La quinta jornada del juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí se llevó a cabo este martes, en el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” (Ex ESMA). Declaró el sociólogo, Marcelo Musante; el historiador, Nicolás Íñigo Carrera; los antropólogos, Lena Davila y Carlos Salamanca; el exaviador militar, Alejandro Covello y las archivistas, Alejandra Aragón y Eva Nazar. Brindaron detalles del contexto histórico, el trasfondo económico y las pésimas condiciones de vida de los indígenas. También se dieron datos respecto al avión biplano que sobrevoló la reducción de Napalpí, previo a la matanza.
Miércoles, 11 de mayo de 2022
Por Bruno Martínez (Cobertura conjunta con Agencia Perycia)
El contexto histórico, el trasfondo económico, las condiciones de vida, los documentos recabados y el avión biplano que sobrevoló Napalpí. Estos fueron algunos de los tópicos que se abordaron este martes en lo que fue la quinta audiencia del juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí.
A diferencia de las anteriores, que se llevaron a cabo en el Chaco, en esta oportunidad el juicio se realizó en el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” (ex ESMA), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las partes estuvieron representadas por los fiscales, Diego Vigay y Federico Carniel, en representación del Ministerio Público Fiscal. Por la secretaría de Derechos Humanos del Chaco, querellante en la causa, estuvieron presentes la secretaria de la cartera, Silvana Pérez; la subsecretaria, Nayla Bosch y el abogado patrocinante, Duilio Ramírez. En tanto que el abogado Emiliano Núñez fue el encargado de representar a la querella por parte del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH). La jueza, Zunilda Niremperger, fue la encargada de dirigir las acciones.
Marcelo Musante inició la ronda de testimonios. Sociólogo, docente e investigador, Musante es autor de diversas publicaciones que dan cuenta del genocidio indígena en Argentina, entre ellos, el ocurrido en Napalpí.
El investigador centró su testimonio en la información que recopiló hasta el momento respecto del funcionamiento de las reducciones, al que denominó como un sistema de “concentración, disciplinamiento y sometimiento de las comunidades indígenas”. El mismo, según explicó, fue copiado de Estados Unidos.
Recordó que las reducciones existieron en Argentina entre 1911 y 1956, y que Napalpí no fue la única. También estaban las de Bartolomé de las Casas, Muñiz y Ameghino, en la provincia de Formosa, las cuales llegaron a funcionar en simultáneo.
“Hubo momentos en el que llegaron a haber siete mil personas reducidas”, contó Musante y señaló que, en 1915, en Napalpí, había 1.600 personas; en 1936, 2.800 y en 1937 el número ascendía a 3.100 indígenas.
En este sentido, consideró que las condiciones en las que estaban las comunidades en Napalpí hacían que fuera “inevitable en algún momento determinado ocurra una masacre”. Para fundamentar esta afirmación señaló dos ejes: uno, vinculado con lo que era el afuera de las reducciones, y otro con el adentro.
“En el afuera, entre 1911 y 1956, en una gran parte de ese período en que funciona Napalpí, toda esa región de Chaco y Formosa era un territorio aún militarizado”, señaló Musante. “Eso es muy importante para entenderlo porque explica también por qué comunidades indígenas aceptaban ir a la reducción. En el afuera, eran sujetos de ser detenidos y asesinados, todavía en el marco de las campañas del desierto”, aseveró.
“Un hecho planificado”
El especialista también afirmó que la masacre no se decidió de un día para el otro sino que fue “un hecho planificado”. A través de imágenes que se proyectaron en la gran pantalla gigante que se instaló detrás de la jueza Niremperger, Musante compartió documentación que prueba la presencia de tropas apostadas en la cercanía de Napalpí desde el 16 de mayo de 1924, dos meses antes de la matanza.
Respecto del funcionamiento en sí de las reducciones, Musante mostró la portada del “reglamento para el personal de las reducciones de indios”, una suerte de manual de instrucciones que funcionaba como ley suprema del lugar.
“Este es un reglamento que va a definir los roles de las diferentes personas que van a formar parte de la administración. Y que también va a definir la mirada que hay sobre el indígena”, graficó. Existieron tres reglamentos destinados a tres grupos diferentes: uno para el personal de las reducciones, otro para los indígenas de Napalpí y otro para los indígenas de Bartolomé de las Casas.
Para dar una idea de la mirada que había hacia el indígena, en el reglamento para el personal se menciona la palabra “vigilar” o “vigilancia” 26 veces en 25 páginas. Respecto a la función del administrador, el reglamento señala que es “la primera autoridad de la reducción, el único juez dentro de ella”.
“Hay imágenes de las condiciones en las que estaban los indígenas que son inmostrables”
“Hay una arbitrariedad sobre lo que puede hacer el administrador, como casi un estado de excepción”, explicó Musante. “Algo interesante para mencionar de este reglamento”, abundó el especialista, “es que ninguna de las personas que entrevistamos de la reducción Napalpí o de las reducciones de Formosa conoció jamás este reglamento. Por lo cual los sujetos indígenas reducidos eran castigados y estaqueados, pero no sabían por qué”, contó.
“Otra cosa que se recuerda mucho de este sistema burocrático de control era que de noche se cerraba, que tenían rejas. Los indígenas no podían pasar por allí. También se habla mucho de las rondas. Todos los capataces salían a la noche a hacer rondas para ver cómo estaban trabajando los indígenas”, abundó.
Musante comentó además que en la reducción Napalpí los niños indígenas no iban a la escuela, la cual estaba reservada para los hijos de los empleados de la administración. Esto colisionaba con la idea de “formar a los chicos indígenas” que pregonaba el primer administrador de la reducción Napalpí, Enrique Lynch Arribálzaga.
Al referirse a las condiciones sanitarias de las familias indígenas en las reducciones, Musante las tildó de “paupérrimas”. “Los informes son desbastadores”, aseguró. “Hay imágenes de las condiciones en las que estaban los indígenas, donde les sacaban fotos desnudos, que son inmostrables por la violencia”, dijo.
“Las reducciones fueron fundamentalmente un sistema de explotación laboral”, remarcó Musante, al tiempo que mostró una imagen de lo que era una suerte de planilla de trabajo donde se le hacía poner el pulgar como forma de registro.
El dinero con el cual se sostenían las reducciones salía, justamente, de ahí, del sudor y la sangre del indígena. Con su explotación se pagaban los sueldos a quienes formaban la administración a los miembros de la Comisión Honoraria de Reducciones Indígenas, que funcionaba en Buenos Aires y también a las misiones religiosas que operaban en los territorios. Es decir, que se sustentaba a curas y a monjas.
“Rufina Chico” se leía en otra de las imágenes que aportó Musante para ejemplificar el modo en el que se abonaba la mano de obra en la reducción. El nombre de la tía del historiador Qom, Juan Chico, quien falleció el año pasado a causa de la COVID-19, aparece en un recibo de 1938 entregado por la administración de la reducción en donde se le abona 5,40 pesos moneda nacional por recolectar 10 líneas de algodón de 540 metros de largo cada una, al precio de 10 centavos los cien metros.
Musante comentó además que se encontró con una gran cantidad de listados en los cuales la administración califica con términos poco sutiles a los indígenas a los que considera prescindibles y los castiga con la expulsión de la reducción. Quienes eran echados del lugar debían sufrir la interperie de lo que era un territorio militarizado en el marco de la aún vigente “campaña del desierto”, bajo el peligro constante del fusil policial.
En un listado de 1931, la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios explica que algunos indígenas fueron echados porque “formó parte de la sublevación de 1924/25”, “fue espía del elemento revoltoso durante la sublevación del año 24/25”, “ineptitud completa al trabajo”, “inadaptable”, “tuberculoso”, “curandero”, por ejercer “propaganda insidiosa contra la administración” o “por desacato a la administración”.
El abogado querellante, Duilio Ramírez, preguntó si el ingreso a las reducciones era libre. “Yo no lo definiría como libre”, respondió Musante. “Entraban en grupos familiares. En Bartolomé de las Casas, por ejemplo, uno puede ver que entró Garcé, un reconocido cacique Pilagá, con 300 o 400 personas. Eso tiene que ver con las negociaciones que les propone el Estado. Mientras va conquistando territorios se les propone a los indígenas que ingresen a las reducciones, pero no se puede pensar como un espacio de libre acceso”, añadió.
“Cuando ingresaban a la reducción, a los indígenas se les entrega elementos de labranza, ropa y automáticamente eso le genera una deuda con el almacén y la administración. Incluso los fletes que se le cobraba al administrador por mandar el algodón a Quitilipi se les descontaba a ellos”, explicó. “Todos los indígenas van a estar siempre en deuda. Y este poder de la deuda va a generar una gran presión en las familias”, contó.
“Nadie quería hablar del tema”
Nicolas Iñigo Carrera tiene 76 años y es uno de los más importantes referentes de la historia del movimiento obrero argentino. Es investigador principal del CONICET y autor de los libros “La colonización del Chaco” (1983); “Campañas militares y clase obrera. Chaco, 1870 1930” (1984); “La alianza de obreros y campesinos en la emergencia de un movimiento social. Chaco, 1934-1936” (1991); y “Génesis, formación y crisis del capitalismo en el Chaco”, (2011).
Comenzó su exposición con un panorama de cómo era el contexto económico de Argentina y el mundo a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Recordó que en ese tiempo se dan dos grandes campañas militares: una la encabeza Julio A. Roca, en 1879, y la otra, Benjamín Victorica, en 1884. La primera se da en la Pampa y la Patagonia y la segunda en el Chaco.
“Ahí se puede establecer una primera diferencia, porque mientras en la conquista militar de la Patagonia lo que predomina es un proceso de expulsión de la población, en la zona chaqueña más bien lo que se trata es de fijar una porción de la población al territorio con el objetivo explícito de que se constituyan como un brazo barato y aclimatado para las industrias que se quieren instalar allí”, explicó. Las actividades que más requerían a este trabajador indígena explotado eran la madera y la caña de azúcar.
Luego, a comienzos de la década de 1920, aparece un nuevo producto en la zona, muy requerido por el mundo de ese entonces: el algodón. “En el mercado algodonero se produce un cambio alrededor de los años 20 que es cuando hay una peste que afecta al algodón en EEUU que hasta ese momento era muchísimo más de la mitad de la producción mundial”, reseñó. “Ahí es donde el gobierno argentino ve la posibilidad de abrir un espacio a un nuevo producto de exportación porque en Argentina no había industria textil”, explicó.
“El indígena era un brazo barato para las industrias, aclimatado y adaptado a la zona”
En ese momento se inicia un proceso de redireccionamiento de la mano de obra que ahora se la requiere en los algodonales. “El problema que los colonos de Quitilipi plantean al gobierno territorial es que faltaban brazos para recoger la cosecha y esto se daba fundamentalmente porque los indígenas chaqueños iban a trabajar a los ingenios azucareros de Salta y Jujuy”, remarcó Carrera.
Para frenar este éxodo hacia las zafras, y ante el reclamo de los colonos, el gobierno territorial decreta en 1924 la prohibición de salida de los indígenas del territorio nacional del Chaco bajo el argumento de que son explotados en los ingenios azucareros, pero con la clara finalidad de que esa mano de obra no emigre.
A este panorama de imposibilidad de circular libremente por el norte del país, los indígenas del Chaco comienzan a padecer otro tipo de limitaciones como la prohibición de cazar al norte de Quitilipi y de comerciar por fuera de la reducción.
“Es decir que se hace como un embudo para que el único lugar donde puedan obtener dinero sea trabajando en la cosecha de algodón, dentro del Chaco”, graficó. Esta situación generó un rechazo tal que se inicia una concentración de indígenas en la reducción quienes se niegan a trabajar. Los colonos, posteriormente, denuncian que los indígenas realizan pequeños robos en la zona, de ganado sobre todo, que lo hacen para poder subsistir.
“Se crea una situación en la cual el gobernador (del Territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno) va a negociar en lo que él llama ‘una huelga’. Hace una serie de promesas que no cumple, con lo cual la movilización se potencia y apela a un término que a mi generación le resulta familiar: dice que esa huelga tomó ‘ribetes subversivos’. Y, por lo tanto, va a ser reprimida”, señaló Carrera.
Es ahí cuando se envía a la policía del Territorio con apoyo de algunos civiles. Rodean la concentración y se produce la masacre. Matan a hombres, mujeres, ancianos y niños. Algunos son mutilados y los restos de los líderes son exhibidos en la comisaría de Quitilipi.
Por otra parte, el historiador contó que fue testigo directo del miedo que persistía en las comunidades indígenas de la zona donde ocurrió la matanza, incluso casi 50 años después de los hechos. Recordó que siendo estudiante participó en 1970, en el Chaco, de una investigación denominada “Situación indígena y políticas para su integración a la comunidad nacional”.
“Me tocó una parte del trabajo en el lote 40 de Colonia Aborigen, relativamente cerca del lugar de la masacre. Uno naturalmente preguntaba qué había pasado, pero lo primero nadie quería hablar del tema. Y cuando se hablaba, hacían referencia a unos ‘malos dirigentes’ que los habían llevado hacer esa ‘mala rebelión’, rechazando totalmente su propia historia”, relató.
“Silenciamiento institucional”
“Que haya Memoria, Verdad y Justicia también para los pueblos originarios”, dijo Lena Davila Da Rosa, al ser consultada por la jueza Niremperger sobre el interés particular que persigue con este juicio.
De 39 años de edad, Davila es doctora en Antropología por la Universidad de Buenos Aires, investigadora de la UBA y asesora de la Administración Pública Nacional. Es autora, entre otros trabajos, del libro “Reservas, asimilación, aniquilamiento. Los dilemas del progreso en la polémica R. Lehmann-Nitsche – J. B. Ambrosetti” (2011) y “Los silencios y las voces de la antropología argentina. La masacre de Napalpí, 1924”, aún inédito.
Al presentar su testimonio, la antropóloga se refirió a lo hecho por el médico y antropólogo alemán, Robert Lehmann-Nitsche, figura que se repite cada vez que se habla de Napalpí, debido a la importantísima documentación que conservó y cuyos originales se encuentran disponibles en el Instituto Iberoamericano de Berlín.
Lehmann-Nitsche nació en 1872 en Radomitz, Prusia. A los 25 años llegó Argentina donde se hizo cargo de la sección antropológica del Museo de La Plata. En 1930 se jubiló y regresó a Alemania donde murió ocho años más tarde. En 1924, y durante varios días, Lehmann-Nitsche se instaló en la zona de la reducción indígena donde se dedicó a estudiar los mitos e ideas astronómicas de los Qom. Allí tomó muchas fotografías, entre ellas la del tristemente célebre avión que sobrevoló el cielo de Napalpí, previo a la matanza.
Davila sostiene la teoría que Lehmann-Nitsche fue testigo de la masacre, a pesar del estruendoso silencio que hizo sobre la misma. Contó que el 11 de julio de 1924, ocho días antes de la matanza, el antropólogo le envió un telegrama al por ese entonces director del Museo de La Plata, Luis María Torres, para comunicarle que su acompañante, Alberto Merkle, jefe de taxidermia del Museo de La Plata, habían llegado bien a la reducción.
“Esta fuente es importante porque los ubica a ambos (Merkle y Lehmann-Nitsche) como testigos de sucesos previos que culminaron en la masacre”, sostuvo Davila. Y eso no es todo: un día después de la matanza, el antropólogo alemán le envió otra misiva a Torres en la que le dice que hace dos semanas que estaban ahí y que los “acontecimientos” (léase “la masacre”) influenciaron muy poco en su tarea y por eso pensaban quedarse una semana más. “En este punto es importante destacar que ni Lehmann-Nitsche ni el Museo de La Plata se pronunciaron al respecto. Hubo un silenciamiento a nivel institucional”, denunció Davila.
La correspondencia también fue una prueba para ratificar que en Napalpí se produjo una masacre. La antropóloga señaló que, en el Instituto Iberoamericano de Berlín, donde están los archivos de Lehmann-Nitsche, se logró obtener las cartas que Lynch Arribálzaga le envió al antropólogo alemán durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1924.
En la carta del 18 de septiembre de 1924, Linch Arribálzaga hizo mención a las atrocidades cometidas contra los indígenas. “Por fortuna, ustedes se hallan fuera del alcance del machete policial chaqueño”, le escribió al médico alemán y al taxidermista Merkle. “Los testigos calificados de las atrocidades cometidas contra los indios son ustedes y están dispuestos a declarar ante la comisión investigadora que se nombre”, señaló en referencia a una futura comisión de la Cámara de Diputados de la Nación.
“Por fortuna, ustedes se hallan fuera del alcance del machete policial chaqueño”, escribió Linch Arribálzaga a Lehmann-Nitsche y Merkle, tras la masacre
“Se los prevengo a ambos por consiguiente para que estén prevenidos por si llegan a molestarlos, interrogándolos por medio de esa policía (en relación a la chaqueña). Es por eso que ustedes deben ser lo más parcos de palabras que puedan y sobre todo procuren evitar dar el nombre de ningún residente en el territorio que haya colaborado en la pesquisa para no exponerlo a persecuciones. Por fortuna ustedes se hallan lejos”, sostuvo Linch Arribálzaga, citado por la Davila.
Además, como parte del relevamiento de fuentes y su entrecruzamientos, la antropóloga relevó el diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación y el debate en torno a la masacre de Napalpí, entre los 1924 y 1925. En este contexto, el diputado socialista, Francisco Perez Leirós manifestó en relación a la masacre la necesidad de exponer estos hechos y, como parte de su interpelación, cita una carta de Linch Arribálzaga fechada el 29 de agosto de 1924.
“La matanza de indios por la policía del Chaco”, dice Linch Arribálzaga citado por Pérez Leirós, “continúa en Napalpí y sus alrededores”. “Parece que los criminales hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaban presentes en la carnicería del 19 de julio y el campamento de concentración de los tobas para que no pudieran servir de testigos si viniera la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados”, añadió el exdirector de la reducción indígena.
“Cuando (ocurrió) la matanza general de aquel día, la mujer de Maidana (en referencia a Pedro Maidana, uno de los líderes de la protesta, asesinado brutalmente) logró salvar a dos de sus hijos que tenían las piernitas quebradas y se ocultó en el bosque junto con dos mujeres más. Pues bien, hace como 20 días el comisario Machado tuvo noticias por un chacarero de las cercanías de la existencia de esos infelices e inmediatamente fue con una comisión en su búsqueda. Consiguió encontrarlos y ultimó a los niños. Solo pudieron escapar las mujeres. Felizmente sabemos dónde se han refugiado y sabemos que van a poder dar oportunamente su testimonio”, describió Linch Arribálzaga, aún esperanzado con que el Congreso investigue la matanza, algo que finalmente nunca ocurrió.
Davila remarca en este sentido que las fuentes a las que tuvo acceso no dejan dudas sobre la represión, la persecución, el asesinato y el genocidio de los indígenas que participaron de la protesta por mejores condiciones laborales. “La historia oficial y el Estado argentino han intentado a través de los años silenciar lo ocurrido”, sentenció.
“La máquina de la civilización”
Alejandro Covello es aviador militar retirado, cronista e investigador. Desde hace más de dos décadas se desempeña como piloto de línea aérea, y desde 2013 es asesor de investigación de accidentes en el transporte. Coordinó y participó como autor de varios libros sobre la temática, entre ellos “Batallas Aéreas -Aviación, política y violencia. Argentina 1910 – 1955” (2018), donde registra sucesos históricos que contaron con logística aérea para su cometido violento contra poblaciones civiles desarmadas.
“Estos hechos y esta verdad tienen que ser incorporadas a la historia de la aviación argentina y a la formación de los aviadores militares y civiles, porque fueron delitos de lesa humanidad”, sentenció Covello al iniciar su testimonio.
El fiscal Carniel le preguntó por su trabajo de investigación en el libro “Batallas Aéreas…” y puntualmente sobre el capítulo que se refiere al avión que se utilizó previo a la masacre de Napalpí. El piloto respondió que ese trabajo tiene como eje analizar los hechos en que el “artefacto avión” participó en represiones, escarmientos y sembrar el terror.
Dijo que la génesis de su investigación fue un intento por encontrar algún hilo conductor, alguna mirada histórica desde el punto de vista de la aviación, que pueda explicar el bombardeo a la Plaza de Mayo perpetrado el 16 de junio de 1955 a manos de un grupo de militares golpistas.
Dijo que, al buscar registros anteriores a ese hecho, se topó con lo ocurrido en la Masacre de Napalpí. “Es un hecho fundamente porque es la primera vez que se utiliza el artefacto avión en el país como armamento de guerra sobre nuestro territorio y en contra de habitantes de nuestro territorio”, explicó. “En 1924″, resumió Covello, “se inauguró el escarmiento, el castigo y el terror desde el aire en la República Argentina”.
Recordó que los pioneros en hacer este tipo de incursiones violentas desde el aire fueron los europeos sobre los indígenas de sus colonias al norte de África, en 1914. La misión que tenían esos aviones era policial, de escarmiento, de castigo y para sembrar el terror. Además, este tipo de excursiones punitivas eran menos costosa en dinero, hombres y tiempo. El castigo desde el aire se podía realizar rápido y a un costo menor, señaló Covello al citar a un periodista británico de principios del siglo XX. “A raíz del éxito que tuvieron estas misiones, la Real Fuerza Aérea la llama ‘la máquina de la civilización’”, sostuvo, en alusión al aeroplano.
El modelo del avión utilizado en Napalpí era un biplano Curtiss “Jenny” o JN. El mismo fue donado por el Ejército al Aeroclub del Chaco en 1923. De acuerdo a imágenes y documentos de la época, se puede confirmar que el piloto fue el sargento Emilio Esquivel y el copiloto era el norteamericano, Juan Browiz. Aunque hay pocos testimonios que así lo reseñen, Covello sostiene la teoría de que Browiz, además de arrojar caramelos hacia los indígenas en huelga, con la intención de que se aglomeren y de este modo eliminarlos de manera más efectiva, también lanzó bombas químicas.
“¿Qué hacía un civil de nacionalidad estadounidense arriba de un avión militar destinado a una institución civil que era el Aeroclub cuya misión era el fomento?”, se preguntó Covello. Y se respondió: “Creo que la respuesta la dio Iñigo Carreras al referirse a los intereses estadounidenses en la cosecha de algodón”.
Días después de la masacre, el accionar de los aviadores que brindaron su apoyo aéreo en Napalpí fue destacado por las autoridades del Territorio Nacional del Chaco. Covello contó que el fallecido historiador Qom, Juan Chico, le mostró una carta firmada por el gobernador Fernando Centeno la cual está dirigida al presidente del Aeroclub, Agustín Cabral (hijo). La misma tiene fecha del 26 de julio de 1924, una semana después de la matanza.
“En Napalpí, es la primera vez que se utiliza el avión en Argentina como armamento de guerra”
“Me es grato dirigirme al presidente”, dice Centeno, “para agradecer la valiosa colaboración prestada a este gobierno por esa entidad en su digna presidencia, aportando un aparato de aviación tendiente a coadjuvar el sofocamiento de la última sonada indígena”.
“Al mismo tiempo”, añade, “complázcame en recomendar a su alta consideración el comportamiento brillante que en esta emergencia tuvieron el sargento piloto militar Don Emilio Esquivel, y su acompañante piloto aviador Juan Browiz, quienes observaron estrictamente las instrucciones que le fueron dadas en oportunidad de sumadas a su pericia correspóndanles en parte al éxito de la solución feliz y rápida del referido levantamiento indígena que llegó en cierto momento a culminar con características de extrema gravedad”.
“Ocultamiento y negación”
Las archivistas Eva Mariana Nazar Gaule y Alejandra Aragón brindaron testimonios complementarios respecto al trabajo que realizaron al recabar información del Archivo General de la Nación.
Nazar explicó que ante el requerimiento realizado por la fiscalía Federal de Resistencia, en 2014, sobre documentos referidos a la reducción Napalpí, las condiciones de vida que había en ese territorio durante esa época y sobre la masacre en sí, se apeló a documentación producida por el Ministerio del Interior.
También se presentaron los informes de la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios, de los años 1911 a 1930, y del primer delegado de la reducción Napalpí, Lynch Arribálzaga. Asimismo, se aportó documentación sobre los legajos del gobernador Centeno; del secretario, Pedro Outes; los legajos del personal policial y una gran cantidad de expedientes generales.
“Uno de los documentos presentados por el Archivo General de la Nación es el expediente 19.018 de 1924, que fue iniciado por la Cámara de Diputados pidiendo todos los informes que obraran en poder del Ministerio en relación a los sucesos de Napalpí”, comentó Nazar.
“Este pedido es posterior a la interpelación realizada al ministro del Interior en el Congreso de la Nación, solicitada por el diputado (socialista, Francisco) Pérez Leirós. El ministerio tardó más de un año en responder. Al no recibir la documentación, la Comisión de Territorios Nacionales volvió a solicitar la documentación en un tono de enojo por la demora. Finalmente le es enviado al Congreso el expediente 10.492, del año 1924 que fue caratulado como ‘Sublevación de Indios’”, recordó.
“Hubo un intento sistemático de ocultamiento, negación y de no querer investigar aquello que había sucedido”
La archivista comentó que recientemente se pudieron encontrar documentos que se creían perdidos respecto del dictamen en minoría de la Comisión de Territorios Nacionales en el que se solicitaba la creación de dos comisiones investigadoras para dilucidar lo ocurrido en Napalpí, en 1924, sobre todo en relación a la conducta de las autoridades del Chaco. Ese dictamen, finalmente, fue rechazado en el recinto.
“Lo que podemos ver del debate parlamentario que se plasma es el intento sistemático de ocultamiento, negación y de no querer investigar aquello que había sucedido. El dictamen de minoría dice que si bien es cierto que un fallo judicial no establece responsabilidades criminales de las tropas que tomaron parte en la matanza indígena llevada a cabo el 19 de julio de 1924, eso no exime a los funcionarios de las responsabilidades administrativas”, reseñó Nazar.
Complementario a este testimonio, su colega, Alejandra Aragón, sostuvo que la documentación relevada prueba de manera abundante que los indígenas de Napalpí, durante todo el período que se relevó, fueron considerados como “pacíficos”, algo que contrasta con la versión oficial de ese entonces, que hablaba de un violento alzamiento indígena que fue reprimido por la fuerza pública.
“Incluso en los momentos en que no hay nada para comer y hay un temor a la sublevación y se considera que el estado de los indígenas es de agitación, tampoco se registra un malón de manera posterior”, explicó Aragón.
Por otra parte, señaló que de acuerdo a los documentos del Archivo General de la Nación se pueden dilucidar que la reducción Napalpí nunca logró funcionar adecuadamente y sostener a sus pobladores indígenas, ya que atravesaba permanentemente crisis financieras. Y también que las condiciones de vida de los indígenas de Napalpí eran muy malas, la alimentación era pésima y tenían serios problemas de salud.
“Violencia colonial y espacial”
Carlos Salamanca Villamizar tiene 48 años, nació en Bogotá y es argentino por elección. Arquitecto y doctor en antropología, Salamanca es investigador del CONICET con una vasta experiencia en trabajos antropológicos con pueblos indígenas en Argentina, Colombia y Guatemala. Entre otros artículos, es autor de “Revisitando Napalpí: por una antropología dialógica de la acción social y la violencia”, publicado en Revista RUNA, en 2010.
Ante la jueza Niremperger, Salamanca recordó que su inmersión en Colonia Aborigen, donde ocurrió la masacre, se dio entre los años 2005 y 2010. Fue en el marco de un proyecto de saneamiento hídrico en la línea Tapenagá, que derivó en un conflicto con las comunidades indígenas del Lote 38 debido a que las máquinas retroexcavadoras iban a remover terrenos sin el consentimiento de las comunidades.
“Ahí se genera un proceso de negociación y observaciones por parte del Banco Mundial que dan lugar a un plan de desarrollo indígena que yo participo como consultor antropólogo”, explicó. “Como consecuencia de la articulación que se dio en la Colonia, me veo en la obligación de visitar distintos parajes de la colonia durante estos años para establecer distintos tipos de participación en torno a estos proyectos, que se tratan de reservorios de agua, construcción de una escuela en Cacica Dominga, la refacción del Centro Comunitario y proyectos productivos”, abundó.
En ese contexto, se involucró con diferentes hombres y mujeres indígenas del lugar. “En conversaciones cotidianas venía una y otra vez una pregunta por la identidad que yo no había visto en otras partes”, recordó. “Y no es un dato menor que esa pregunta por la identidad siempre estaba asociada a la pregunta por la masacre. Por qué ocurrió, por qué a nosotros, por qué de esa manera, por qué con tal violencia”, enumeró Salamanca.
“La masacre no sólo son los hechos de 1924, sino que hablaban de toda una serie de experiencias vividas antes y después de 1924 en Colonia Aborigen y afuera de la reducción”, recordó. “Toda esa violencia que tiene que ver con la explotación económica, discriminación, explotación y despojo de sus territorios, toda esa heterogeneidad de violencias puede ser agrupada bajo la definición que es la violencia colonial”, agrupó.
“Claramente estamos frente a un hecho de violencia colonial donde vemos a una sociedad que intenta imponerse sobre otra, que intenta explotar los cuerpos y recursos, que tienen que ver con los lenguajes y discursos que apuntan a la explotación del otro, pero también con la autoproclamación de sí mismo como el detentor de la civilización. Napalpí es un ejemplo de violencia colonial”, señaló.
“Los indígenas se refugiaron primero en el monte pero el refugio definitivo fue la chacra y la plantación, que fue el único lugar habilitado para los Qom en el nuevo Chaco en construcción. Un indígena proletarizado, en silencio, cosechando, plantando, hachando. De la salida a la caída del sol. Y en eso se refugiaron para no hablar de la masacre sino también sin hablar en su idioma materno”, abundó.
Para el investigador, la masacre también es un claro ejemplo de esa violencia colonial por su revés. “A Napalpí llegan familias huyendo. Son confinadas familias despojadas de sus tierras, de quienes han sido vencidos y terminan siendo reducidos. Las 20 mil hectáreas de Napalpí puede verse como la contracara de un despojo que se extendió desde el norte de Santa Fe hasta el Río Pilcomayo. Ese despojo fue impulsado y legitimado por el Estado, la Iglesia y por otros actores coloniales”, indicó.
El antropólogo también se refirió a otra violencia: la espacial. Al desmonte a gran escala a la que le siguió una producción de algodón cada vez más intensiva, con el correspondiente agotamiento del agua y de los suelos, le siguieron dos obras de infraestructura que afectaron severamente a las poblaciones del lugar: la que recoge excedentes de agua de la zona de producción algodonera de Sáenz Peña, que se trajeron inundaciones en los años 80, y la derivación de los líquidos cloacales de la municipalidad de Quitlipi.
“Además de estas obras de infraestructura, los habitantes recuerdan el despojo de más de dos mil hectáreas por parte de dos terratenientes”, señaló Carrara. Esta última acción, como las dos anteriormente mencionadas, se dieron durante la dictadura de Videla, Masera y Compañía.
