Norma Sánchez, madre de Nicolás Leiva, desaparecido en agosto de 2017, presentó una denuncia ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED), con sede en Ginebra, Suiza. “La investigación sobre su desaparición está plagada de irregularidades y omisiones”, sostuvo.
Martes, 12 de julio de 2022
A casi cinco años de la desaparición de su hijo, Norma Sánchez, madre de Nicolás Leiva, presentó una denuncia formal ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED), organización que depende de la Organización de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza.
Con el patrocinio de Gisela Gauna Wirz, Defensora General Adjunta del Poder Judicial del Chaco y Defensora Pública Interamericana por Argentina, Sánchez sostuvo ante el organismo internacional que la investigación sobre la desaparición de su hijo “está plagada de irregularidades y omisiones”.
“Ante la petición efectuada a la Justicia en ejercicio de nuestro derecho a conocer qué sucedió con nuestro hijo, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco se limitó a pedir informes a la fiscalía que interviniera en la investigación y al Poder Ejecutivo, y en mérito a los mismos resolvió que el Estado ‘respondió’ en forma adecuada, cuando lo cierto es que no respondió y es por ello que Nicolás continúa desaparecido. Hasta el día de la fecha, la investigación sigue estancada no habiéndose producido nuevas medidas de interés”, acusó.
“De acuerdo a los hechos que han sido acreditados durante la investigación que tramita por ante la Fiscalía de Investigaciones 9 de Resistencia, Nicolás desaparece un día en que estaba siendo buscado por personal de la Comisaría Seccional Décima por la presunta comisión de un hecho delictivo, siendo que ya se habían denunciado en numerosas oportunidades anteriores los apremios que había sufrido por parte del personal policial de la mencionada dependencia, y que inclusive fue amenazado de muerte por un policía de esa comisaría”, expresó.
“En el proceso se aplicó el Protocolo de Actuación Policial en materia de desaparición de personas, pese a que todo indicaba prima facie, que el caso debió ser investigado como desaparición forzada en los términos del art. 2 de la CIDFP”, añadió la denunciante.
“Sabido es que la eliminación de las pruebas o indicios del hecho, la obstaculización de la investigación e incluso la obstrucción de la utilización de los recursos judiciales suele estar indisolublemente ligada a la práctica misma de la desaparición forzada, y todo ello ha ocurrido en el caso de mi hijo”, recordó.
Además, marcó la grave irregularidad que significa el hecho de que “la investigación se inició recién 42 días después de formulada la denuncia en sede policial y la Fiscal de Investigación, pese a las constancias de la causa, de las que surgían las anteriores denuncias por apremios efectuadas hacia mi hijo por parte del personal policial de la Comisaría Décima, y que estos mismos eran quienes lo estaban buscando el último día que fuera visto con vida, encomendó la investigación a esos mismos policías”.
“Esta falta de respuesta y deficiente actuación del sistema judicial provincial, se suma a la negativa de la justicia federal de intervenir en la investigación declarándose incompetente, siendo esta quien debía intervenir en casos de desaparición forzada”, sostuvo.
“Era deber del Estado adoptar y ejecutar las medidas tendientes a cumplir con los mandatos y estándares internacionales y, puntualmente en lo que aquí concierne, investigar la causa y condiciones de la desaparición de Nicolás Gabriel Leiva, debiendo informar a sus familiares, quienes gozamos del derecho a saber al respecto, atento a nuestro carácter de víctimas, y sancionar a quienes resultaren responsables por tales hechos, no encubrirlos”, acusó.
“La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas prescribe el derecho a la información, a la investigación para garantizar, en esencia, el derecho a la verdad, a la no impunidad y a la reparación, lo que no se ha cumplido en el presente caso ya que a casi cinco años de su desaparición aún desconocemos dónde está Nicolás”, señaló.
Cabe recordar que el Comité contra la Desaparición Forzada es el órgano que supervisa el cumplimiento de las obligaciones de los Estados parte de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. El artículo 30 de la Convención establece la competencia del Comité para solicitar acciones urgentes de los Estados ante una desaparición. En este marco, Argentina fue uno de los países que impulsó la adopción de este instrumento del sistema universal de protección de los derechos humanos.
El caso
Hasta antes de que comience la pandemia, Norma Sánchez repetía algunos rituales. Todos los 4 de cada mes se presentaba en la redacción de diario Norte y pedía que le hagan una nota. En todas, le exigía al Gobierno y la Justicia del Chaco que no abandonen la búsqueda de su hijo Nicolás Leiva.
Cada tanto también salía a revisar si en las comisarías estaba puesta la foto de Nicolás, quien hoy tendría 24 años, y recorría lugares donde dormían personas en situación de calle. Ha llegado incluso a levantar frazadas de gente acostada en la vía pública.
El 4 de agosto de 2017, a las 17.30, Nicolás le dejó a su mamá plata que había cobrado por cortar el pasto, se preparó un sándwich y se despidió:
—Ya vengo, viejita.
Pasaron las horas, pero Nicolás no volvió.
Al día siguiente, comenzaron a buscarlo en las zonas donde él solía frecuentar: Barrio Timbó, barrio La Paz, Villa Dorico, Santo Domingo, Santa Clara. El domingo repitieron la búsqueda, pero no lo encontraron.
El 7 de agosto la familia decidió radicar la denuncia en la Comisaría Décima. Tres días después apareció en la casa de Norma un oficial de esa comisaría, de nombre Oscar Molina con una llamativa consulta: le preguntó si lo había visto a Nicolás y si sospechaba que pudiera estar en la casa de su hermano.
Norma le aclaró que hace tiempo lo estaban buscando y que claramente no estaba ahí. Le preguntó a qué se debía su visita. Molina le aseguró que el 4, el día en que desapareció, la Policía lo estaba buscando por el robo de una moto. Este dato nunca le había sido revelado antes a Norma, ni siquiera cuando se presentó a la Comisaría a denunciar su desaparición.
Con esta información, unió piezas y resignificó episodios que hasta ese momento no tenían importancia. Recordó que esa misma noche de la desaparición de su hijo, vio al patrullero de la Décima que circulaba constantemente por su barrio a gran velocidad. En un momento dado, llegó a ver que dentro del vehículo policial llevaban a una persona, pero no pudo distinguir su rostro.
Un tiempo antes de su desaparición, Nicolás Leiva había sido víctima de violencia, golpizas, apremios ilegales, hostigamiento y amenazas por parte de policías de la Comisaría Décima. Las mismas constan en una serie de denuncias realizadas por su familia, las cuales nunca fueron investigadas.
El 30 de abril de 2015, Rocío, hermana de Nicolás, denunció que su hermano había sido sometido a torturas y amenazado de muerte dentro de las dependencias de la Décima por parte de cuatro policías a los cuales reconoció. Incluso aportó los nombres de dos.
La mamá de Nicolás denunció el 17 de septiembre de 2015 que su hijo fue sometido a torturas y nuevamente amenazado de muerte por parte de dos efectivos policiales, los mismos que cinco meses atrás lo habían amenazado y torturado.
El 1 de julio de 2016 el propio Nicolás Leiva denunció que el 30 de junio, mientras se encontraba esposado dentro de la Comisaría Décima, un policía lo torturó, le apuntó con su arma reglamentaria en la cabeza y amenazó con matarlo.
El 28 de septiembre de ese año, Norma denunció que su hijo fue perseguido por policías de la Décima quienes le dispararon postazos de goma. Una vez que lograron reducirlo, empezaron a torturarlo en plena vía pública hasta desmayarlo. A raíz de esto comenzó a convulsionar y ante la mirada de los vecinos, los uniformados le sacaron las esposas y lo dejaron tirado en el lugar. También denunció que el jefe de la Comisaría previamente lo había amenazado de muerte.
Nicolás hacía un año que no caía preso. Tenía problemas con el consumo de drogas pero, gracias a la intervención familiar, logró tratarse en centros de rehabilitación. Estaba mucho mejor. De hecho, comenzó a participar activamente en las reuniones de la Iglesia Cristiana Internacional del Pastor Jorge Ledesma. También trabajaba haciendo changas, cortando el pasto o en la construcción.
La Secretaría de Derechos Humanos provincial se constituyó en mayo de este año como querellante particular en la causa, la cual está a cargo del fiscal Jorge Gómez. La presentación del organismo es contra “trabajadores policiales de la Comisaría Décima de la Ciudad de Resistencia y/o personal de otra dependencia policial que haya actuado en la desaparición de Nicolás Leiva”. Por este hecho, nunca hubo detenidos ni imputados.
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