Lo solicitó el abogado Francisco Belle, representante legal de las víctimas. Consideró que el exfuncionario provincial cuenta con “infinitos medios económicos y contactos políticos” que podrían ayudarlo en una eventual fuga. Además, recordó que, por la gravedad de las imputaciones, podría ser condenado a 30 años de prisión.
Jueves, 4 de agosto de 2022
El abogado querellante, Francisco Belle, solicitó a la fiscal 15, Vanesa Fonteina, que ordene la inmediata detención del exfuncionario provincial, Raúl Acosta, quien próximamente deberá afrontar un juicio por jurados acusado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, los cuales tuvieron como víctimas a dos hermanas que trabajaban en un área a su cargo.
Belle, quien recientemente asumió la representación legal de las denunciantes, recordó en su escrito que el exfuncionario será enjuiciado por un delito muy grave, que podría acarrearle una condena a 30 años de prisión, como así también consideró que Acosta cuenta con “infinitos medios económicos y contactos políticos” que podrían ayudarlo en una eventual fuga.
“A esto se debe sumar al gran caudal de personas que maneja este político primera línea con el que fácilmente se puede amedrentar, perseguir y cazar a las victimas y testigos”, añadió.
En este sentido, remarcó que de no darse visto bueno a la solicitud de prisión preventiva contra Acosta “se podría rozar en una situación de privilegio”, teniendo en cuenta una nómina de casos recientes en los cuales los imputados por delitos similares aguardaron el inicio del juicio en detención.
Cabe recordar que Acosta está acusado de los delitos de “abuso Sexual con Acceso Carnal (tres hechos) respecto a B.M.K., previsto y penado por el art. 119, tercer párrafo del Código Penal y Abuso Sexual Simple (tres hechos) en concurso real con Abuso Sexual con Acceso Carnal respecto a C.A.K., previsto y penado por el primer y tercer párrafo del art. 119, todo ello en función del art. 55 del Código Penal”.
El caso
C.A.K, de 21 años, y B.M.K, de 22, relataron en sede judicial que en 2018 llegaron a Resistencia provenientes de La Leonesa, junto a su papá y mamá, para trabajar en la subsecretaría de Participación Ciudadana que manejaba Acosta en ese momento. La familia vivía en una habitación con un baño, la cual estaba pegada a las oficinas de la subsecretaría. Un pasillo las conectaba.
Ambas relataron que los hechos de abuso comenzaron en mayo de 2018 y continuaron hasta diciembre de 2019. Las jóvenes contaron que al principio Acosta les hacía comentarios relacionados con su aspecto físico y se dedicaba a mirar las historias que las chicas publicaban en sus redes sociales.
Las denunciantes recordaron que habían bloqueado al funcionario y que este enfureció: las trató de “malagradecidas” y a una de ellas le dejó de pagar 3500 pesos que recibía por actividades administrativas. A pesar de esto, las chicas siguieron trabajando bajo las órdenes de Acosta porque su familia prácticamente dependía de lo que decidiera el funcionario.
Tiempo después, las cosas empeoraron. Pasaron de comentarios desubicados a abusos y amenazas. Las jóvenes acusaron a Acosta de haberlas manoseado en varias ocasiones, besado en el cuello y penetrado a la fuerza con sus dedos. En las denuncias, añadieron que también las coaccionaba para que tengan intimidad con él. A cambio les ofrecía dinero, motos y casa. En una ocasión, a cada una, les ofreció 50 mil pesos para que tuvieran relaciones sexuales con él por “50 minutos”.
Relataron además que gran parte de estos hechos de abuso se dieron en la propia oficina del funcionario, quien aprovechaba cuando no había personal y las mandaba a llamar de a una. De acuerdo a la denuncia, cerraba la puerta con llave, agarraba a sus víctimas, las manoseaba y hasta en ocasiones frotaba su pene contra el cuerpo de ellas o las obligaba a que se lo agarren.
Ante cada rechazo, Acosta las amenazaba con suspenderles las becas, dejar sin trabajo a su padre y echarlas de la habitación donde vivían si es que cometían la osadía de acusarlo ante la Justicia. Acosta ejercía así un poder total sobre estas mujeres vulnerables debido a que dependían exclusivamente de él para subsistir.
Estos episodios continuaron hasta diciembre de 2019, momento en el que Acosta dejó el cargo en la subsecretaría de Participación Ciudadana para asumir como vocal de Sameep. Las hermanas reconocieron que le tenían miedo debido a que lo consideran una “persona peligrosa”, que cuenta con “poder y plata”.
Indagatoria
Mediante videollamada, Acosta declaró en diciembre pasado ante la fiscal Fonteina en calidad de imputado. Se le notificó sobre los detalles de las denuncias en su contra y se le informó que estaba acusado prima facie de los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, en tres hechos, y abuso sexual con acceso carnal en concurso real (en otros tres hechos más).
En su escueta declaración, negó las acusaciones y dijo que eran parte de una campaña de desprestigio contra él y su partido debido a que se dieron de baja algunas becas. Al ser consultado respecto de si prestaba su voluntad para que se le realice un perfil psicológico, respondió que no.
Tras su indagatoria, la fiscal le prohibió contactarse por cualquier vía con las denunciantes (ya sea mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas o redes sociales) y acercarse a menos de 200 metros. En caso de incumplir esta restricción, se ordenará su inmediata detención.
Previamente, y luego de que se hiciera pública la denuncia de las jóvenes en un programa radial de Resistencia, Acosta había presentado un escrito. Con la firma de sus abogados, Olga Mongelós y Leandro García Redondo, le solicitó a Fonteina mantener su libertad mientras continúa la investigación penal preparatoria. “Mi único deseo se encamina a poder seguir el desarrollo normal de mi vida”, argumentó. Hasta ahora, Acosta nunca fue detenido. La Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia es querellante en la causa.
