“Las vamos a violar…a matar como perro y vamos a tirar sus cabezas en la calle…vamos a terminar con su raza…indias putas, indias de mierda”. Fueron algunas de las amenazas que la Organización Mujeres Luchadoras Qom La Shepi de la ciudad de Miraflores denunció haber recibido por parte de los líderes de la agrupación campesina Fuerza Criolla, que, además agredieron a sus hijos. Una jueza dictó una medida que prohibió todo tipo de acercamiento y que los obliga a capacitarse en materia de género y diversidad cultural.
Por Brian Pellegrini
El hecho tuvo lugar en horas de la calurosa siesta del 25 de marzo pasado, cuando las mujeres Qom se encontraban acampando alrededor de las 32 viviendas del Plan Techo Digno en esa ciudad de El Impenetrable, a poco más de 300 kilómetros de la ciudad de Resistencia.
Amenazas, hostigamiento, agresiones físicas, forman parte del menú habitual de acciones violentas de las que han sido víctimas históricas las comunidades indígenas en la zona de El Impenetrable chaqueño. Sin embargo, la escalada de violencia ha recrudecido en los últimos años a partir de que los pueblos originarios avanzan con la recuperación de territorios que les pertenecieron ancestralmente y de los que fueron despojados, en muchos casos con aval de los propios organismos estatales.
En esta oportunidad, un grupo de campesinos criollos autodenominada Fuerza Criolla se constituyó en una especie de guardia parapolicial que amedrentó violentamente a las mujeres que acampaban pacíficamente en reclamo de viviendas.
Quienes conocen las particularidades de este conflicto reconocen que este tipo de avances no pueden suceder sin aval del propio intendente local Jorge Frank. El ataque a las mujeres Qom se da, además, en un contexto local en el que existe una medida judicial que ordenó reconocer a una asociación indígena la propiedad comunitaria del Lote 88 que, en parte, es ocupada por pobladores criollos: este es el principal litigio que aviva la tensión y el enfrentamiento entre comunidades indígenas y criollas, en donde sobrevuela una fuerte dosis de racismo, discriminación y desconocimiento del derecho de los pueblos originarios y que en los últimos años el gobierno del Chaco parece decidido a resolver. Esa conflictividad social será abordada con mayor detalle en futuras notas de LITIGIO.
Una resolución judicial inédita
A partir de la denuncia de las mujeres Qom, la jueza de Niñez, Familia y Adolescencia Nº 1 de Juan José Castelli, Liliana Sengher, dictó una medida de protección para ellas y sus familias prohibiendo a los denunciantes acercarse a un radio de 200 metros, además de obligarlos a una capacitación obligatoria en materia de género y diversidad cultural.
La sentencia abarca no sólo las denuncias por las agresiones, amenazas y las lesiones producidas a los niños, hijos de las denunciantes, sino que también dedica un apartado claro para el personal policial, por el que ordena que deberán prestar auxilio inmediato al grupo familiar protegido si así lo requieren y con la sola exhibición del oficio librado por el juzgado.
En su presentación ante la jueza, las mujeres integrantes de la Organización Mujeres Luchadoras Qom La Shepi habían dado cuenta de la inacción policial y cómo se omitieron elevar los informes médicos a la fiscalía, donde constaban las lesiones físicas de los niños y una de las denunciantes. Además, plantearon ante la jueza que habían realizado varias denuncias anteriores a este hecho en la Comisaría de Miraflores, pero no habían sido registradas por el personal policial, ya que algunos poseen vínculos familiares con los denunciados.
De los distintos informes surgió la extrema vulnerabilidad de estas familias. En razón de estas pruebas también se informó a los organismos del Poder Ejecutivo para que presten la asistencia obligatoria. En este caso, la que deberá tomar cartas en el asunto es la Unidad de Protección Integral “Región Impenetrable”, que depende de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social.
En diálogo con LITIGIO, la abogada de las mujeres Qom, Carolina Aquino, valoró el fallo judicial y destacó que la medida “no solamente los considera como agresores individuales sino como referentes de una organización mayor” a la hora de imponerles la realización de una capacitación en género y diversidad cultural.
