“Colaboró de manera esencial en la consumación de los hechos”, señaló durante su alegato el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Federico Carniel. Así, consideró probada la participación del exsubsecretario de Transporte del Chaco, Roberto Medina, en el delito de trata de personas agravado. Por su parte, la defensa pidió la absolución por “insuficiencia probatoria”. El 30 de marzo, a las 10:30, se escucharán las últimas palabras del imputado, previo al dictado de la sentencia.
Martes, 21 de marzo de 2023
En el inicio de la jornada de alegatos, el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Federico Carniel, solicitó que el exsubsecretario de Transporte de la Provincia del Chaco, Roberto Medina, sea condenado a una pena de nueve años de prisión, al considerar que “colaboró de manera esencial en la consumación de los hechos” de trata de personas que se cometieron por parte de la conducción de la asociación civil “No me olvides” con becarias del Estado provincial que prestaban servicios en la Subsecretaría de Transporte.
En concreto, la acusación contra Medina es como presunto partícipe necesario en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por el uso de violencia y amenazas, abuso de una situación de vulnerabilidad, que las víctimas fueron más de tres personas, por la participación punible de tres o más personas sujetos activos y por haber cometido el hecho en carácter de funcionario público.
Además, el funcionario del Ministerio Público Fiscal pidió el mantenimiento del actual embargo de un millón de pesos contra el imputado y que se inicie una investigación patrimonial para cumplir con el artículo de la ley contra la trata de personas que prevé la reparación económica a las víctimas.
Por su parte, la defensa pidió la absolución del imputado por “insuficiencia probatoria”.
“Colaboró de manera esencial en la consumación de los hechos”
“Se ha podido probar cuál fue la participación del señor Medina dentro de esos hechos que ya fueron probados, juzgados, condenados y confirmados por la Cámara de Casación”, señaló Carniel.
En ese sentido, consideró que “Medina permitía que una asociación civil le suministre de personal, que eran las víctimas, para la realización de tareas dentro de su órbita. La asociación civil reclutaba a las chicas, también participaba de la certificación del cumplimiento de las obligaciones laborales dentro de la oficina Sube, y a través de información que le suministraba la oficina de Medina, la asociación civil mandaba las planillas a Desarrollo Social para que se liquide el monto de la beca todos los meses”.
“La posibilidad de usar la Subsecretaría de Transporte le servía a Vallejos no sólo para captar a las chicas sino también para extorsionarlas a través de amenazas para explotarlas sexualmente. No quedan dudas que esas amenazas tenían visos de credibilidad, en la medida que las becarias víctimas conocían la relación entre Medina y Vallejos y entendían que por decisión de ambos realmente podían perder su trabajo que tanto necesitaban”, señaló el funcionario del Ministerio Público Fiscal.
Para la Fiscalía, Medina “puso a disposición de Vallejos toda su estructura administrativa, recursos materiales, recursos humanos, y trabajo acorde a las becas que se entregaban para que Kilo Vallejos pudiera cumplir con su macabro designio”. Así, aseguró que “quién dirigía la Subsecretaría era Kilo Vallejos”.
“Si bien varios testigos hablaron de un convenio, no existen antecedentes de tercerización de becas para cumplir funciones, ningún organismo de la administración pública delega el control de las becas a la sociedad civil, menos a otro organismo”, subrayó.
“Las becas eran de Desarrollo Social y las pagaba Desarrollo Social. Lo que se necesitaba, y aquí está la participación de Medina, era poder tener un lugar para que Vallejos pudiera usar esas becas que recibía y poder extorsionar a las chicas. Es allí donde esa relación espuria sale a la luz. Medina le generó a Vallejos hacer funcionar la rueda del terror, Medina le preparó la telaraña para que las chicas cayeran en la trampa, Medina le facilitó el lugar, personal y medios para que Vallejos pudiera convocar a las chicas”, describió Carniel.
Así, advirtió que “más allá de la informalidad, Vallejos nunca hubiera podido hacer efectiva las becas si no demostraba que quién las recibía había prestado funciones en algún lugar. Sin Medina, esas becas estaban vacías, eran cáscaras sin contenido. Vallejos consiguió el continente y Medina ponía el contenido de la carnada con la que las chicas caían en la trampa”, describió.
“Confluyen todos los tipos de violencia por motivos de género”
Por su parte, la coordinadora de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Valeria Torcetta, consideró que Medina, en su carácter de Subsecretario de Transporte del Chaco, “brindó la cobertura necesaria para que Mambrin, Quintana y el fallecido Vallejos sometieran a un grupo de mujeres a explotación sexual y abusos en diferentes ámbitos de poder”.
“Nos hallamos frente a un caso de criminalidad organizada y compleja, que está inserto en un histórico contexto de desigualdad estructural y violencia contra las mujeres en donde la corrupción estatal adquiere un rol protagónico”, reflexionó.
“Cuando hablamos de trata de personas no podemos no referirnos a violencia de género, porque más allá del delito de trata este fenómeno constituye una problemática sociocultural fuertemente arraigada en nuestra sociedad con causas que son históricas y que tienen que ver con relaciones de poder desiguales entre los géneros”, puntualizó Torcetta.
La coordinadora de la Protex aseguró que “la trata de personas con finalidad de explotación sexual afecta principalmente a las mujeres y en ella confluyen todos los tipos de violencia por motivos de género que señala la ley 26485” de Protección Integral contra las Violencias, entre las que están “la violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica e institucional”.
Torcetta subrayó que “las víctimas fueron mujeres jóvenes, vulnerables. La sextorsión o extorsión sexual no es nada más ni nada menos que un negocio basado en el intercambio de poder por sexo, se trata una forma de corrupción o manifestación de abuso de poder en la que los mal llamados favores sexuales se convierten en la moneda de cambio de la transacción”.
Así, la funcionaria del Ministerio Público Fiscal concluyó que “la impunidad dejaría como mensaje que la violencia contra las mujeres es tolerada, que puede ser perpetrada y perpetuada, que debe ser aceptada, que es encubierta por los responsables de prevenirla, denunciarla, investigarla y juzgarla y que las mujeres debemos por ello no denunciarla”.
“Una novela que para nada tiene respaldo probatorio”
El defensor técnico de Medina, Ricardo Osuna, pidió la absolución del exsubsecretario de Transporte del Chaco por “insuficiencia probatoria”. También volvió a solicitar la nulidad del requerimiento de elevación a juicio de la causa -lo que ya había sido rechazado por el juez del TOF, Enrique Bosch- y ahora se agregó la declaración de nulidad de los testimonios en Cámara Gesell incorporados durante el juicio porque no se habría permitido controlarlos a la defensa.
Así, afirmó que la causa contra Medina “no tiene nada que ver” con la causa por la que fueron condenadas Elida Mambrín y Lorena Quintana, directora y secretaria de la asociación civil “No me olvides”, a 15 años de prisión y tres años de prisión en suspenso, respectivamente.
“Se olvidaron de la prueba”, afirmó Osuna, y advirtió que el Ministerio Público Fiscal basó la acusación en el testimonio de una sola de las víctimas que, según la defensa, habría mantenido “un problema laboral” con Medina.
Por su parte, el co-defensor, José Galassi, advirtió que “es falso que Medina generó las condiciones necesarias para que Vallejos y Mambrin cometieran esas atrocidades contra las víctimas”. En ese sentido, denunció que “el gobierno de Chaco le dio las becas y el manejo económico a la fundación No me olvides, ellos manejaban todo el poder del Estado y tenían a disposición para hacer lo que hicieron porque gozaban de un marco de impunidad, hasta que seis personas valientes se animaron a hablar”.
El abogado también cuestionó que se hayan interrumpido los testimonios en cámara Gesell cuando las víctimas mencionaron a algunos de los funcionarios públicos que fueron sindicados como “clientes”.
