El objetivo del encuentro propuesto por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) fue consensuar una mejor comunicación entre ambos actores de la democracia. Con un planteo claro: una justicia hermética debe abrirse al diálogo y ser más accesible. Pensar que un juez habla solamente a través de su sentencia, es subestimar a ciudadanos ávidos de información.
Jueves, 25 de mayo de 2023
Por Evelyn Arach
“Ustedes hablan de la puerta giratoria. Ponen toda la responsabilidad en nosotros, los jueces. Quiero decirles que hace diez años había poco más de dos mil presos en la provincia de Santa Fe. Hoy hay diez mil y la violencia está descontrolada. Por lo tanto esos prejuicios no colaboran en nada”, dijo con firmeza Gustavo Pérez Urrechu. La palabra de un juez provincial de primera instancia se dio en un debate histórico e intenso entre periodistas, jueces y fiscales en el Colegio de Magistrados de Rosario.
El objetivo del encuentro propuesto por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) fue consensuar una mejor comunicación entre ambos actores de la democracia. Con un planteo claro: una justicia hermética debe abrirse al diálogo y ser más accesible. Pensar que un juez habla solamente a través de su sentencia, es subestimar a ciudadanos ávidos de información.
Emilia Delfino, premio Konex, docente de la Universidad Católica, corresponsal de CNN y periodista de investigación en elDiarioAr puso sobre la mesa la necesidad de que los magistrados no solo filtren información a comunicadores especializados en temas judiciales, sino que sean capaces de dialogar con cronistas de calle, con quienes esporádicamente llegan en busca de datos concretos ante una causa resonante. Que no teman.
“Ustedes son seres humanos que juzgan con responsabilidad, y van a encontrarse con otros seres humanos que quieren ejercer el oficio de informar con responsabilidad. Tiene que haber reglas consensuadas. Qué se va a decir en on, es decir qué es publicable y qué no porque entorpecería la investigación. Si eso está claro va a ser mejor para todos. Lo que no se puede es permanecer en silencio”, expresó en términos didácticos Emilia Delfino. Y la misma teoría abonó el periodista de Clarín, Infobae, Radio Con Vos y América Gustavo Grabia.
Si un juez o un fiscal no hablan con quienes son formadores de la opinión pública en los medios masivos, otra persona lo va a hacer. Probablemente algunas de las partes interesadas (querellantes o abogados defensores) y lo que se publique en medios gráficos o audiovisuales estará distorsionado por esos intereses. El caso de Fernando Báez Sosa fue un claro ejemplo de eso. Quien toma la posta de la comunicación ejerce mayor influencia en la opinión pública. Y una democracia requiere de todas las voces. Es necesario que el poder judicial asuma esa responsabilidad.
Expuesto esto, el camarista Gustavo Salvador pidió reflexionar también sobre el papel de los comunicadores. “En Rosario un periodista preguntó en una radio que escuchan miles de jóvenes: ¿Y qué tal si matan a un juez? ¿Qué pasaría si les toca a ellos? Ese periodista sigue al aire, en una ciudad donde las muertes suceden casi a diario”, expuso con preocupación.
La presidenta de Fopea, Paula Moreno. se solidarizó: “Los periodistas no avalamos a nadie que proponga la violencia. De ninguna manera esto es así. Como ustedes no avalan a quienes ejercen o promueven la violencia contra los comunicadores”.
Otro de los expositores fue el investigador y periodista del diario La Nación Germán de los Santos, cuya mirada se centró en qué corresponde o no contar en una ciudad asediada por hechos de violencia como Rosario. Propuso que los mensajes mafiosos dejados por narcotraficantes junto a cadáveres, en tiroteos o en escuelas, no sean reproducidos por los medios.
La jefa de la Unidad Fiscal de Balaceras, Valeria Haurigot, acordó con esa mirada, pero apuntó un detalle no menor: aunque en los últimos ataques los medios decidieron no darle trascendencia a esos escritos, la violencia no disminuyó. Por factores multicausales como la existencia de redes sociales que sí propagan el mensaje, y el acceso de los presos de alto perfil a teléfonos celulares.
Vale aclarar que en términos institucionales se transitan diferentes caminos. Mientras el Ministerio Público de la Acusación que integran los fiscales provinciales tiene una oficina de prensa y un vocero, el Colegio de Magistrados avanza a paso lento en ese sentido. Y la Justicia Federal sigue siendo un lugar inexpugnable, donde la prensa es mera espectadora.
De hecho, el único juez federal que asistió a ese intercambio histórico entre actores de la justicia y comunicadores fue el camarista Aníbal Pineda. Su mirada fue contundente: “Tal como han planteado antes, en esta ciudad estamos todos amenazados. Jueces y periodistas. Pero no en nuestra honorabilidad. Han baleado suficientes lugares como para saber que amenazan nuestra vida. Propongo que creemos una alianza con los periodistas, estrategias de comunicación que permitan enfrentarnos al poder narcocriminal que avanza en Rosario, una ciudad donde todo ha cambiado”, dijo.
Poder Judicial en emergencia
Fopea reconoce que el pedido de apertura llegó a jueces y fiscales que integran un poder flaco en recursos humanos. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) expuso con datos estadísticos que la justicia argentina está en emergencia.
El 26,8 por ciento de los cargos de jueces y juezas permanecen vacantes en el país. El 49,4 por ciento tiene más de un juzgado a cargo, lo cual implica lentitud en los procesos y muchas veces déficit en los resultados.
Por otra parte, debido a la paralización del Consejo de la Magistratura no se avanza en procesos disciplinarios. Actualmente existen 290 denuncias en trámite contra magistrados sobre las cuales nada se ha resuelto. Traducido en estadísticas: el 21,37 por ciento de los cargos en Argentina está ocupado por un juez o jueza denunciado. Y mientras esa denuncia no se desestime, sus decisiones están bajo sospecha. En todos los casos, la inestabilidad de ese funcionario judicial podría condicionar sus fallos.
Algo parecido ocurre con el Ministerio Público Fiscal de la Nación donde el 46,18 por ciento de los cargos están vacantes; hay 157 fiscales menos de los que debería. Y más del 60 por ciento de los concursos ni siquiera se iniciaron.
La provincia de Santa Fe no es ajena a esta realidad histórica que pretende sanear la recientemente aprobada ley de fortalecimiento judicial.
Pero aun en medio de estas carencias es necesario crear vínculos sólidos de diálogo con la población. Hay pocas o nulas conferencias de prensa convocadas por jueces. Y las resistencias son estructurales. Consultado al respecto, el juez Gustavo Salvador se sinceró. “Siempre fue un tabú el abordaje con los medios. Nunca hubo una apertura. La necesidad de desentrañar, averiguar e inmiscuirse de los medios de comunicación ha hecho que los operadores judiciales nos replanteemos la cuestión. Nos caracteriza el poco apego al lenguaje claro, nos cuesta aceptar palabras que puedan ser entendidas por todos”, contó.
Entre las amenazas y la necesidad de contar
La reticencia de los jueces y la insistencia de los periodistas son intereses que se contraponen a diario. Pero esta tendencia se profundiza en Rosario. “La resistencia más importante la constituye lo inédito. ¿Cómo comunicar? Con las intimidaciones, amenazas y balaceras a ex domicilios de magistrados, no nos es fácil transmitir lo que sucede. Lo difundimos en los medios pero se naturaliza. Es necesario un periodismo que indague, investigue y repregunte. Que no se rinda ante explicaciones sin fundamentos. Hoy no existe la protección a funcionarios judiciales y magistrados. Lo tienen a lo sumo uno o dos jueces. El resto está librado al azar. Nadie indaga en el tema. Y en ese contexto debemos decidir si nos recluimos o nos exponemos”, señaló Salvador. La disyuntiva no es nada fácil.
Por su parte, el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra cree que el diálogo con los medios de comunicación es una estrategia de supervivencia. “Necesitamos como fiscales construir una política de comunicación sobre cómo presentar los fenómenos criminales. No podemos darnos el lujo de no hablar. Los ministerios públicos gestionamos intereses sociales. No se puede resignar el espacio de comunicación”, dijo.
Schiappa Pietra, además, hizo foco en el uso del lenguaje: “El término narcotráfico está sirviendo para ocultar la narcocriminalidad del Estado. La política y las empresas son componentes centrales de la criminalidad organizada”, insistió. Componentes nombrados con poca frecuencia en los medios de comunicación.
El intercambio de opiniones sobre cómo cada uno ejerce su rol —la Justicia y los periodistas— fue un hecho tan trascendente como inédito a nivel nacional. Participaron más de diez jueces y fiscales, entre ellos el vicepresidente del colegio de Magistrados Iván Kvasina y la Fiscal Regional María Eugenia Iribarren.
Como resultado del debate y del intercambio de ideas, se acordó distinguir a los periodistas de los medios a los que pertenecen; crear lazos de confianza y respeto mutuos. La apertura apremia aunque el Poder Judicial esté en emergencia y bajo amenaza. Una realidad a la que el periodismo tampoco es ajeno.
Publicado en Suma Política
