retiraba pero que “el problema de fondo de la basura, de la disposición de ese residuo, no se solucionaba”.
“La lógica nos decía que tenían que hacer algo distinto y estábamos convencidos que con el cumplimiento de la ley y haciendo otra cosa distinta, más inteligente, la gente iba a dejar de padecer”, reflexionó. En ese sentido, recordó que hubo una presentación de la Municipalidad “donde prácticamente dicen: ‘Ayúdennos’”, porque el Municipio no tenía diálogo institucional con el gobierno provincial.
“Yo tenía mucha comunicación con la Municipalidad, estábamos en permanente contacto”, aseguró Corregido.
El exdefensor del Pueblo del Chaco recordó haber impulsado una medida cautelar para frenar la licitación para la recolección de residuos. “Se estaba por destinar una gran suma de dinero en un tema que tenía que ver con la basura, que estábamos hablando con todo el equipo de la señora intendente, y que no fue mencionado en las reuniones”, sostuvo Corregido, y reveló que del llamado a licitación se enteró “por los diarios” de la que beneficiada fue la empresa Pimp SA.
“¿Cómo vas a llamar a licitación, con una inversión muy importante, sin tener un plan?”, advirtió el exombudsman provincial.
“Nos sorprendió a todos porque nadie sabía que se estaba llevando adelante eso”, insistió Corregido, sobre el llamado a licitación que terminó con la contratación de Pimp SA.
Arzamendia: “Enseguida del contrato con el Municipio se transfirieron las acciones”
La jornada del 5 de septiembre tuvo inicio con la declaración testimonial de la contadora Iris Gloria Arzamendia, quién fue interventora judicial de la empresa Pimp SA a partir de abril de 2018, designada por la jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger. Reveló que al asumir se encontró con una protesta de los empleados por los atrasos del Municipio de Resistencia en el pago del alquiler de los camiones. Eran 24 los camiones que prestaban servicios de recolección de residuos diarios, durante tres turnos. En ese contexto, contó que formuló una demanda contencioso administrativa contra el Municipio por una deuda que, al asumir como interventora, rondaba los 45 millones de pesos.
Asimismo, sostuvo que al asumir como interventora varios de los choferes de los camiones se encontraban en una “situación irregular” y que también encontró que la empresa Pimp SA había emitido cheques a nombre de cooperativas a las que originalmente respondían los choferes.
Sobre la flota de camiones, la contadora señaló que entre 8 y 10 pertenecían a Pimp SA y que el resto estaban alquilados a diferentes contratistas que luego se corroboró que eran socios de Pimp SA, como Eulalio Bouza, Alejandro Fischer (Recifis SRL), Carlos Huidobro (Tecmasa SA) y Pedro Alberto Martínez.
“Estaban no correctamente contratados, porque los contratos de alquiler de esos vehículos no estaban sellados o con las formalidades precisas para que sea válido un contrato de alquiler. No tenían fecha cierta, no tenían montos de determinación de canon mensual, algunos decían en el texto quienes eran los contratantes pero no tenían firmas”, precisó la contadora Arzamandia, en una testimonial que se extendió por una hora y media.
Uno de los puntos centrales de su declaración fue cuando confirmó que las accionistas originales de Pimp SA eran “la madre de Alejandro Fischer y la señora Rigassio (esposa de Fischer)”, quiénes luego transfirieron su paquete accionario a Huidobro, Martínez y Fischer. “Enseguida del contrato con el Municipio se transfirieron las acciones de las dos fundadoras”, afirmó.
Consultada por la abogada Mongelós sobre la viabilidad de Pimp SA al asumir la intervención, la contadora Arzamendia señaló que “incontables veces expresé ante el Juzgado Nº 1 y luego cuando pasó la causa acá, al Tribunal Oral Federal, que era prácticamente inviable porque financieramente era imposible mantenerla en marcha. De mi parte se trató de mantenerla por la fuente de trabajo, porque eran 46 familias que dependían de los ingresos que proporcionaba esa empresa”.
Exinterventora de Tecmasa: Era “única y exclusivamente proveedor de la Municipalidad de Resistencia”
Luego fue el turno de la contadora Norma Arzamendia, quién actuó como interventora judicial de la empresa Tecmasa SA por alrededor de 20 meses, desde julio o agosto de 2018. Al hacerse cargo de la intervención, informó que la empresa contaba con 54 obreros, pero que solo alrededor del 10 por ciento se encontraban registrados ante la AFIP y que se dio de baja al personal que no se encontraba regularizado. “Nos manejábamos con 10, 15 empleados a los que podía cubrirle el sueldo de bolsillo”, reveló.
Explicó que Tecmasa SA se dedicaba a la recolección de residuos no convencionales como escombros y residuos de poda, que tenía un contrato con el Municipio que se renovaba en forma mensual. “Por los exiguos ingresos que teníamos nunca pude cancelar obligaciones fiscales ni relativas al personal, los aportes y contribuciones patronales no lo podía hacer e informaba inmediatamente a la AFIP cuáles eran los ingresos y la imposibilidad material y financiera de cubrir ningún tipo de obligación fiscal ni patronal”, detalló.
La exinterventora reveló que Tecmasa era “única y exclusivamente proveedor de la Municipalidad de Resistencia”.
Señaló, además, que bajo su intervención decidió que Tecmasa fuera excluida de una licitación “que estaba próxima a adjudicar” debido a que por la situación financiera de la empresa “no estaba en condiciones de asumir compromisos que implicaban el acopio de materiales para un inicio de obra”.
Con respecto a la relación de Tecmasa con Pimp, contó que “se alquilaban (a Pimp) cuatro camiones a 40 o 50 mil pesos por mes cada uno que hacía un canon de 200 mil pesos que se lo pagaban a Tecmasa con cierto atraso. Le pedía a la interventora de Pimp encarecidamente que me pague los alquileres vencidos a efectos de cubrir los sueldos o los haberes del personal que estaba en Tecmasa”. También reveló que “estaban alquilados con alguna frecuencia camiones que eran del señor Fischer, Tecmasa le debía al señor Fischer”.
“Estaba, considero, acordado entre socios de las empresas Pimp, Tecmasa, porque eran en realidad una comunidad de personas que negociaban o contrataban pero sin formalidades de sellos, de fechas, en algunos casos solo parecían borrador porque no estaban firmados o identificadas las personas que co contrataban, pero recuerdo haber cobrado cánones de 200 mil pesos a Pimp y a Fischer, creo que a la empresa Intacto Clean, que antes tenía otro nombre, se le abonaron servicios de alquiler de camiones o máquinas”, precisó la exinterventora de Tecmasa SA.
