En lo que va del año, seis chaqueñas fueron asesinadas por sus ex o actuales parejas; cuatro de ellas, en los últimos 40 días. Este oscuro panorama es sólo una continuidad de los datos registrados el año pasado, donde la provincia quedó en segundo lugar en la tasa de femicidios a nivel nacional. En esta entrevista, Nahir Barud, coordinadora de la Dirección de Litigios Estratégicos de la Secretaría de Derechos Humanos, señaló que en la mayoría de los casos, no hay denuncias previas debido a que el agresor se ocupa de aislar a su víctima. Apuntó a la necesidad de trabajar con los violentos para su resocialización y de abordar la violencia machista de manera global.
Jueves, 8 de junio de 2023
Por Bruno Martínez
A Camila Mendoza la mató su novio. La encontraron en el interior de una casa quinta en la ciudad bonaerense de Lisandro Olmos, partido de La Plata. Tenía 26 años y era chaqueña. Dominga Soto tenía 48 años cuando fue asesinada en Quitilipi por su pareja, Oscar Gómez, quien luego se suicidó. El Día Internacional de la Mujer, Soledad Altamirano y su pareja fueron apuñalados hasta la muerte en Quitilipi por el exmarido de ella. A Alejandra Calvo la ejecutó a balazos su expareja mientras se alistaba para ir a trabajar al laboratorio del Hospital Perrando. Elsa Vilaqui tenía 49 años cuando fue asesinada de un disparo en la cabeza por su novio, en Resistencia. A Yasmín Margarita Silvestre la mataron en su casa del barrio Don Santiago, también en la capital chaqueña. Tenía 35 años y había llegado desde Pampa del Indio. Por el hecho, su pareja, Marcelo Godoy, quedó detenido.
Son seis femicidios que tienen como víctima a mujeres chaqueñas en lo que va del año. Los últimos cuatro en sólo 40 días. Todos perpetrados por ex o actuales parejas. Este oscuro panorama no hace más que perpetuar una tendencia ya existente.
Según datos proporcionados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2022 se registraron 252 femicidios en todo el país, uno más que en 2021. Esto significa un promedio de un crimen de género cada 35 horas. Chaco ocupó el segundo lugar en la tasa de femicidios directos por cada 100.000 mujeres, con 1.93, sólo superada por Tierra del Fuego.
¿Cuáles son las causales para que se mantenga este nivel de violencia machista? ¿Con qué herramientas cuenta el Estado para prevenir que un violento vuelva a atacar a una mujer que lo denuncia? ¿Qué se debe hacer con los violentos?
Quien responde a estas preguntas es Nahir Barud. Oriunda de Posadas, Nahir es abogada, tiene 28 años y desde 2021 es coordinadora de la Dirección de Litigios Estratégicos de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco. Durante su breve gestión, ha llevado a adelante junto a su equipo un total de 13 juicios por casos de violencia machista, donde la Secretaría actuó como querellante.
―¿En qué considerás que está fallando el Estado para evitar que sigan perpetrándose femicidios en el Chaco?
―Ahí partimos de errores conceptuales. Decir que las políticas públicas fallan y por eso hay femicidios no es correcto. Desde que estoy en la Dirección de Litigios, lo que hacemos con las otras tres abogadas que me acompañan es hacer un conteo estadístico de los femicidios, como un mapa del delito. En ese sentido, vemos que en la mayoría de los casos -para no decir en todos- los femicidios ocurren en lugares donde ya hay una situación previa de mucha violencia que nunca fue explicitada ni siquiera con los familiares.
―¿Hay un aislamiento de la víctima?
―Una característica de las violencias de género es que el agresor aísla a la víctima. Entonces, ¿cómo va a llegar el Estado a un lugar donde se tiene totalmente aislada a una víctima que se niega a asumirse en ese rol de víctima? Es muy difícil asumirse en ese rol. Animarse a denunciar es casi un acto heroico. Y enfrentar todo un proceso de victimización porque lastimosamente el proceso es revictimizante porque la Justicia está pensada de una manera que no es la de la perspectiva de género, y es por eso que también se habla de reforma judicial feminista. Por otro lado, también tenemos un montón de denuncias donde la víctima va, dice lo que le pasó, y a la semana se retracta y se niega a continuar con la investigación. Y ahí a la fiscalía no le queda otra que archivar la causa. El Estado no llega donde las personas no les permite llegar. A veces no llega por las deficiencias propia que puede tener un Estado, y en otros casos porque la víctima no se percibe como víctima y el Estado llega cuando es tarde, que es lo que termina sucediendo en casi todas las causas que tenemos de femicidios. Incluso ni siquiera la familia ni los allegados percibían la situación de violencia.
―Justamente, lo que se plantea en algunos casos es el miedo a denunciar porque la mujer en situación de violencia siente que luego de hacer la denuncia, va a quedar totalmente sola a merced de su agresor.
―Es ahí donde a raíz de toda esta problemática, en marzo de 2020, se creó la plataforma víctimo-asistencial que tiene esta finalidad. Actualmente hay casi 7500 denuncias cargadas en la plataforma. Si se suman la de los otros sistemas de recolección de denuncias, asciende a más de 24 mil. Todas estas denuncias que ingresan a la plataforma se envían a las oficinas judiciales pertinentes. Es decir que, si una operadora detecta que hay una situación de riesgo, se envía al juzgado de familia, al de faltas o a la fiscalía de género. Y se hacen las recomendaciones, como es el botón antipánico o la aprehensión. Y todo eso se debe articular y comunicar a la fiscalía de turno para tratar de asegurar que sea siempre lo antes posible.
―En Córdoba se da una experiencia interesante con el Centro Integral de Atención a Varones en Situación de Violencia donde se trata a varones que son derivados por el Poder Judicial o, en algunos casos, van por su propia cuenta por considerar que tuvieron actitudes violentas. Y esa experiencia es la que responde en parte a la pregunta respecto de qué hacer con los violentos.
―Hay algo similar en el Chaco que depende del Ministerio de Salud. Desde el juzgado de Familia y fiscalías se hacen derivaciones para esos programas que funcionan con psicólogos especializados donde hubo una etapa de formación previa para esos psicólogos para que puedan atender a los victimarios. Obviamente no es un psicólogo cualquiera, sino que tiene que tener una formación específica en abordaje de violencia y masculinidades. Ahí podemos decir que el Estado está abordando eso. Es una política bastante reciente y hay que desarrollarla y visibilizarla mucho más para que llegue a toda la provincia.
―En relación a lo de Córdoba, en un primer momento hubo un cuestionamiento fuerte contra ese programa por el hecho de poner fondos públicos a disposición del tratamiento de violentos, dinero que podría destinarse a otras problemáticas. ¿Qué pensás de eso?
―La pregunta entonces es qué hacés con el violento. La respuesta siempre es la resocialización del agresor. Hay distintos tipos de violencia de género y no todos los agresores son femicidas. Hay agresores que pueden tener distintos niveles de arrepentimiento por delitos mucho menores, y hay agresores que tienen perfiles patológicos perversos. Hay que poder abordar esto a través de las políticas porque sino no hay solución o sistema que aguante, porque tampoco se lo puede tener preso de por vida porque es ilegal, y esta persona va a salir a la calle y tiene que dejar de agredir. Es importante destacar que se piensa a un agresor como una figura monstruosa y violenta que anda rompiendo cosas por la calle. Y el agresor puede ser tu amigo, podés ser vos o puede ser cualquiera.
―¿Qué pensás que se puede hacer o ajustar desde el Estado para evitar que continúe la escalada de violencia de género en la provincia?
―Creo que lo que se ha hecho en esta gestión no se ha hecho nunca, como crear una Secretaría de Derechos Humanos y Género, poner equipos interdisciplinarios a disposición. Falta mucho, no lo voy a negar. Hay una Dirección de Litigios, donde se puede representar a la víctima, donde la misma Secretaría se puede constituir como querellante aportando una mirada de género. También hoy tuvimos el primer encuentro de la mesa de cooperación entre el Poder Ejecutivo y Judicial. Todas esas políticas van a contribuir a las bajas de las violencias. Pero ahí hay otro problema, que siempre se mira la violencia de género como algo aislado, pero también tenés que dentro de la Argentina, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el país tiene un nivel de desarrollo bajo. Y las provincias de nuestra región tienen niveles aún más bajos. Entonces, mientras haya pobreza y necesidades básicas insatisfechas, las violencias van a seguir aumentando. Es un gran trabajo que puede llevar años, incluso ONU Mujeres dice que la violencia de género se puede llegar a erradicar recién en 280 años. O sea que nos falta un largo trecho, no sólo en el Chaco sino a nivel mundial. Lo importante es poder continuar con estas políticas, que no son repartir globos violetas sino hacer cosas serias y planificadas.
