Se extenderá hasta el próximo 13 de octubre, en que la Fiscalía de Derechos Humanos Adjunta debería avanzar con el requerimiento de elevación a juicio. Hasta el momento, cuatro funcionarios policiales se encuentran detenidos e imputados por tortura seguida de muerte.
Viernes, 23 de septiembre de 2022
Durante el último mes se produjeron novedades en el trámite de la causa que investiga la muerte de Leandro Bravo y en la cual cuatro agentes de la Policía del Chaco se encuentran detenidos e imputados por el delito de tortura seguida de muerte desde el 5 de abril.
La primera está vinculada a la tercera prórroga de la investigación penal preparatoria, ésta vez por treinta días, que se extenderá hasta el próximo 13 de octubre. El pedido de la Fiscalía de Derechos Humanos Adjunta fue recibido favorablemente por el Juzgado de Garantías de Charata, a cargo de la jueza María Julieta Liva.
Entre los fundamentos, la fiscal Silvia Slusar planteó que aún queda pendiente el peritaje de tres teléfonos celulares secuestrados en la causa, que estará a cargo del Gabinete Científico de Resistencia, con el objetivo de recuperar todas las comunicaciones mantenidas por los imputados entre el 26 de febrero y el 8 de marzo de 2022.
Según detalló la fiscal de Derechos Humanos Adjunta, también están pendientes declaraciones testimoniales de una persona que fue citado en dos oportunidades y aún no se presentó ante esa Fiscalía, de otra persona y del comisario que estaba al frente de la Comisaría de Charata el día de la muerte de Leandro Bravo, el 26 de febrero pasado.
Por otro lado, este jueves se realizó en el Juzgado de Garantías de Charata la audiencia de oposición contra las prisiones preventivas de dos de los agentes policiales imputados. En ese contexto, la resolución de la jueza Liva se dará a conocer durante la próxima semana.
Recusación que no fue
Otra de las novedades que se produjeron en las últimas semanas es que el abogado de esos mismos dos imputados, César Collado, recusó a la fiscal Slusar por supuesta enemistad con su persona. Fue por supuestos dichos de la fiscal durante una audiencia ante la Cámara en lo Criminal de la ciudad de Villa Angela.
En abril, el abogado ya había denunciado penalmente a la fiscal por supuestas irregularidades en el trámite de la causa por la que imputó a sus dos defendidos por el delito de tortura seguida de muerte, que prevé una pena de prisión perpetua.
En ese contexto, la jueza de Garantías de Charata, María Julieta Liva, rechazó la recusación contra la fiscal por considerar que la misma no cumplía con las prescripciones que exige el Código Procesal Penal.
“Debe tenerse en cuenta que existen un cúmulo de institutos procesales vigentes, que permiten al interesado controlar cada uno de los trámites de la investigación penal (sea a través de la Oposición en sus distintas variantes o por medio de los diferentes Recursos, entre otros), por lo cual no puede utilizarse sin argumentos suficientes en esta instancia, el instituto procesal de la Recusación, por el solo hecho de estar en desacuerdo con alguna decisión de la Fiscal que lo afecte, pues la Recusación como medio no es la vía procesal idónea para cuestionar las decisiones de los Fiscales de Investigación, siendo el apartamiento de un Funcionario Judicial la última instancia dentro de la tramitación de un proceso, siempre y cuando existan motivos suficientes que ameriten tal apartamiento, lo cual en el presente Caso no se dan”, consignó la jueza Liva en una resolución firmada el 8 de septiembre.
