Sus años al frente del Juzgado de Faltas de Barranqueras y las reiteradas (y graves) falencias que detecta a diario en el sistema derivó en el nacimiento de su flamante libro “Sobran faltas (faltan Garantías)”, mezcla de análisis crítico, aporte de jurisprudencia y pedagogía para la praxis cotidiana. Su mirada sobre los feminismos, las drogas, la prostitución y la demagogia punitiva.
Jueves, 24 de junio de 2021
Por Bruno Martínez
Desde que era adolescente, Pachequito era uno de los objetivos de la Policía del Chaco. Cómo tantos otros jóvenes pobres, de hogares rotos y con problemas de consumo, la única respuesta que le daba el Estado a Pachequito era la celda. Viernes a la noche, sumado a una esquina con los pibes tomando cerveza, igual a razzia policial. Todos adentro. Detenidos hasta el lunes, por las dudas. Y siempre utilizando algún artículo del Código de Faltas para darle un barniz de legalidad. Resistencia a la autoridad, ebriedad, estar drogado, molestar a los vecinos. Lo que sea. Hay mucho de lo que echar mano.
Y en cada detención, Pachequito sufría la violencia policial. Hostigamiento, apremios, humillaciones, torturas. Incluso, en una oportunidad, en una de esas detenciones, Pachequito fue vejado por los propios policías.
Pachequito no se llama así, pero es el nombre que utilizó la Jueza de Faltas de Barranqueras, Sandra Saidman, para evocarlo en la dedicatoria de su flamante libro “Sobran faltas (faltan garantías)”, recientemente editado por Editorial Contexto.
“Pachequito es uno de los casos de víctimas del sistema contravencional más terribles que yo conocí. Conozco muchos pibes, pero él es paradigmático”, dice ahora la jueza.
“Hasta no hace mucho la policía usaba el Código de Faltas para hacer razzias y limpiar, diríamos, la zona. Se hacía control del territorio. Les costó mucho comprender que yo era quien manejaba la privación de libertad de las personas. Incluso, algunos policías me han llegado a decir: «Mire, doctora. La verdad es que el supervisor nos pide para hoy 30 detenidos». ¡Les pedían 30 detenidos!”, recuerda Saidman aún con cierto estupor.
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Es una tarde fresca de otoño en Resistencia. Las casas bajas de la zona donde vive la titular del Juzgado de Faltas de Barranqueras empiezan a ocultar los últimos rayos naranjas de un día de sol pleno de mayo. La calle de tierra que pasa en frente de esta casa de barrio está mejor de lo que ella había advertido: el día anterior, con la lluvia, era un cúmulo de barro muy difícil de transitar.
Antes de que se encienda el grabador para esta entrevista con LITIGIO, abre las ventanas de su comedor, se acomoda en la silla y prende un pucho. Sus años en la Justicia de Faltas y las reiteradas (y graves) falencias que detecta a diario en el sistema derivó en el nacimiento de este libro, mezcla de análisis crítico, aporte de jurisprudencia y pedagogía para la praxis cotidiana.
En “Sobran faltas (faltan garantías)”, advierte que el Código chaqueño está plagado de “figuras inconstitucionales”, que no son ley en sentido estricto. Además, contiene muchas “vaguedades” en la formulación de los tipos, adjetivación para para definir conductas y muchos artículos que constituyen una “ley penal en blanco”.
En este texto de 401 páginas, la jueza lamenta que, transcurridos casi 38 años del advenimiento de la democracia, aún se deba convivir con un sistema contravencional “ética, jurídica y políticamente insostenible”.
Este sistema, advierte Saidman, es de “control” y ha funcionado siempre a modo de “reserva peligrosista y autoritaria del sistema penal”, como un primer instrumento jurídico de “selectividad secundaria” y de identificación de los sectores de la población vulnerable a la que “estigmatiza en el primer escalón del sistema punitivo”.
Señala además que se ha considerado que, por contar con penas relativamente bajas, le corresponde al sistema contravencional menores garantías, cuando debe ser lo contrario. Para entender aún más este punto, hay que remarcar un hecho axial: en la justicia de Faltas el juez es fiscal, juez de Garantías y tribunal de sentencia. Todo en uno. Además, el Estado no tiene obligación de otorgar un defensor oficial en caso de que el imputado no tenga los recursos para contratar un abogado. Si no puede pagarlo, se deberá defender por sí mismo. En suma: la imparcialidad de ese proceso está viciada desde el vamos.
Por otra parte, y tras sugerir la derogación de varios artículos del Código, Saidman considera que los jueces de Faltas tienen la obligación de no aplicar normas inconstitucionales y que para eso deben realizar obligatoriamente control de constitucionalidad de oficio. Algo que, en la práctica, se realiza poco y nada.
“Por ejemplo, la última modificación del acoso callejero, si vos lees el artículo, no sabés en definitiva qué es”, comenta ahora. “O cuando empezó la pandemia por el coronavirus, la Legislatura modificó un artículo en donde si uno agredía a un docente o a un médico era un agravante. El Código de Faltas dice «quien acometiere contra otra persona», como el Código Penal dice «quien matare a otra persona». Bueno: los legisladores agregaron otro artículo. O sea: cada problema social o cultural que ande dando vueltas se incluye en el Código de Faltas para hacer nada. La solución de los problemas no va por ahí”, sostiene.
—¿Y por qué surgen estas normas que en la práctica resultan de difícil aplicación?
—Porque se hace demagogia punitiva. Como lo que te mencioné recién del acoso callejero que se modificó en el 2018. Todos los títulos de los diarios destacando que se iba a sancionar el acoso callejero. La diputada autora del artículo se muestra como la salvadora, pero no puede ser que desde 2018 hasta ahora no haya habido un solo caso de acoso callejero en Barranqueras. Pasa que son normas inútiles que no sirven para nada. Y cuando sirven, sirven para criminalizar a la persona humilde. Porque si vas en moto y está el albañil ¿a quién es más fácil denunciar? Al albañil. Además, las mujeres no vamos a perder tiempo en ir a una comisaría a hacer una denuncia cuando sabemos todo el peregrinar que significa ir a una comisaría a hacer una denuncia. Máxime una figura que ni siquiera la policía la debe estar conociendo. Ponele que yo lleve el artículo escrito y haga la denuncia. Bien. En la comisaría me van a preguntar quién es el que me quiso tocar. «Y no sé, un señor que pasaba por la calle». Porque generalmente esto es lo que sucede. ¿Quién va a denunciar a alguien que no localiza ni sabe quién es? Ahora supongamos que haga la denuncia. ¿Y? Ahí va a quedar el expediente como autor desconocido.
—¿Y si es alguien conocido?
—Generalmente van a caer las personas humildes. Y las penas son altísimas. Además, la norma nos da la posibilidad de enviar a ese hombre a un curso de reeducación sobre derechos humanos cuando en la provincia no existe eso. En principio no tenemos una legislación marco ni especialistas que se hayan formado en reeducación. A duras penas tenemos acompañamiento de víctimas de violencia.
—En esta línea, considerás entonces que la Justicia Contravencional es clasista.
—Si, por supuesto. Es la justicia que se desenvuelve entre los sectores marginales de la población. Hay personas que no están en este grupo, pero el 95 por ciento es una justicia del pobre. Y, sobre todo, lo más preocupante, es que las personas con recursos siempre van con un abogado particular, y el humilde, como la asistencia letrada no es obligatoria, va solo. No hay defensa, no hay fiscales. El juez hace todo. Es un modelo de Justicia incompatible con el debido proceso del siglo XXI. Sucede en todo el país. Mientras el Derecho Penal se encaminó hacia el logro de las garantías del debido proceso, nosotros nos quedamos ahí atrás, postergados y olvidados, porque son faltas nomás.
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Tiene 54 años y dos hijos. En 1986, recién salida del secundario, Saidman ingresó al Poder Judicial con el cargo de escribiente. Once años más tarde se recibió de abogada. Se desempeñó como secretaria provisoria en los Juzgados Civil y Comercial 3, 6 y 8, en el de Paz 2 de Resistencia y, en 2006, como subinspectora de Justicia de Paz y Faltas provincial. Por concurso obtuvo en 2003 el cargo de Secretaria del Juzgado de Paz de Barranqueras y desde 2008, también por concurso, se puso al frente del Juzgado de Faltas de la Ciudad Portuaria.
Obtuvo en 2014 el diploma de Honor del Senado de la Nación Argentina que se le entrega a personalidades y organizaciones destacadas por promover y proteger los Derechos Humanos de las Mujeres. También participa y publica artículos de manera activa en la Asociación Pensamiento Penal.
Al contrario de lo que ocurre con la mayoría de autoridades judiciales del Chaco, la jueza Saidman se involucra en la disputa por el sentido. No le escapa a la fricción que genera el debate abierto y la discusión de ideas en torno a temas que siempre detonan múltiples grietas, tales como la política de drogas, la prostitución, los feminismos y la violencia institucional.
En sus intervenciones públicas, sobre todo por medio de sus artículos y en sus redes sociales, cuestiona los postulados de la derecha y también de ciertos discursos progresistas dominantes. Para los dogmáticos, es una libre pensadora. Para los fachos, una garantista. Ese lugar aparentemente incómodo que provoca sostener una postura muchas veces no hegemónica, siempre desde la mirada humanista de la justicia restaurativa, es el precio a pagar por inscribirse en “la soledad del desacuerdo”, de la que habla la escritora británica, Doris Lessing, en su poema “Ser rebelde” (texto que la propia jueza compartió en su cuenta de Facebook).
—En una parte de tu libro planteás que es un desacierto no ocuparse de los hombres que ejercen violencia contra la mujer y es erróneo considerar que la obligación del Estado sólo debe limitarse a la mujer maltratada y a sus hijos. ¿Vos crees que se puede recuperar a una persona que violenta a su pareja? ¿Qué se debe hacer con los violentos?
—Hay que aclarar que estamos hablando de niveles, por supuesto. Y sí, hay muchas experiencias al respecto. En la CABA, Neuquén y Mendoza hay programas de reeducación. Porque hoy, al que le dice una guarangada o qué lindo culo que tenés en la calle a una mujer, es un violento, según la ley. Yo no lo considero así. A mí me gusta mucho hablar con los hombres. Que el personal capacitado hable con las mujeres y yo con los denunciados. Creo que eso nos falta. Falta mucho hablar con los denunciados. Ver cuál es su razón de ser. Y vos ves que su razón de ser no puede ser de otra forma, porque han sido criados así. Su personalidad se formó así, cultural y familiarmente. Los adictos al alcohol, por ejemplo, vos ves toda una radiografía familiar que una dice «no puede ser de otra forma». El salirse de esa cadena de la historia es muy compleja. Y yo creo que conversando se aprende también el por qué. Yo sé que cuando hago una exclusión de hogar, es decir sacar a un tipo de la casa o un hijo denunciado por adicto, yo lo estoy sacando a la calle. No a la casa del fin de semana de Colonia Benítez, porque nosotros trabajamos con los sectores más vulnerados. Entonces el desafío es mayor al encarar cada causa. ¿Cómo la vas a encarar? Cuando son personas mayores hablar con los hijos. De ver quién se hace cargo del viejo este que toda la vida fue un hijo de remil y que hoy la señora tiene 67 años y no lo aguanta más. ¿Qué le voy a pedir a ese señor? ¿Que cambie a los 70? ¿O que cambie a los 28 cuando él fue testigo y vivió violencia en su casa? Si él no se lo replantea o si el Estado mismo no lo apuntala, no lo ayuda o no le brinda un espacio de reflexión es muy difícil.
—¿Y por qué desde el Estado no se generan esos espacios?
—Porque no hay plata para eso. Es todo muy contradictorio. Todas son proclamas contra las violencias, pero las empleadas del Estado siguen precarizadas, mal pagas, en la línea 137 y en todos los lugares donde se atienden víctimas. Ahí están todos mal pagos y precarizados. Centro de Atención a la víctima hay uno en Resistencia. Andá a ser víctima en Miraflores. Te quiero ver. Hay mucha demagogia. Las compañeras nos dicen que no hay plata ni siquiera para atender a las víctimas y menos va a haber para reformar las masculinidades. Es el huevo o la gallina. Si no reformamos las masculinidades vamos a seguir contando una muerta cada 29 horas.
—Si bien en este último tiempo mermó en cantidad, hubo un momento en donde estalló el fenómeno del escrache en redes sociales a varones acusados de violencia de género. ¿Qué opinás de esa metodología?
—Estoy totalmente en contra. Creo que son procesos de cierta parte del feminismo o del feminismo punitivo, no sé cómo denominarlo. Yo nunca estuve de acuerdo. Creo que sirvió únicamente para generar pánico o mucha resistencia, más entre los pibes. Porque eran pibes. El feminismo no es eso. Nosotras queremos otra Justicia. Otro orden de cosas. Otro Estado. Y no vamos a solucionar con las penas y el orden y los mecanismos que tiene este estado de cosas. Siempre pensé así. No me gusta la palabra machirulo, por ejemplo. No me gusta agredir. Creo que no vamos a ningún lado así.
—Solés repetir en tus redes y en las notas que te hacen que la prostitución no es trata de personas. ¿Por qué te parece importante hacer esta diferenciación y qué pensás de aquellos sectores que rechazan totalmente la actividad de las trabajadoras sexuales al sostener que esta es sólo otra forma de explotación de los cuerpos por parte del sistema patriarcal?
—Es que la prostitución no es trata. La prostitución, cuando es voluntaria y es una elección, claramente no es trata. La trata es otra cosa. La trata es la disposición que hace de una persona a los fines que ese tercero disponga. Hay una grieta enorme dentro del feminismo sobre ese tema porque hay algunas compañeras que pretenden que se respete la voluntad de las compañeras siempre y cuando esa voluntad coincida con la de ellas. Y cuando se trata de prostitución entienden que esa voluntad está viciada. Yo creo que es hora de dejar de menospreciar la voluntad de miles de mujeres que ejercen la prostitución voluntariamente y que no tienen cafiolo. Estas mujeres también hoy pretenden estar sindicalizadas y que su trabajo sea reconocido. Porque el resultado de esta discusión teórica es que las compañeras no tienen obra social, aporte jubilatorio, no tienen nada. Mientras que nosotras, acá, discutimos en los congresos. Y las chicas que están en la calle siguen padeciendo el acoso policial y siguen sin nada.
—¿Considerás que se debería regularizar o legalizar la actividad?
—Si, que le pongan el nombre que quieran. El tema es que estén registradas y que las compañeras puedan hacer un aporte jubilatorio. Que puedan tener una obra social. No que tengan que mentir diciendo que son peluqueras. Siempre tienen que mentir para registrarse. Desde AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas) se lograron varios amparos en ese sentido.
—¿Por qué pensás que hay tantas discusiones y tan fuertes en torno a esto?
—Creo que hay mucho de moral judeocristiana relacionada al tema y que además de todo está la cuestión de qué consideramos violencia. Las abolicionistas consideran que es violencia ejercer sexo sin amor, pero hay consentimiento porque ellas trabajan de eso. Pero ellas consideran que ese consentimiento está viciado. Yo no soy quien para considerar que es consentimiento para una compañera que decidió ejercer la prostitución y no que esté 24 horas en un supermercado y que el dueño la bastardee. Es un grave error del feminismo hegemónico o gubernamental no estar reconociendo esto. En toda la pandemia fue muy complicada la situación de las mujeres que ejercen la prostitución y la verdad que la asistencia del Estado fue muy poca. Mientras nosotros discutimos esto las compañeras la pasan cada vez peor.
—Y la relación de las trabajadoras sexuales y la policía ¿cómo es en el Gran Resistencia? ¿Sigue la persecución o eso quedó en el pasado?
—Antes, me acuerdo que los lunes llegaban los camiones de la Policía llenos de prostitutas y travestis en la calle Brown donde funcionaban los juzgados de Falta. Eso hoy ya no sucede*. Sí tuve el caso de una medida cautelar que me planteó una chica que fue a la comisaría y que ella dijo que era trabajadora sexual y que tenía un cliente que se le enamoró o pretendía tener una relación con ella y que le hacía escena de celos. Este hombre golpeó a otro cliente a la entrada de un motel, entre otras cosas. Yo entonces le dicté una prohibición de acercamiento. Creo que es la primera cautelar que se dicta en el país con estas características. Ella ahí estableció su límite.
—En tus fallos utilizás un lenguaje coloquial y muy llano, algo que no se suele verse en sentencias de otros juzgados. ¿Por qué lo hacés?
—Siempre nosotros usamos en ese lenguaje. Yo estoy muy acostumbrada a hablar así. Yo no hablo con abogados. Yo hablo con las personas y advertimos que no son pocas las mujeres que hacen las denuncias y cuando van al juzgado a ratificarlas nos dicen: «Mire, la verdad es que fue cosa del momento. No quiero tener problemas y no quiero que continúe la causa». Lamentablemente, para el Código de Faltas se nos prohibió la conciliación en casos de violencia contra la mujer. Lo establece la Ley y las Convenciones Internacionales. Sin graduación alguna y sin considerar la voluntad de la víctima. O sea: en esto de protegernos, nos han protegido tanto que nuestra voluntad no existe.
—Te quería preguntar sobre tu posición respecto al tema de la política de drogas. Siempre tuviste una postura pública en favor de la despenalización de la marihuana. ¿Por qué crees que se debe cambiar el estado actual de la legislación y en qué beneficiaria a la población?
—Yo estoy a favor del autocultivo. El modelo uruguayo me parece el correcto. Es una vergüenza el tema de los gastos que significan la penalización y persecución de los consumidores o del que tiene dos plantas en el balcón de la casa. Me parece un gasto de plata en policías, nafta, papeles. Y que además sirve para penalizar y señalar a los pibes. Porque uno va y secuestra unas plantas en el barrio Santa Inés y la gente ahí se entera que el pibe fuma marihuana. Además, todo el proceso termina archivado porque ya la Corte Suprema dijo que corresponde al ámbito privado de las personas. Es urgente que se modifique esa ley. Yo pensé que Alberto Fernández iba a avanzar en esto porque además de ser profesor de Derecho Penal lo manifestó un montón de veces. Yo también siempre mostré mi oposición a la ley de narcomenudeo.
—¿Por qué?
—Porque me parece que es inútil.
—Los fiscales de narcomenudeo te van a responder que hicieron muchísimos procedimientos e incautaron un montón de droga.
—Es que hicieron muchísimos procedimientos, pero en un barrio equis hacen 20 procedimientos y mañana van a haber otros 20 kioscos. Porque esto no es una cuestión que vamos a solucionar con esos procesos porque, en tanto siga habiendo tráfico, el narcomenudeo va a existir. Primero porque es una cuestión socioeconómica. Mujeres que tienen sus kiosquitos de droga en los barrios lo hacen por supervivencia porque venden más que un almacén. En segundo lugar, en tanto uno no pueda tener su planta va a ir a comprar el faso en el narcomenudeo.
—¿Pensás que la despenalización haría descender los niveles de violencia que hay alrededor del mundo del narcotráfico?
—Si, por supuesto. De violencia institucional, sobre todo. Porque la violencia institucional que se ejerce a través del narcomenudeo es tremenda. La policía tiene control de zona, de quién o quién no.
—¿Y despenalizar las drogas en general?
—Es que no es lo mismo que el que te trae 10 kilos de cocaína del que tiene 5 gramos. La tenencia para consumo personal tiene que ser despenalizada. Ya la Corte lo dijo. El tema es que la Ley no se actualiza. Además que con todo ese desgaste no nos ocupamos de la salud mental.
—¿En qué sentido?
—No nos ocupamos de la cantidad de pibes que están muy comprometidos con las adicciones, ya sea al alcohol y otras. El alcohol, por ejemplo, a nadie le importa. Las violencias que ocurren bajo el efecto del alcohol no existen con otras drogas. No hay un pibe que va a ser un lío en la casa o le va a vender la garrafa o los zapatos a la madre para comprar faso. Eso pasa cuando se quiere comprar pastillas, cocaína o alcohol. Y nadie se ocupa. Los dispositivos de salud mental son muy escasos. Ahí también trabajan con personal precarizado, mal pago. Y lo que pasa en el interior es el tema. Acá, en el Gran Resistencia, mal que mal, tenemos una iglesia, un dispositivo de salud mental y otras cosas. Hay alternativas. Pero en el interior no hay prácticamente nada. Y la celda de una comisaría no es el lugar.
*El 11 de junio de 2021 la Legislatura provincial derogó el artículo 73 que sancionaba la prostitución callejera.
