La demora de la Justicia en resolver causas federales y ligadas a la política muestra un claro ejemplo en la causa por la venta de armas a Croacia y Ecuador donde se acusó al ex presidente Menem. Aún sigue en trámite.
Sábado, 27 de noviembre de 2021
En los despachos del cuarto piso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún divaga el expediente de la causa “Armas”. Allí desde 2018, el expediente que deben resolver los supremos debe confirmar o no la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que absolvió a los implicados, entre ellos el hoy fallecido ex presidente de la Nación Carlos Menem, por exceso de plazo razonable. La causa ya tiene dictamen de la Procuración que opinó que debe revocarse esa sentencia y dictar un nuevo fallo.
En 2018 los jueces Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Eduardo Riggi decidieron absolver al ex mandatario y a otros once imputados en el marco de la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, al considerar que no se cumplió el “principio del plazo razonable”. Realizaron una serie de críticas al trámite de la causa en la que sostuvieron que “todo ello ocurrió por la exclusiva desidia, inactividad o deficiencia en la técnica investigativa de los distintos órganos estatales intervinientes”.
La investigación comenzó en 1995 después de que se conociera a partir de los medios el tráfico de armas. En concreto, durante la primer presidencia de Menem se firmaron tres decretos presidenciales secretos para vendarle armas a Panamá y Venezuela. Armamento que en realidad era para Croacia y Ecuador, dos países que por esos años tenían un embargo de venta de armas por parte de la ONU (Organización de Naciones Unidas).
La causa comenzó su camino en el fuero en lo Penal Económico aunque los imputados fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) N° 3 en 2011 argumentando que el accionar de las autoridades nacionales era “una decisión de política exterior” y, por lo tanto, “un acto político no judiciable”. Eso fue apelado por los fiscales, entre los que se encontraba el actual camarista Mariano Borinsky junto a Marcelo Agüero Vera.
Casación dio vuelta aquella sentencia y resolvió condenarlos por contrabando agravado. Al ex presidente por ejemplo se le impusieron penas de 7 años de prisión. Una nueva apelación hizo que el caso llegue a la Corte Suprema que decidió que vuelva a Casación para que otra sala decida si confirmaba o no esa condena. Allí se dio la sentencia que firmaron Mahiques, Catucci y Riggi. La causa llegó en 2018, nuevamente, al máximo tribunal del país que ahora sí deberá fallar.
El trámite en la Corte lleva casi tres años. El último movimiento que se ve del expediente data de noviembre de 2020 hace más de un año. Ahora organizaciones civiles piden al tribunal que resuelva la causa. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó el pasado 18 de octubre un escrito solicitando se resuelva la causa y, además, se impulse ante el Consejo de la Magistratura una investigación sobre la responsabilidad de las y los magistrados por los más de 26 años de demora del expediente.
También se le pidió a la Corte que exhorte al Consejo a elaborar un informe detallado con los resultados de esta investigación para ser presentado al conjunto de la sociedad “en pos de garantizar el derecho a la verdad de la ciudadanía y un adecuado ejercicio del deber de rendición de cuentas”.
“Que haya tramitado un expediente durante 26 años sin que se haya logrado llegar a una sentencia firme es un fracaso descomunal del Poder Judicial de la Nación. El caso a su vez involucró ni más ni menos que a un ex Presidente de la Nación, que dirigió el Poder Ejecutivo durante diez años y medio, y sobre el que aun habiendo fallecido a edad muy avanzada no se pudo conocer su responsabilidad penal”, dice el escrito presentado.
Agrega que “se trató de un delito cometido en relación a otros estados nacionales y en perjuicio de otros, por lo que la impunidad generada por nuestro sistema judicial representa también una deshonra internacional”, y concluye: a circunstancia de que el propio sistema judicial haya determinado que existieron irregularidades e incumplimientos procesales en el trámite procesal por parte de los encargados de producirla, pero no se haya ordenado una investigación para determinar responsabilidades, implica también una preocupante falla del sistema”.
Fuente: Tiempo Judicial
