Con los votos de los jueces Emilia Valle, Víctor Del Río e Iride Grillo, el máximo tribunal resolvió que magistrados y funcionarios de los ministerios públicos deben cumplir con la Constitución Provincial y notificar a la Dirección de Personal y al Consejo de la Magistratura del Chaco seis meses antes de cumplir los 70 años. Además, dispuso que hagan lo propio los jueces Antonio Martínez y Rubén Arce que ya superaron esa edad. Toledo y Modi se abstuvieron de emitir opinión.
Martes, 16 de mayo de 2022
El intento de la jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Mercedes Riera, de permanecer en su cargo sin rendir un nuevo concurso, una vez superados los 70 años, desencadenó una serie de situaciones que pusieron al desnudo los fuertes contrapuntos en el seno del Poder Judicial del Chaco. Eso quedó plasmado en la resolución dictada este martes 16 de agosto por la mayoría del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, en respuesta a un oficio del Consejo de la Magistratura. En el mismo se solicitaba que, dada la situación suscitada por el caso Riera, el máximo tribunal determine un criterio de interpretación del artículo 154 de la Constitución Provincial que exige un nuevo nombramiento (ergo, un nuevo concurso de antecedentes y oposición) a los magistrados que decidan permanecer en su cargo una vez alcanzado el límite establecido por el texto constitucional.
Así lo definió este martes el Superior Tribunal de Justicia con el voto de solo tres de sus integrantes: Emilia Valle, Víctor Del Río e Iride Grillo, los únicos tres que fueron nombrados luego de atravesar sendos concursos de antecedentes y oposición, tal como lo manda la Constitución Provincial. Inexplicablemente, o no tanto, sus pares Rolando Toledo y Alberto Modi se abstuvieron de votar, con el argumento formal de que intervinieron en el caso Riera y que podrían volver a hacerlo para expedirse con respecto a la acción de amparo que, según los cálculos más optimistas, la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo daría a conocer sobre finales de esta semana.
Es decir, más allá de que este martes 16 de agosto de 2022 el Superior Tribunal de Justicia fijó un criterio interpretativo del artículo 154 de la Constitución Provincial y de la Ley 2081-B de que los magistrados, magistradas y funcionarios de los ministerios públicos deberán notificar a la Dirección General de Personal y al Consejo de la Magistratura seis meses antes de cumplir los 70 años para dar cumplimiento al mandato constitucional, eso podría ser borrado con el codo cuando llegue a manos del máximo tribunal una situación concreta: el caso de Riera.
Es que la magistrada que no se quiere jubilar ya recusó a sus pares Grillo y Del Río para resolver sobre la medida cautelar, a lo que se sumó la inhibición de Valle por haber firmado la resolución del Consejo de la Magistratura que abrió el concurso por la vacante que debía dejar Riera y que quedó paralizado por la medida cautelar firmada por las camaristas Gloria Silva y Dolly Fernández y la disidencia de su par Natalia Prato, de la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Es decir, en caso de que, como todo parecería indicar, el fallo de fondo ratifique las pretensiones de la jueza Riera, estos tres últimos tampoco podrían intervenir, dejando el campo librado a que sí puedan hacerlo sus pares Toledo y Modi junto a jueces subrogantes, como los procuradores Jorge Canteros y Miguel Fonteina, quiénes ya avalaron tácitamente el planteo de Riera.
Una mención aparte merece el caso del juez del STJ, Rolando Toledo, quién, de acuerdo a la resolución, debería informar en los próximos días sobre su situación a la Dirección General de Personal y al Consejo de la Magistratura ya que el 28 de enero de 2023 cumplirá 70 años. Si bien anunció públicamente que no buscará permanecer en su cargo, su voto en el caso Riera deja abierto el interrogante.
La resolución del Superior Tribunal de Justicia también dispuso que los jueces Antonio Luis Martínez, de la Sala Segunda de la Cámara en lo Contencioso Administrativo; y Rubén Alcides Arce, juez de Paz suplente de Chorotis, quiénes cumplieron 70 años el 13 de abril y el 25 de mayo de 2022 respectivamente, cumplan con el artículo 154 de la Constitución Provincial y comuniquen su situación a la Dirección General de Personal y al Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento a sus efectos.
Además del planteo de la camarista penal, otro de los temas que provocó un tembladeral puertas adentro de los Tribunales chaqueños es la denuncia penal contra la jueza Riera por presunta usurpación de cargo presentada por el abogado del foro local Paulo Pereyra. A tal punto que, según pudo saber LITIGIO, hasta este martes dos fiscales provinciales ya se habían inhibido de investigar el caso y les seguirían varios más. Parece que la causa quema.
