El Superior Tribunal de Justicia del Chaco rechazó un recurso de la intendenta Magda Ayala y confirmó un fallo que le ordenó garantizar el acceso a la información pública sobre todas las actuaciones administrativas que habilitaron construcciones en el Casco Histórico de la ciudad portuaria, prohibidas por ley.
Martes, 15 de marzo de 2022
Por Brian Pellegrini
El Superior Tribunal de Justicia del Chaco confirmó una sentencia que ordenó a la intendenta de Barranqueras, Magda Ayala, y/o al Juzgado de Faltas Municipal que permitan el acceso a las actuaciones administrativas y a toda la información relativa al conjunto de construcciones edilicias que integran el “Casco Histórico de la ciudad de Barranqueras”, ubicadas en el “Barrio del Puerto” entre las avenidas Laprida, Sebastián Gaboto y Costanera, durante el periodo 2020/2021.
La resolución, que difunde como adelanto LITIGIO, fue dictada este lunes 14 de marzo, y lleva las firmas de los cinco jueces del máximo tribunal: Emilia Valle (presidenta), Rolando Toledo, Iride Isabel Grillo, Víctor Del Río y Alberto Modi.
Originalmente, la medida autosatisfactiva dictada por la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, también exhortó al Municipio a exhibir en el edificio municipal una copia de la ley de acceso a la información pública (1774-B) con “el objeto del conocimiento de dicha normativa por parte de la comunidad en general y específicamente por el personal”. “Todo ello a fin de evitar situaciones disvaliosas similares a las de autos y que pudieran generar gastos o perjuicios para la Administración Pública”, indicaron en aquella sentencia -ahora confirmada- las juezas Natalia Prato y Silvia Varas.
El caso
Todo comenzó el 30 de julio de 2020, cuando vecinos del Casco Histórico de Barranqueras hicieron saber al Municipio sobre la construcción de una obra civil sin cartel de obra en la calle Capitán Solari 140, lugar protegido por la ley 1804-E (antes 6506). El 16 de noviembre de ese mismo año, requirieron a las autoridades municipales, al Instituto de Cultura y a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente que se detengan inmediatamente todas las obras que se estuvieran desarrollando en ese sitio, patrimonio cultural, y que se comunique a los titulares de terrenos e inmuebles acerca de la situación de regulación especial de protección del Casco Histórico y que se evalúen los planes de obra por el Instituto de Cultura, prohibiéndose el tránsito pesado.
En ese contexto, advirtieron que la edificación se siguió ejecutando a pesar de las presentaciones, de la existencia de la faja de “Obra paralizada” en cuatro ocasiones, del dictamen del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto de Cultura y de la Ordenanza 5880. Que por resolución N° 116/20 del 10/12 el Juez de Faltas de la Municipalidad de Barranqueras reconoció que el titular de la propiedad, “señor Velazco” es contraventor, conforme lo estipulado por el art. 68 de la Ordenanza 4220. Y que además la Presidente del Instituto de Cultura se expidió también sobre la detención y demolición de la misma a costa del propietario.
Posteriormente, en enero y febrero de 2021 presentaron notas y el 20 de enero de 2021 el señor Eugenio Rolón, integrante de la Fundación Casco Histórico de Barranqueras, asistió a una reunión informativa con el coordinador de Obras Civiles peticionando información y acceso a las actuaciones administrativas tramitadas en los distintos estamentos municipales en los que obren antecedentes de edificaciones en el Casco Histórico.
El 12 de febrero de 2021 recibió la respuesta de la jefa comunal, Magda Ayala, que consignaba que se dio intervención al Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Barranqueras y en virtud de ello, ese Juzgado informa que “previo a considerar lo peticionado, deberán acreditar interés legitimo y la representación que manifiestan tener”.
Ante la negativa del Municipio de Barranqueras de brindar la información pública requerida sobre las actuaciones administrativas adoptadas respecto de las denuncias por construcciones ilegales, Rolón decidió impulsar una presentación judicial ante el fuero Contencioso Administrativo, que falló favorablemente el 12 de abril de 2021. Ayer, esa sentencia fue confirmada por el pleno de los jueces del Superior Tribunal de Justicia.
