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Hace casi un año, el progenitor de la niña fue denunciado por presunto abuso sexual, sin embargo, la fiscal Rosana Soto aún no impulsó la investigación y la jueza de Familia, Karina Feldman, ordenó revincular a la niña de cuatro años con los abuelos paternos. En el verano, un tribunal también había resuelto que se mantenga el contacto con su progenitor denunciado. 

Miércoles, 13 de julio de 2022

En una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Casa por la Memoria, desde la Fundación Al Fin Justicia para niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual junto a la Fundación Vínculos Sanos denunciaron a dos funcionarias judiciales del Chaco por no haber tomado ninguna medida de protección en favor de la niña “Cielo”*, víctima de abuso sexual.

En ese contexto, la presidenta de la Fundación Al Fin Justicia, Rosalía Alvarado, sostuvo “queremos alertar y manifestar nuestra profunda preocupación ante la aún irresuelta situación en torno a la protección de los derechos e integridad psicofísica de la niña Cielo, que deben ser debidamente resguardados atendiendo a su interés y acorde a su calidad de víctima de abuso sexual en el proceso penal como también en el fuero civil”.

También Alvarado dio cuenta que “Cielo pudo poner en palabras los abusos de su progenitor, hay pruebas e indicios de cargo, informes médicos y psicológicos, sin embargo, en la Fiscalía N° 3 a cargo de la Fiscal Soto, la investigación penal se encuentra prácticamente archivada y no se disponen las medidas de protección integral y prohibición de acercamiento del progenitor a la niña víctima y su madre; declaración de imputado, entre otras medidas para que continúe la investigación según los resuelto por el Juzgado de Garantías N° 3”.

“Paralelamente, en el Juzgado de Familia N° 1, a cargo de la Jueza Claudia Karina Feldmann se le impone a la niña que reestablezca un régimen de comunicación con familiares que niegan el abuso, por lo tanto, no creen en su palabra”, describió.

“Revinculación forzada” 

Desde Al Fin Justicia sostuvieron que esta medida se trata de una ‘revinculación forzada’ “donde se prioriza a ultranza el vínculo biológico y la concepción de familia sacralizada y patriarcal por encima de los derechos humanos de Cielo. El no cumplimiento de esta medida, que se ejerce en forma violenta en los ámbitos de socialización de la niña, implica el castigo a la madre protectora, que es denunciada y criminalizada, imponiéndole además multas onerosas”.

Desde la Fundación también consideraron que el caso de Cielo forma parte de un accionar recurrente cuando adultes protectores denuncian en la justicia incesto, abuso sexual o maltrato en el ámbito intrafamiliar y como ejemplo citaron otros casos como el de Arco Iris en La Rioja, Martín de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Solcito en Santa Fe, Nube en Córdoba, entre muchos otros.

Falta de investigación y doble agresión del Poder Judicial

En relación a la situación concreta de los numerosos expedientes que se tramitan como parte de una encerrona trágica en la justicia, Nahir Barud, abogada querellante por parte de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, señaló que “el delito debería ser investigado por el Equipo Fiscal Nº 3″, a cargo de la fiscal Rosana Soto. En ese sentido, precisó que “actualmente desde la Secretaria hemos solicitado la recusación, es decir, el apartamiento de la Fiscal a cargo, atento a que hasta la fecha se ha negado a imputar al agresor de esta niña, vulnerando todos sus derechos, descreyendo de su relato y no actuando como debe actuar una fiscal, que es la tarea que se le asigna como funcionario público del Poder Judicial: que es investigar cuando se presume la comisión de un delito”.

En el caso de la parte civil representando a la niña y su madre en el Juzgado de Familia, el abogado Paulo Pereyra expresó: “Concretamente en estos momentos está aconteciendo una doble agresión, que es la agresión institucional por parte del Poder Judicial”.

“Las causas que son más de trece expedientes, después de cinco años de litigio, están en el Superior Tribunal de Justicia para resolver cuestiones que tienen que ver con lo que viene ejerciendo como violencia institucional la Jueza Feldmann, a cargo del Juzgado de Familia Nº1, en estos trece expedientes que, como bien dijo la Defensora General cuando dictaminó sobre esto, lo que hicieron fue revictimizar aún más a personas como es el caso de la niña Cielo y a su madre protectora, que recurrió a la justicia como una instancia de reparación y se encontró con la mayor violencia después de la violencia de género desplegada por esta persona contra la madre protectora, la violencia sexual desplegada contra su propia hija y se encuentra además con un doble agresor que ahora es el Estado”.

“A partir de ahí, ese Poder Judicial que tiene funcionarios y funcionarias que lejos de ser un bálsamo en la búsqueda de justicia están constantemente incriminando por vías de hecho y por vías que tienen que ver con la constante persecución judicial a quién debieran proteger; esto es inadmisible en cualquier Estado de Derecho, pero es inadmisible en esta provincia con su historia en protección de Derechos Humanos”, subrayó.

“Esto no debe seguir pasando en un Estado que, además, a través de su Superior Tribunal de Justicia, ha delineado como tratar estos casos, tenemos pues Juezas de Familia de Primera instancia, Asesoras de Familia, que no cumplen con la Ley. La ley es clara: se debe proteger a la infancia y se debe tener perspectiva de género, no hay discusión sobre eso y no la debe haber, menos aún donde está en vilo la salud psicofísica de dos mujeres y una de ellas niña”, señaló Pereyra.

Consideró, además, que “esto, lamentablemente, es una radiografía de cómo despedazan la vida de las personas a través de los expedientes, en una violencia institucional que la tiene hoy lamentablemente como protagonista a una niña y su madre, pero sin dudas se replica en otros casos. Sin una respuesta por parte del Poder Judicial institucional ante semejante hecho, no va a haber solución posible”.

También se expresaron en el mismo sentido Gladis Cristaldo, diputada provincial M.C y actual vice presidenta del Instituto de Cultura del Chaco y la escritora, docente y referente del movimiento feminista Cecilia Solá. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Legislación e integrante de la Comisión de Género, Diversidad y Niños, Niñas y Adolescentes de la Cámara de Diputados, Clara Pérez Otazú sostuvo “su compromiso con la causa y el tratamiento que se le dará en la Comisión de la Legislatura de la provincia”.

“Seguimos pensando a las infancias como un lugar enraizado producto de una familia patriarcal y biológica”

Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez expresó: “Me parece importante remarcar dos cosas de lo que han dicho, faltan muchísimas cosas, pero el Estado ha hecho mucho esfuerzo en acompañamiento, la presencia y seguimiento en casos como este; sin embargo, nos encontramos con una justicia que hace mucho que conocemos el juego, que tiene que ver con un juego que se desdobla en dos partes: el juego penal y el juego civil familiar. Esa justicia que se desdobla en dos partes, por un lado, avanza la denuncia en el fuero penal, genera una instancia que a veces logra que con mucho esfuerzo se escuche con mayor o menor peso con una baja incidencia de condenas”.

“Pero hay un aspecto de la justicia que tiene un plano urgente inmediato de poder pensar los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de poder pensar la perspectiva de Derechos Humanos y Géneros y que viene haciendo estragos hace un montón de tiempo, y es la Justicia Civil y Familiar. Esa Justicia Civil y Familiar a la que hay que acceder con recursos propios porque está pensada al estilo de la propiedad privada, esa justicia de familia enraíza un concepto que es fundamental de pensar y que el delito del abuso sexual en la infancia nos viene a mostrar que está presente en un montón de lugares. Seguimos pensando a las infancias como un lugar enraizado producto de una familia patriarcal y biológica, que además de pensar que el Juzgado de Familia de ser de difícil acceso, por una cuestión económica, pone en un pie de igualdad lo que no es un pie de igualdad”, agregó.

Pérez advirtió que “no considera la cuestión histórica de los cuidados, no considera los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, disminuye la voz del niño frente a la instancia civil, contrario de lo que plantean incluso las leyes de las infancias que hemos avanzado. Desconoce, incluso se desarticula del proceso penal, que muchas veces ya dijo que el niño ha sufrido una situación de abuso en las instancias que el proceso penal le exige, y lo desarticula pensando que allí se prioriza el derecho de ver a una familia biológica, y de priorizar un concepto de familia biológica con un sentido que no deja de tener el niño como mercancía de bien y no como sujeto de derecho.

En referencia al caso de Cielo, la funcionaria remarcó: “En el caso puntual de la niña que hablamos hoy, sabemos que lo primero que hay que hacer cuando una niña puede tomar la palabra y llegar a esta instancia, es proteger que esa instancia no sea influida y cambiada, hemos hecho millones de informes e intervenciones diciendo que había personas que no tenían que acercarse a la niña porque, el acercamiento a esa niña generaba la retractación de la denuncia, es un concepto muy antiguo que venimos defendiendo y que el SAP (falso síndrome de alienación parental) justamente lo que hace es influir para la retractación de esa niña, si Cielo y ahí es el núcleo que la justicia Civil debe revisar, si Cielo tiene contacto en este momento con una familia que no pudo hacer el proceso de aceptación el riesgo es la retractación de la denuncia, es decir la imposibilidad de Justicia”.

“No puede la señora Jueza de Familia desconocer esto, no se puede desconocer en el sistema civil y judicial esto y debemos generar un sistema de protección, llamamos a puntualmente a la justicia a hacer un cambio urgente, decimos que estamos en estado de alerta con respecto a la justicia”, reclamó.

Fuerte acompañamiento bajo la consigna: ¡Cielo entre todes te cuidamos!

Cabe resaltar, que el evento contó con una nutrida concurrencia y acompañamiento que exigieron: urgentes medidas de protección integral priorizando su interés; el cumplimiento de su derecho a una investigación sin dilaciones y con perspectiva de género, impidiendo su revictimización y asegurando la efectividad de los principios consagrados en la Convención de los Derechos del Niño y demás normativas vigentes en nuestro país y el fin a su revinculación forzada basada en priorizar vínculos parentales en lugar de su protección e interés superior y basta de violencia institucional hacia su madre protectora. Participaron la diputada Lucila Masin, las legisladoras provinciales Tere Cubells, Mariela Quirós, Clara Anahí Pérez Otazú; el diputado provincial M.C. Daniel Trabalón; diputada M.C. y actual Vice Presidenta del Instituto de Cultura Gladis Cristaldo; la secretaria de DDHH y Géneros. Lic. Silvana Pérez; secretaria de DDHH y Géneros: Delia Pérez y Úrsula Sabarese; Nancy Sotelo de INADI; por el Comité de Prevención de la Tortura, Darío Gómez, Kevin Nielsen y Silvina Canteros; Cecilia Solá; Abogades: Nahir Barud y Paulo Pereyra; Fundación Vínculos Sanos; Colectivo Nacional; Movimiento Evita; Carito Cammarano de Juana Azurduy; Igualar Chaco y Patricia Carballo de Peronistas con Cristinas, entre otras organizaciones de la sociedad civil.

* “Cielo” es un nombre de fantasía para preservar la identidad de la niña de 4 años 

 


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