En el marco de la ejecución de la histórica sentencia por la Masacre de Napalpí, durante el mes de mayo el Ministerio de Seguridad de la Nación llevará adelante una capacitación sobre derechos de los pueblos indígenas para alrededor de cinco mil cadetes de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Martes, 9 de mayo de 2023
El fiscal federal ad hoc de Derechos Humanos de Resistencia e integrante de la Unidad Ejecutora de la sentencia de la Masacre de Napalpí, Diego Vigay, anunció que durante el mes de mayo el Ministerio de Seguridad de la Nación llevará adelante un curso de capacitación en derechos de los pueblos indígenas para alrededor de cinco mil cadetes de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
“Será un módulo específico y tratando puntualmente el caso de la Masacre de Napalpí”, explicó el fiscal federal en declaraciones al programa Justicia en Sintonía, que se emite todos los jueves de 16 a 18 por LRA 26 Radio Nacional Resistencia. En ese sentido, destacó “el enorme y sólido compromiso de este equipo” que también diagramó un manual de derechos humanos de pueblos indígenas con estos contenidos.
“Esto es un dato muy fuerte de cómo la sentencia puede tener un impacto directo muy positivo” en prevenir la violencia institucional y el racismo.
En este mismo sentido, el funcionario del Ministerio Público Fiscal reveló que se viene trabajando con el Ministerio de Educación de Nación que tiene que articular con los ministerios de cada provincia para incorporar en todos los niveles estos contenidos. “El equipo de pedagogos y pedagogas también tienen mucho compromiso con incluir la interculturalidad”, resaltó Vigay.
Sobre el valor del fallo, el fiscal que comenzó con la investigación preliminar en el año 2014 consideró que “no sólo realiza una reconstrucción minuciosa de los hechos sino que es también un instrumento muy valioso que dicta una serie medidas de reparación para transformar la realidad con lo que hace a la discriminación, al racismo, a la exclusión de los pueblos indígenas en la actualidad y para cumplir la obligación de no repetición impuesta al Estado por los distintos tratados internacionales”.
“Se probó que la masacre no fue un hecho aislado”
“Era un desafío muy grande y había un plan B para realizar un hecho simbólico”, reconoció Vigay, al recordar el camino recorrido junto al historiador indígena Juan Chico. Pero aclaró que se encontraron en el camino muchos aliados institucionales que apoyaron la realización de este Juicio por la Verdad como una forma de reparación.
“Pusimos el oído en un proceso de reconstrucción de la memoria histórica que venía llevando la comunidad, sobre todo el pueblo qom y moqoit. Como principal referente estaba Juan Chico, pero que tenía un montón de personas a su alrededor, que se preguntaban por qué la Masacre de Napalpí no era juzgada como un delito de lesa humanidad como sí se hizo con Margarita Belén”, explicó Vigay.
“Eso nos llevó a replantearnos y a debatirlo internamente con todo el equipo de la fiscalía que tuvo la mejor predisposición para llevar adelante la investigación. No sabíamos el horizonte que teníamos, la prueba que podíamos recolectar”, admitió. Y agregó que “en cada paso que dábamos aparecía una cantidad de pruebas, tanto con la comunidad indígena y la científica de la universidad pública” y que finalmente “eso probó que no fue un hecho aislado”.
A esta conclusión se llega porque “se ha encontrado una enorme cantidad de material probatorio de contexto en los pliegues burocráticos del Estado”, afirmó el fiscal rescatando el trabajo de investigación realizado en el archivo nacional y provincial.
