Se trata de Ariel Peña, ayudante fiscal de las fiscalías de narcomenudeo en Castelli. La Justicia Federal lo acusa de encabezar operativos de secuestros de drogas, junto a un grupo de policías de su confianza, en los cuales sólo incautaba legalmente una parte del cargamento. El resto quedaba para su banda, la cual lo reinsertaba al mercado negro para la venta o el armado de causas. También lo acusan de reclutar dealers para que trabajen bajo sus órdenes.
Jueves, 6 de octubre de 2022
Una parte del fuero antidrogas del Chaco, dedicado a reprimir al último eslabón de la cadena del narcotráfico, está hoy bajo investigación.
Fue luego de que la Justicia Federal pusiera la lupa sobre un ayudante fiscal antidrogas de Castelli quien está sindicado como el líder de una banda criminal integrada por policías que se dedicaría a reinsertar al mercado negro estupefacientes secuestrados en operativos, como así también al armado de causas y el reclutamiento de dealers para que trabajen para él bajo amenaza de ser investigados o detenidos.
La investigación sobre la actividad de esta organización surgió de una causa anexa que venía investigando la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini, en donde seis integrantes de la Policía Federal de Sáenz Peña fueron detenidos el 15 de septiembre pasado acusados de pedir $400 mil de coima a un comerciante que circulaba por ruta 16, entre Quitilipi y Machagai, a cambio de permitirle circular con ropa de contrabando.
Y no sólo eso: se sospecha que en ese operativo obligaron al automovilista a ser escoltado hasta su casa en Resistencia, donde los policías habrían ingresado a su vivienda para hacerse con distintas pertenencias, entre ellas un televisor de 49 pulgadas y ropa.
Con el avance de la investigación y el aporte fundamental de dos testigos de identidad reservada, Sabadini amplió el requerimiento de instrucción judicial a partir del cual se apuntó directamente a una presunta organización criminal integrada por policías del Chaco, de la Federal y vendedores de estupefacientes al menudeo la cual se dedicaba a la comercialización de drogas en la zona de Castelli, Miraflores y Tres Isletas. El líder de esta organización sería Ariel Peña quien, paradójicamente, se desempeña como ayudante fiscal de las fiscalías antidrogas 1 y 2 de Resistencia en Castelli (vale aclarar que las fiscalías de narcomenudeo tienen jurisdicción en toda la provincia).
Las formas de abastecimiento
Uno de los testigos de identidad reservada explicó que Peña tenía dos formas para abastecerse: una era a través de proveedores directos, que lo abastecían con grandes cantidades. Y otra eran en los propios operativos que él comandaba junto a sus policías de confianza.
En los allanamientos que lo tenían al mando, sólo una parte de lo incautado era incluido en los registros oficiales mientras que el resto quedaba para la banda, por fuera del radar de la Justicia. Luego, la sustancia era reinsertada al circuito ilegal de comercialización a través de revendedores que operarían bajo sus órdenes.
Al respecto, el informante recordó un procedimiento ocurrido en junio del año pasado, en Castelli. En esa ocasión el cargamento incautado fue alrededor de 140 kilos de marihuana, cuando en realidad, el peso real de lo que se encontró fue de 230 kilos. La diferencia, esos 90 kilos que se esfumaron, habrían sido sustraídos por personal de la “División Microtráfico de Sáenz Peña” que realizó el operativo bajo las directivas de Peña.
El testigo indicó además que, para mantener a raya al mercado, apoderarse del territorio y limpiar a la competencia, lo que hacían era operativos montados. ¿Cómo? Obligaban a los vendedores de drogas que respondían a su organización a que contacten a otros dealers, que no estaban incluidos en la banda. La idea era simular una transacción. Tras pactar un día y lugar, Peña y sus policías de confianza los estarían esperando para interceptar el cargamento y posteriormente quedarse con todo.
La organización también tenía sus ardides para evadir los controles. Para transportar la droga sustraída, Peña le habría adosado rótulos de secuestro para simular que fueron incautaciones legales y, así, evitar ser sometido a algún control en la ruta por parte de personal de fuerza de seguridad ajeno a su influencia.
Según la investigación, Peña tenía a su cargo casi una veintena de dealers que comercializaban droga para él. El ayudante fiscal, de acuerdo a la denuncia, se aseguraba que le sean leales. Es que si no cumplían con la venta de droga que él les facilitaba, o no le prestaban la colaboración necesaria para eliminar a otros eventuales competidores, eran amenazados con ser investigados o detenidos.
De hecho, se dieron casos en los cuales se les armaron causas a dealers en operativos presuntamente fraguados y conducidos por Peña para que, una vez recuperada la libertad, el vendedor se sume a su organización, pero ahora bajo sus órdenes. “Vendés para mí o vas en cana”, podría ser el resumen de su amenaza.
El miércoles por la noche, a pedido de Sabadini, la jueza Federal, Zunilda Nieremperger ordenó una serie de allanamientos que incluían las casas de los sospechados (en Tres Isletas, Castelli y Sáenz Peña), la División Operaciones Drogas Interior de Fuerte Esperanza, la División Microtráfico de Sáenz Peña y el Palacio de Justicia de Castelli. En la oficina de Peña se encontraron paquetes de cocaína secuestrados en 2020. Agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía del Chaco y de Gendarmería estuvieron a cargo de los operativos.
En definitiva, ¿qué ocurrió tras los allanamientos? El ayudante fiscal Peña y el policía Cristian Roberto Obregón, de la División Operaciones Drogas Interior Impenetrable, que tiene su base en Fuerte Esperanza, quedaron detenidos este jueves en horas del mediodía. Los otros cinco policías investigados continúan en libertad.
Peña y Obregón están imputados por los delitos de asociación ilícita, en calidad de Jefe u organizador, respecto del primero, y miembro, respecto del segundo. Todo esto en concurso real con los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público y extorsión, en calidad de coautores y relación con actividades de tráfico ilícito de drogas, en infracción a la Ley 23.737, en calidad de coautores.
Malestar y pedido de disculpas
Un comentario aparte se debe hacer respecto del allanamiento nocturno en la sede judicial. Es que, si bien las órdenes de Niremperger fueron firmadas el miércoles temprano, los agentes a cargo del operativo sufrieron demoras para efectivizarlo y recién a última hora de la noche lo hicieron. Los magistrados y funcionarios que se desempeñan allí tuvieron que acercarse hasta el lugar, en medio de la tormenta, para colaborar con el operativo. Finalmente, debido al tenso momento que se generó, se decidió continuar con la pesquisa durante el día.
Otra cuestión fue la falta de discreción, algo que importa y mucho en las esferas judiciales. Si bien desde la Justicia Federal se la pidió, en los hechos no la hubo: varios patrulleros se apostaron frente a la sede judicial como si fuera un búnker narco. Todo esto, se sabe, generó mucho malestar en los miembros del Superior Tribunal de Justicia que consideraron al hecho como una suerte de destrato por parte de la Justicia Federal hacia el fuero local teniendo en cuenta que sólo se tenía que allanar una oficina de un empleado de tercera línea. LITIGIO pudo saber que ya se dieron las explicaciones y disculpas de rigor.
