Tras 20 años de estar al frente de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Sáenz Peña, Néstor Enrique Varela quiere dar el gran salto en su carrera judicial: ser el próximo ministro del Superior Tribunal de Justicia del Chaco. En el anterior concurso de 2021, le fue bastante bien: tuvo el segundo mejor puntaje y fue uno de los dos que recibió votos en la decisión final del Consejo de la Magistratura. Para el actual concurso, dice que “las posibilidades están dadas” para que se quede con el cargo. El apoyo del radicalismo, su pasado en el Servicio Penitenciario Federal y un fallo que restituyó 5.000 hectáreas a comunidades indígenas.
Martes, 9 de mayo de 2023
Por Bruno Martínez
Néstor Enrique Varela es el mejor posicionado entre los postulantes para ocupar el cargo vacante en el Superior Tribunal de Justicia del Chaco. Y esta no es una opinión: es un dato.
Tras rendir en 2021, en el concurso en el cual finalmente fue elegido Victor del Río, Varela tuvo el segundo mejor puntaje. Haciendo uso de esta posibilidad, decidió que, en el actual concurso, mantendrá su puntaje y pasará directamente a la audiencia pública, anteúltimo escalón antes de la decisión definitiva.
También fue el único, además de Del Río, en ser votado por el Consejo de la Magistratura, donde se define todo: de los siete consejeros, seis eligieron al ganador y uno, el diputado radical, Carim Peche, votó por él. Nada dice que ahora ese voto vaya a cambiar.
Otra cuestión clave en esta selección, que tiene mucho de análisis de la capacidad técnica y valoración de la trayectoria, pero también de intensa rosca política, es el apoyo con el que cuenta Varela de parte de un sector importante del radicalismo chaqueño.
Eso se puede ver con claridad en el listado de avales que presentó en la audiencia pública de su anterior postulación donde, en 93 páginas de respaldos logrados, aparecen las firmas de cuatro intendentes de las localidades de Sáenz Peña, Quitilipi, Concepción del Bermejo y Pampa del Infierno: todos ellos radicales.
“Un ciudadano ilustre de nuestra ciudad, quien ha dedicado toda su vida profesional al servicio de la comunidad; un letrado honrado y por ello conocido y respetado por todos los ciudadanos”, escribió el jefe comunal, Bruno Cipolini, en su elogiosa carta de apoyo.
En sintonía, también en aquella ocasión, el ala radical del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción fue el sector que más presionó para que la entidad apoye únicamente a Varela. Finalmente, se decidió respaldarlo, pero como el primero de una lista de cuatro, que incluía a Del Río; al juez de Niñez, Adolescencia y Familia de Castelli, Gonzalo García Veritá y al director de Fiduciaria del Norte, Fernando Zabalza.
Pero, ¿quién es Néstor Enrique Varela?
Nacido en Sáenz Peña hace 60 años, Varela es Juez de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de la segunda ciudad del Chaco desde el año 2003. Se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Nordeste en 1988. Fue asesor jurídico del Servicio Penitenciario Federal por casi 13 años (1991/2003) y de la municipalidad de Sáenz Peña. Antes de ser juez, llegó a ser presidente del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción, tiempo en el que también integró el Consejo de la Magistratura del Chaco en representación de los abogados del interior.
La entrevista que concede a LITIGIO se da en una tarde extremadamente húmeda de inicios de mayo, en una locación muy particular: la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Chaco, en el macrocentro de Resistencia. Está de camisa y chaleco. Se lo ve cómodo, sonríe.
―Es evidente que buena parte de la UCR quiere que usted sea el próximo juez del STJ. ¿Se siente el candidato del radicalismo?
―No, no me siento candidato del radicalismo. En primer lugar, porque no soy afiliado al partido radical ni a ningún partido. Hace 20 años que estoy en la Cámara de Apelaciones así que no tengo ninguna actividad política de ninguna naturaleza, con ningún partido político. Pero sí, de acuerdo a la votación para la anterior postulación del Superior Tribunal, debo reconocer que hubo una persona, que es Carim Peche, que me ha votado. Si voy por el lado de la votación, cualquiera podría deducir que es el partido radical que le pudo haber dado alguna instrucción a Peche. Aunque sabemos que en el Consejo de la Magistratura los votos no son siempre en representación de. Cada miembro titular del Consejo puede votar libremente a quien considere mejor candidato. Incluso entiendo que cuando votó Peche fundó su voto en una cuestión que a mí me pareció muy razonable porque es algo que yo venía defendiendo desde antes de la postulación y posterior designación del doctor Del Río que es lo siguiente: hay una ley que es la que reglamenta el concurso, la 2082-B. Esa ley, en el artículo uno, menciona que para la integración del Superior Tribunal ha de atenderse en la medida de las posibilidades que haya equiparación en cuestión de género y procedencia regional. Como en el Superior Tribunal estaba equiparada la cuestión de género, era indudable que podía ser hombre o mujer quien fuera elegido. Pero lo que no está equiparado es la procedencia regional. Rendimos por el interior el doctor García Veritá y Gladis Rebosky, por Castelli, y yo por la Segunda Circunscripción Judicial. Aprobamos todos. Por ende, siendo que la Segunda Circunscripción Judicial y la de Castelli jamás habían tenido representantes en el Superior Tribunal, lo lógico hubiera sido que se atienda a lo que dice el artículo uno de la ley y que se respete esa procedencia para hacerla más federal, por ponerle un término conocido.
―O sea que podría haber sido elegido cualquiera de los tres.
―Exacto. Y no alguien de Resistencia como resultó que fue el doctor Del Río. Cuando Peche votó, fundó su voto en esta cuestión y no por haber sido un mandato del partido radical. Por eso digo que después, cuando se vota, no es que el votado se convierte en el candidato del partido radical o del peronismo porque también quedaría muy feo decir que a Del Río lo eligieron los representantes del oficialismo y que por eso él entró por el Frente de Todos. Decir eso sería desconocer la legitimación de Del Río quien rindió un examen, lo aprobó, fue mejor que todos y entiendo que se merecía el cargo. La única salvedad es la que había anticipado, que es el fundamento de Peche.
«Hace 20 años que estoy en la Cámara de Apelaciones así que no tengo ninguna actividad política de ninguna naturaleza, con ningún partido político»
―Con el diputado Peche se conocen desde hace mucho tiempo, ¿no? Tengo entendido que usted incluso trabajó en la municipalidad de Sáenz Peña como asesor cuando él era intendente.
―Yo lo conozco a Peche desde la facultad, que fue donde tuvimos contacto fluido y directo. Él era muy militante del Centro de Estudiantes. Yo no participaba mucho, pero sí lo conocía porque era de Sáenz Peña y por haber ido juntos a la secundaria.
―En definitiva, usted está corriendo con ventaja en este momento porque, de no pasar alguna situación especial, ya tendría un voto y sólo le restarían tres más.
―Eso no siempre es así.
―Le pregunto de otro modo: ¿Se tiene fe?
―Fe tengo en Dios. Creo que en esta ocasión las posibilidades están dadas. En principio porque hoy por hoy estoy primero en la calificación; el mérito ya lo hice. Reúno todas las condiciones, con el agregado de que la ley me ampara para ser optimista en la designación porque estimo que sí o sí le tiene que tocar a alguien del interior. Si vamos a atenernos a un principio democrático, deberían hacer lo que dice la ley.
―En el anterior concurso, cuando los integrantes del Consejo de la Magistratura le preguntaron cuál iba a ser su medida inmediata en caso de ser elegido ministro del STJ, usted adelantó que su idea era “fortalecer el diálogo institucional”. Parece una expresión un tanto ambigua. ¿Qué quiso decir?
―En el juego de la democracia hay departamentos del Estado: el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial. Hay facultades que son conjuntas y distintas. Para el ejercicio de eso hay frenos y contrapesos. Cuando se llega al límite en que se rozan esas facultades que son propias de cada poder y aquellas que son conjuntas pueden haber contradichos que pueden llevar a problemas institucionales entre los distintos poderes del Estado. Esto ya se lo vio en varias oportunidades. Yo presenté como ejemplo para fortalecer el diálogo institucional lo que dijo la Corte Suprema, sobre todo a través del voto del juez (Horacio) Rosatti, en el caso Cristina de Kirchner contra Estado Nacional, en la que pedía durante la vigencia de la cuarentena por la pandemia pedía que se le dé facultades para hacer las reuniones de manera virtual, algo que no estaba previsto en el reglamento del Poder Legislativo. Entonces ahí la Corte, por una cuestión de técnica, decidió que no había una controversia. En cambio, el doctor Rosatti dijo en su voto que el diálogo institucional es un componente de las facultades de todos los órganos del Estado. Y que hay un principio de colaboración. Entonces él decidió que antes de decirle a la vicepresidenta que la Corte no le podía dar respuesta a eso, él decidió decirle que, si bien en principio no había controversia, pero por un principio de colaboración y para favorecer el diálogo institucional, él le decía que ellos tenían un reglamento porque si bien no era adecuada para la época, porque se hizo en un momento donde no se podía hacer sesiones virtuales, ese reglamento no lo prohibía. Entonces no estando prohibido, está permitido. Ese es el principio que sostengo y que es la base del diálogo institucional que propongo.
―En aquella oportunidad usted tuvo consideraciones muy positivas sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la Justicia. Aseguró que “ayuda y mucho”, más que nada en tareas repetitivas. ¿Qué le diría a aquellos trabajadores judiciales y abogados litigantes que no están totalmente convencidos de las bondades de la IA?
―Los temores son medianamente fundados porque depende de qué IA se utilice y cómo se interprete la IA. Porque las inteligencias artificiales que estamos usando en el Chaco en este momento no son de índoles predictivas, sino que son de índole automatizadora. El predictivo sería el Chat GPT. Es predictivo porque uno pone las inquietudes, preguntas o la idea central de lo que quiere y el chat le da una respuesta. La IA que utilizamos nosotros no es esa: la nuestra es de automatización. Nosotros trabajamos con “Prometea”, una base de datos que utilizó primero la Procuración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también la está utilizando en Corrientes un sector del Poder Judicial en lo administrativo. Lo estamos usando en Sáenz Peña, en el Juzgado de Procesos Ejecutivos, Concursos y Quiebras desde fines de 2019.
―¿Es el único juzgado del Chaco que usa esta tecnología?
―Es el único lugar donde se está utilizando. Hubo un proyecto que no se terminó de implementar para hacerlo en un juzgado de Resistencia (en referencia al juzgado Civil y Comercial 13).
―¿Qué hace Prometea?
―Recopila datos que tienen que ser cargados por un operador en donde se determina por tareas repetitivas que deben hacerse en el Poder Judicial. Cuando hay tareas repetitivas se identifican cuáles son esas tareas que se realizan habitualmente y se elaboran como si fueran formularios, pero no como formularios básicos sino formularios llenos. Por ejemplo, yo dicté una resolución que dice tal cosa. Entonces, todas las resoluciones que digo lo mismo, la pongo acá. Cuando dicto otro tipo de resolución distinto, la cargo acá. Y así. Cuando tengo muchas resoluciones cargadas, yo no le pregunto al sistema qué es lo que tengo que resolver, que es lo que hace la IA predictiva, sino lo que le digo es lo que yo quiero conforme a lo que tengo que resolver. Por ejemplo, una excepción de inhabilidad de título contra un juicio ejecutivo. Le pido que me dé cuáles son las resoluciones en las que yo ya hice eso. El sistema te tira las mejores resoluciones. Uno las ve y arma la que le convoca para la tarea en particular.
―Es una base de datos con mejor accesibilidad.
―Sí. Y ahí entrarían los temores que vos decís porque puede haber un montón de cosas: puede haber sesgos, imposibilidades, cargas defectuosas.
―Pero para eso debería haber profesionales revisando.
―Claro. Hay profesionales especializadísimos en eso.
―Pero a su vez, si uno tiene la facilidad de buscar ese documento que está necesitando, no dependen de un secretario o de alguien que lo asista. Es decir, que hay menos personal para esa tarea.
―Lo que hace es reducir los tiempos porque al estar cargado e identificado me facilita la búsqueda. Porque yo cuando tengo esto le pido a Prometea en qué casos hice esto y te lo tira inmediatamente. En dos segundos. Tarea que, si no tuviera a Prometea, debería sentarme con mi secretario, tendría que estar buscando en qué caso resolví un tema en particular o entrar a un programa que me permita el archivo de jurisprudencia para después leerla para después sacar lo que me sirve.
―Interpreto que usted propone que esto se ponga en práctica en toda la provincia.
―Lo que hay que hacer es valorar la experiencia que se está realizando, que es muy positiva. Lo que hay que ver es otra cuestión que tiene que ver con presupuesto y una inspección que tienda a determinar específicamente el avance y conveniencia del uso de Prometea. Porque si bien esto se está usando, es experimental. Cuando esto tenga un dictamen de la utilidad, debería implementarse en todas las circunscripciones, en al menos ese tipo de juzgados (de Concursos y Quiebras). En todo lo que sea decisiones de índole repetitiva, esto debería utilizarse.
«En todo lo que sea decisiones de índole repetitiva, debería utilizarse la Inteligencia Artificial»
―Junto al juez Héctor Segui firmó en 2013 un fallo muy recordado a través del cual revocó una sentencia de primera instancia y ordenó a la empresa de agronegocios Bajo Hondo SA devolver 5000 hectáreas de tierra a comunidades indígenas del departamento Brown y Maipú. ¿Cómo se gestó ese fallo?
―El tema era que eran tierras comunitarias del pueblo Moqoit. Ellos estaban inscriptos en el Instituto del Aborigen Chaqueño y organismos internacionales. Lo que habían hecho era designar las autoridades que representaban a esa etnia y esas autoridades, una vez terminados su mandato, un día decidieron vender la tierra. Los títulos comunitarios de tierras indígenas son inenajenables, no se pueden transferir. Pero decidieron venderlo. Obviamente la gente que compró decidió comprar porque pidieron el informe en el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) solicitando que le diga si esas tierras podían ser vendidas o no y el RPI les contestó que no tenía ninguna restricción para hacerlo. ¿Por qué? Porque en el RPI, en el asiento correspondiente, hay una planchuela donde tienen para anotar las restricciones al dominio, y ahí no había anotación alguna. Entonces le pidieron al juez (Civil y Comercial 2 de Sáenz Peña, Juan Zaloff Dakoff) y el juez lo que hizo fue valorar si podía hacerlo. Pidieron un juicio de escrituración. Cuando se les mandó a los aborígenes esto, no se contestó y quedaron en rebeldía. Y entonces se prosiguió el trámite. Entonces tenían un boleto de compraventa y un informe del RPI que decía que no había inconveniente para transferir, por eso ordenó la escrituración en favor de esta gente. Ese era el fallo de primera instancia. Pero no vino a la Cámara como apelación, y ahí está la novedad: ese fallo había quedado firme. Lo que se hizo fue un amparo por nulidad de la resolución del juez de primera instancia y ahí nosotros nos pusimos a analizar y dijimos: “No, acá hay cuestiones de orden público que no pueden quedar firme nunca porque no pueden ocurrir según la Constitución y la Ley”. Entonces nulificamos eso pero a la vez explicamos todas las razones que llevaban a esto. Una parte novedosa es que le dimos intervención a Amicus Curiae (amigos del tribunal, donde intervinieron nombres de la talla del nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora). Ellos se habían expresado a favor que se devuelva la tierra comunitaria y le dimos intervención también al Defensor del Pueblo del Chaco, que en ese momento era (Gustavo) Corregido. Fue con participación de todos. Recuerdo que el abogado de la comunidad fue García Veritá.
―Ante esto, ¿cómo ve la aplicación de la legislación sobre el derecho a las tierras comunitarias de propiedad indígena en la Justicia chaqueña? ¿Los jueces la cumplen?
―Todos están informados. Hay capacitaciones específicas dentro del Poder Judicial. Todos están capacitados.
―Nadie puede hacerse el desentendido.
―Nadie puede hacerse el desentendido. En algunos casos entiendo que cuando sucede, no es porque no sepan sino porque no se dan cuenta. Hay veces que a mí me dicen: “Está pasando esto y esto está atado a esto otro”. Y yo no me doy cuenta, como le pasó a Zaloff Dakoff, que él, en lugar de leer lo que decía la Ley y la Constitución, leyó lo que decía el Registro de la Propiedad Inmueble. Este tipo de cosas son las que llevan a cometer esos graves errores que a veces se cometen.
«En la cuestión del derecho a la propiedad comunitaria indígena, nadie puede hacerse el desentendido»
―Entre sus trabajos anteriores está el haber sido asesor jurídico del Servicio Penitenciario Federal durante casi 13 años, cumpliendo funciones en la Unidad Penal 11 de Sáenz Peña. ¿Qué tareas realizó ahí?
―La tarea del asesor es genérica. Primero está para asesorar al director, que es quien pide opinión. Esa función excede al mero pedido del director porque hay todo un cuadro jerárquico dentro del Servicio Penitenciario, entonces se pueden presentar problemas en distintos lugares. Dentro del Servicio Penitenciario hay cordones de seguridad y hay divisiones como el jefe de División Trabajo, Judicial. En fin: hay distintos lugares y tareas con distintos oficiales que tienen a su cargo esto. Cuando se producía algún problema en algún lugar uno tenía que determinar por perdido del director si correspondía hacer un sumario administrativo o una información sumaria. Y en su caso a quien había que hacerle el sumario. Eso por un lado. Pero después por otro lado para la sección judicial, yo tenía a cargo la confección de lo que se llama Pasado Criminológico y Delito Actual, que puede haber cambiado la denominación.
―¿Qué implica eso?
―Esas dos fojas implican una entrevista personal para determinar por qué llegó a delinquir, si es que se puede determinar jurídicamente con preguntas que son básicas para esa tarea, y después el delito actual con la condena se le pregunta qué es lo que se siente con eso. Si siente que la condena fue justa o injusta y saber por qué. En ese caso se elabora un acta que después se analiza en lo que es el Consejo Correccional.
―¿Cuál fue el episodio que más lo marcó en su paso por el Servicio Penitenciario?
―Un episodio que trascendió mucho a nivel provincial y nacional que fue un intento de fuga de un interno, de apellido Giffi, que se frustró. Eso fue conmocionante para el personal del Servicio Penitenciario porque a pesar de ser frustrado se comprobó la capacidad de armamento que tenían los que venían a buscar al que se fugaba.
―En la entrevista que mantuvo con el Consejo de la Magistratura en el concurso anterior, usted mencionó algo que me llamó la atención y que a la vez no me quedó del todo claro. Dijo que siendo presidente del Colegio de Abogados de Sáenz Peña participó de “la defensa de ataques que a través de medios de prensa se hacía contra algunos jueces”. ¿Cuáles fueron esos jueces a los que usted defendió y ante cuáles “ataques” lo hizo?
―El caso que más recuerdo era el ataque al juez (Oscar) Sudría, que en esa época era Juez de Instrucción 2, cuando aún existían los juzgados de instrucción. Y en ese momento había un programa en una radio sáenzpeñense que se llamaba La Balanza (y que se emitía por Radio Futuro), si mal no recuerdo, a donde períodicamente hablaban mal del juez.
―¿El conductor del programa hablaba mal del juez?
―Si, el doctor Humberto Aiquel, ya fallecido.
―¿Aiquel lo señalaba en actos de corrupción, lo agredía o qué decía?
―De todo un poco. En esa época yo era presidente del Colegio de Abogados de Sáenz Peña y por eso me vi en la necesidad para todos los abogados, funcionarios y magistrados que de alguna manera eso se termine porque ya sea que Aiquel o Juan Pérez diga que un juez está actuando mal, se deben promover las acciones pertinentes, ya sea a través del Consejo de la Magistratura o, si es un delito, denunciarlo penalmente. Pero no hacerlo a través de la prensa porque lo único que ocasiona es desprestigio para el juez.
―¿Cómo se resolvió eso?
―En esa oportunidad pedí con la Asociación de Magistrados y Funcionarios una reunión para exponerle mi punto de vista, que conforme a la sancionada ley de Ministerio Público, que correspondía que el Ministerio Público se aboque a esa investigación, aún de oficio. Y si entienden que hay razones para que haya un delito, que se lo impute de algún delito. Y si no hay ninguna cuestión de esa naturaleza, que se diga que no hay razones y que se exponga públicamente esto para que la prensa deje de hacer elucubraciones.
―¿O sea que usted no promovió una querella contra este periodista?
―No, para nada.
―¿Cómo terminó esa historia?
―Llegó un momento que se calmó todo. Con el correr de los años, como se cambió al juicio acusatorio, dejaron de existir los juzgados de instrucción. Ahí se pasó a los juzgados de ejecución, se desmembró eso y quedó solucionado el tema.
―¿Qué piensa de la relación de la prensa y la Justicia en el Chaco? ¿Cree que hay una necesidad de mayor comunicación de los actos del Poder Judicial chaqueño?
―La necesidad es creciente no por una voluntad del Superior Tribunal ni de la prensa: la sociedad lleva a esto. Yo participé cuando la doctora (y exministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena) Highton de Nolasco dio una conferencia magistral en el Superior Tribunal y precisamente una de mis preguntas fue esta que usted me hace. Durante su exposición, dijo que los jueces, aparte de su trabajo habitual, debían tener un contacto con los medios de prensa para informar a la sociedad lo que se estaba haciendo. Y precisamente en esa oportunidad yo le pregunté si había terminado la etapa en que los jueces solo hablaban por sus sentencias. Y ahí explicó que efectivamente que esa es una etapa superada.
―¿Coincide entonces con que ese viejo apotegma de que los “jueces sólo hablan a través de sus sentencias” ya no va más?
―Hace mucho tiempo terminó.
