Tras confirmar que se jubilará en diciembre del año que viene, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rolando Toledo, concedió una entrevista exclusiva a LITIGIO donde habló de todo. El balance de su paso por el STJ, lo que espera de su futuro reemplazante, su pelea con diario Norte y el rol que tuvo en la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) durante la dictadura. Contó detalles de su paso por los gobiernos de Ángel Rozas y relató además un episodio poco conocido que ocurrió previo al último golpe de Estado que lo tuvo como protagonista. “La Justicia del Chaco es una de las mejores del país”, aseguró.
Viernes, 17 de diciembre de 2021
Por Bruno Martínez
Rolando Toledo toma entre sus dedos gruesos una pequeña servilleta de papel. La mira, la dobla y luego se la lleva hacia su ojo derecho, después al izquierdo. Seca algunas lágrimas. Toledo llora.
Llora con un llanto contenido, haciendo breves silencios para tratar de incorporarse y seguir hablando. Su mirada, de a poco, se pone roja y acuosa. Su boca se tensa.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco repite esta escena en dos oportunidades a lo largo de esta entrevista que dura poco más de 50 minutos. Lo que logra tocarle esa fibra sensible es una pregunta vinculada a un hecho de su actividad como un joven abogado litigante en el Chaco en el año 1975, pocos meses antes del último golpe de Estado.
El momento en el que se quiebra no es grato para quien lo observa, pero tampoco llega a ser del todo incómodo. Parece uno de esos instantes donde una persona que vive con la guardia alta, abruptamente la baja y queda en carne viva, movilizada por algún recuerdo escondido que reaparece en la conciencia y que se resignifica por hechos recientes.
Este llanto, el de Toledo, un hombre de 68 años a punto de jubilarse, parece sincero, un síntoma del fin de un ciclo. Y también, sobre todo, una suerte de descarga respecto de lo que él siente como una injusta y sostenida acusación pública contra su persona por su presunta colaboración con la dictadura.
Pero eso vendrá en un rato.
***
Es una tarde de diciembre en el edificio del STJ, más precisamente en el tercer piso, donde está el Salón de Reuniones.
El reportaje está pautado para las 19, pero Toledo llega unos minutos más tarde. El responsable de la Dirección de Ceremonial y Prensa, Maximiliano Castells, acompañó a LITIGIO en la breve espera.
―Ahí viene― anuncia Castells.
Cuando Toledo ingresa a esta oficina, lo reciben Castells y otra empleada del STJ. Casi no cruzan palabras con él. Le preguntan algunas cuestiones operativas respecto de qué se le ofrece y poco más. Con su llegada se hace un silencio imperial. Un respeto denso que se parece al miedo.
Este cronista le avisa que antes de arrancar le tomará algunas fotos. Toledo se mueve donde se le pide para mejorar la toma. Durante la fugaz sesión fotográfica, el juez no habla. No hace chistes. No comenta sobre su tarde. No sonríe. Su cara es de póker, casi de fastidio. Termina la sesión, se sienta, se desprende el saco, le traen un termo, mate y un plato con chipacitos. Recién hablará cuando se encienda el grabador.
Esta actitud recia e intimidante se irá ablandando al transcurrir la charla. Charla que comienza con el juez dando directivas del modo en cómo debería ser la entrevista. No sobre las preguntas en sí, sino respecto de la temporalidad: hablar primero de su pasado y terminar con su presente. Mientras mastica un chipacito, dice que si se empieza por la actualidad es muy difícil volver hacia atrás. LITIGIO le responde que, al igual que en el cine, en los reportajes no es obligatorio respetar una línea temporal. A veces se puede empezar a preguntar por el final. O ir y venir en la historia. En este caso, la suya.
―Como Memento― compara Toledo, en alusión a la película de Christopher Nolan.
***
―¿Se jubila el año que viene?
―Si. Me voy a jubilar en diciembre de 2022. Cumplo 70 años el 28 de enero de 2023.
―Eso tiene que ver con la reforma constitucional de 1994, que determina que los jueces deben jubilarse a esa edad, ¿no?
―Así es.
―¿En ningún momento se le ocurrió presentar un amparo para poder continuar o presentarse al concurso para renovar su mandato?
―No. Creo que cumplí un ciclo. Me he esforzado mucho. He tenido mucho trabajo en el Superior Tribunal. Año tras año he ido tratando de concretar aspectos que hacen a la evolución y el desarrollo de la Justicia y lo último que quería terminar era con la digitalización y la oralización. Y como eso el año que viene va a estar implementado en todos los fueros y en todas las materias y en toda la provincia creo que ya es hora de dejar a alguien nuevo, que venga con otras ideas. En este tiempo de grandes cambios y grandes exigencias para la Justicia siempre viene bien que un nuevo motor desarrolle nuevas visiones, tenga distintas perspectivas y relaciones. Voy a cumplir 70 años en 2023. Y quiero dedicarme a disfrutar un poco de la vida durante los años que me quedan. Por supuesto no voy a pasar al ostracismo porque toda mi vida trabajé, desde los 20 años que me recibí. Voy a seguir con la abogacía, con mi estudio, que tiene 50 años. En 1973 lo creó mi padre. Voy a estar en el Instituto de Derecho Administrativo, donde soy director, en la UNCAus (Universidad Nacional del Chaco Austral). También ahí soy profesor así que iré desarrollando las actividades que me gusten. Voy a aprovechar para viajar. Si puedo enlazar placer con estudio en esos viajes, también lo haré. Ese es mi futuro.
―¿Tiene en mente algún nombre que le gustaría que lo reemplace?
―No.
―¿Qué perfil debería tener ese juez o jueza que ocupe su lugar?
―Tiene que ser activo. Protagonista. Perseverante. Honesto. Sincero. Sensible. Que tenga en cuenta la independencia del Poder Judicial y la importancia que tiene como tercer poder que hace de control y de contrapeso respecto de los otros dos.
―Previo a pactar esta nota, usted me comentó que en la entrevista donde surgió la confirmación de que se iba a jubilar “no pusieron la parte más importante” y que eso “no era bueno periodísticamente”. ¿Cómo es su relación con los medios del Chaco, tanto con los dueños como con los periodistas?
―Siempre tuve muy buena relación. Hubo un solo medio que nunca tuvimos una relación equidistante ni imparcial porque yo fui abogado de (el locutor, periodista y exintendente de Morón) Juan Carlos Rousselot en contra de Editorial Norte (por Editorial Chaco SA) donde pedimos la nulidad de la venta (del diario). Calificamos la venta que se había hecho como una lesión enorme. Tuvimos unos cuantos años de litigio hasta que se perdió en la Corte Suprema. Siempre el diario Norte tuvo eso en cuenta como para no tener una buena relación conmigo. Pero con los años, más cuando ya empecé en el Superior Tribunal, ya hubo, por lo menos, una relación institucional.
―¿Habló alguna vez sobre esto con Raúl Romero Feris, el dueño de Norte?
―No. Ni con Romero Feris ni con (el fallecido director del diario, Miguel Ángel) Fernández. Además, tuve muchos juicios laborales de empleados (de Editorial Chaco), antes de que fuera juez del STJ. Eso tampoco cayó bien. Le ganamos en todos. Pero, en conclusión, en los medios siempre es una de cal y otra de arena. Me hacen una nota o si me dan un espacio, siempre después de lo bueno tienen algo que ponen como lo malo. Ese es el claroscuro. En esa nota que te decía, me hicieron todo el reportaje y después, al final, como conclusión del periodista, decía que yo no concursaba porque era una mochila muy grande para mí haber sido parte del Superior Tribunal 16 años y tener que hacer el concurso con otros que tendrán menos edad y otras actividades, y por lo tanto estarán menos cuestionados. Nunca entré en eso porque nunca pensé en seguir. Pero no es que no concurso porque no me sienta en condiciones de ganar el concurso. En esta etapa de la vida, y si la Constitución prevé los 70 años, yo voy a respetar y me iré a descansar, hacer otra cosa.
―¿Qué era lo importante que usted dijo en esa nota y que no se publicó?
―De todo. Hablé de mis comienzos, que me recibí a los 20 años en la UNNE. Que estuve en el Consejo de Abogados, en la Comisión de Jóvenes Abogados cuando tenía 22 años. Estuve en 1974, 1975 y 1976. También fui presidente de la Caja Forense en el año 1983 cuando tenía 30 años. Después volví al Consejo de Abogados. Fui secretario y después presidente. Fui presidente del Colegio Público de Abogados por un tiempo, mientras rigió la ley. También tuve otras actividades sociales y deportivas. Trabajé para el club Don Bosco cuando era joven, después para Sarmiento. Jugué al básquet en For Ever y después me fui a Sarmiento donde fui director técnico y también jugaba en veteranos hasta los cincuenta y pico de años.
―Lo traigo para el tema de los sueldos en el Poder Judicial. Desde hace mucho tiempo se viene reclamando que los sueldos de los jueces y magistrados del Chaco son bajos en comparación con sus pares de otras provincias y del fuero federal. Para usted, ¿cuánto tendría que cobrar un ministro del Superior Tribunal?
― No tengo un “cuánto”, sino que un juez del Superior Tribunal de una provincia como la nuestra tendría que ganar una suma razonable que le permita vivir bien y que tenga comparativamente el mismo principio adquisitivo que los que tienen otras provincias que están en el mismo rango.
―En promedio, un juez del Superior Tribunal del Chaco gana poco más de 300 mil pesos. Ese dinero, ¿no le parece suficiente para tener un nivel de vida confortable?
―Lo que pasa es que el juez no puede hacer otra cosa que ser juez. No tiene ninguna otra actividad lucrativa. Si vos me decís que un juez del Superior Tribunal como yo que en el 2023 voy a tener 50 años de abogado, está bien con 300 mil pesos yo te diría que, si hubiera seguido en el estudio jurídico, que era muy bueno, seguramente ganaría muchísimo más que 300 mil pesos. De todas maneras, la media regional del nordeste es casi el doble, unos 600 mil pesos. Y en la Nación, llegan hasta 900 mil o un millón de pesos. La Corte Suprema dijo que un sueldo razonable es un razonable promedio de los salarios de las provincias, teniendo en cuenta las características de cada provincia y lo que se puede pagar, pero que no pueden estar alejadas de lo que se gana en otras provincias ni pueden tener menor poder adquisitivo de lo que significa igual retribución por igual trabajo.
―Hay una ley de compensación salarial, la 3424-A, para equiparar los salarios de magistrados del Chaco con la media regional y que fue sancionada en agosto de este año. La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco iba a realizar una conferencia de prensa para denunciar su incumplimiento, pero finalmente la suspendió. ¿Qué está ocurriendo con esa ley?
―Hoy justamente salió un decreto reglamentario sobre esa ley. Se determina que se va a cumplir con la media regional a partir del primero de julio que se debería haber pagado en agosto. Establece una facultad del ministerio de Economía para hacer una comisión técnica para determinar los montos que corresponden a cada puesto. El artículo segundo establece a su vez la creación de otra comisión técnica para determinar los salarios con vistas a una media nacional a partir de agosto de 2023. O sea que en esa época tendríamos que estar teniendo una determinación de cómo sería ese trayecto para alcanzar a la media nacional.
―¿Esto deja de lado entonces aquella gestión que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri para la creación de un Fondo Compensador Nacional para los Poderes Judiciales de provincias con sueldos más relegados?
―Eso nunca tuvo efecto porque el expresidente Macri nunca lo quiso firmar ni tampoco las provincias nos acompañaron mucho. Todos van arreglando por su cuenta, utilizando sus legisladores y operadores políticos para tratar de tener mejores resultados. Y el fondo compensador implica un trabajo colectivo y de solidaridad. No es fácil. A lo mejor con el tiempo podría haber madurado.
―Revisando archivos para esta entrevista, me encontré con una declaración del exdiputado nacional y actual Defensor del Pueblo Adjunto, Hugo Maldonado, en la cual decía que usted defendió presos políticos durante la dictadura. ¿Esto fue así?
―Te cuento como fue eso. Lo dije públicamente alguna vez, pero nunca lo recogieron porque todo el mundo estaba dedicado a atacarme porque estuve en la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL) que es otra cosa que te quiero explicar después. Yo me recibí en el 73, me matriculé en el 74 y comencé a trabajar en el Consejo Profesional de Abogados, que entonces era la única entidad que aglutinaba a los abogados, en la Comisión de Jóvenes. Y como es natural de la juventud, la comisión era mucho de defender los derechos de los abogados, derechos humanos, la democracia y sobre todo la preservación de los derechos de la ciudadanía. En eso estábamos trabajando permanentemente hasta que ocurrió esto del 75, en donde se sacó un decreto en la época de Isabelita Martínez de Perón y (del presidente interino, Ítalo) Lúder en donde se establecía que iban a “aniquilar a la subversión”. Eso se utilizó después por el Proceso (de Reorganización Nacional, como se autodenominó la última dictadura), pero ellos ya lo empezaron a utilizar. No me acuerdo si por un bando militar o de hecho, pero a través de eso detuvieron a cinco abogados. Esto fue entre octubre de 1975 y febrero de 1976. Ellos eran los abogados que más aparecían públicamente como defensores de los derechos de los ciudadanos que eran detenidos indebidamente. Recuerdo que primero los llevaron a la U7. Después, a través de gestiones nuestras, logramos que los lleven a la Alcaidía de Resistencia. Hasta que un buen día nos enteramos que los iban a trasladar a Trelew. En esa época, el viaje a Trelew podía tener una finalidad distinta al traslado. Podía significar la muerte. Así que… (Toledo se quiebra) …déjame que me acuerde… Creo que a las seis de la tarde nos avisaron y nos pusimos a trabajar. (El abogado, Carlos) Leúnda (hijo) tenía su estudio y yo el mío. Se enteró la doctora Suarez de Grillo, la mamá de (la actual ministra del Superior Tribunal de Justicia, Isabel) Grillo, de que nosotros estamos trabajando y nos llamó al estudio. Ahí nos dijo: “Bueno, yo los voy a ayudar, voy a ver si conseguimos el patrocinio de otros abogados. Yo voy a firmar también”. Era tal el apuro de firmar y el presentar ese escrito porque sabíamos que lo iban a tratar de llevar a la siesta del día siguiente. Así que tuvimos que presentarlo temprano y esperar que el juez disponga la medida antes del mediodía porque sino no llegábamos. Ni bien se abrió el juzgado, lo presentamos. Era un hábeas corpus de no innovar porque queríamos impedir el traslado. Guillermo Mendoza, el exsuegro de (el gobernador, Jorge) Capitanich y también papá de (la exdiputada nacional) Sandra (Mendoza), quien era juez Federal en ese momento, se jugó y ordenó una medida de no traslado en virtud del hábeas corpus. Con ese papel, fuimos en nuestros vehículos particulares justo cuando los estaban llevando con la camioneta de Gendarmería a los cinco.
―¿En ese momento los estaban trasladando para el aeropuerto de Resistencia?
―Sí, ya estaban en el aeropuerto. Estaban por subir al avión. Fue increíble. Llegamos atrás de la camioneta de la Gendarmería. El juez nos consiguió custodia de la Policía Federal. Le mostramos el oficio al gendarme. El gendarme leyó. Estuvo como una hora hablando. Se fue y volvió. Y al final, como ya anochecía, y en ese momento el aeropuerto no tenía habilitación de vuelos nocturnos, se volvieron. Se frenó el traslado y los llevaron de vuelta a la alcaidía. Supuestamente era sólo por ese día. Por supuesto que eso salió en los diarios. Nosotros nos ocupamos de sacar fotos y sacar esa noticia en todos los diarios y fue tal el strepitus fori (escándalo jurídico) que no se animaron a continuar con eso. Porque además no tenía explicación. Después, lo apretaron a Mendoza y a la semana se tuvo que ir. Lo hicieron renunciar. Recuerdo que a los cinco abogados los liberaron después, antes del golpe de Estado. Estaban bien. Nosotros no defendíamos solamente a abogados sino a mucha gente más. Inclusive a policías que los querían hacer involucrar, no acataban órdenes y los metían presos por cosas que no hacían. A muchos policías defendimos. A algunos les fue bien, a otros no. Yo nunca estuve a favor del Proceso ni nada parecido.
―¿Por qué se emociona al relatar este episodio?
―(Se quiebra otra vez) Porque el día anterior a eso… Yo tenía una abuela de 80 años… No sé cómo la policía se enteró que nosotros estábamos por empezar a trabajar en el hábeas corpus. Y vino una comitiva de policías que quiso ingresar al estudio. No pudieron porque estaba cerrado. La puerta de mi estudio estaba por calle Saavedra y mi casa, a la vuelta, por Pellegrini. Mi abuela estaba sentada ahí y entraron por la casa al estudio buscándome a mí. Nadie sabía por qué. Tiraron todos los libros, hicieron un quilombo. Y entonces cuando se iban le dijeron: “Dígale a su hijo que se cuide mucho por lo que está por hacer”.
―¿Eran de la Policía del Chaco?
―Si. (Wenceslao) Ceniquel (quien fue subjefe de la Policía del Chaco) y (Carlos) Thomas (director de la Brigada de Investigaciones, donde funcionó un centro clandestino de detención). Por eso, esos que hablan y critican a todo el mundo y nunca defendieron a ningún preso, no hicieron ninguna clase de actividad que los pusiera en riesgo. Y se presentan como los custodios de la dignidad de los demás a través de lo que ellos consideran que son pro militares y pro Proceso. Eso es lo que a uno lo indigna. ¿Qué hicieron ellos? No pueden mostrar nada porque nunca hicieron nada. Sólo se dedican a hablar mal de los demás.
―Teniendo en cuenta este tipo de acciones como las que relató con los abogados detenidos, ¿no le parece un contrasentido haber participado luego de la Comisión de Asesoramiento Legislativo en el final de la dictadura en el Chaco?
―No. Te explico por qué. Cuando se pierde la Guerra de las Malvinas, el Proceso militar comienza a irse y empieza a buscar concertación para ver cómo hace para dejar el poder. La Guerra de Malvinas terminó en junio del 82. Nosotros ingresamos a la CAL en julio de ese año. Nos llamaron del gobierno gente que era conocida: Fernando Medina Alianza, quien era Ministro de Gobierno, y Marcelo Castelán, que era el secretario de Gobierno. Los tres que entramos en la CAL fuimos Osvaldo Simoni, que después fue fiscal de Estado; Mora Escarpino, quien también fue diputada y yo. Estuvimos ocho meses. Y fuimos a hacer trabajos para que las leyes necesarias para la vuelta a la democracia estén. En ocho meses dictamos casi 400 leyes. Muchas de esas leyes están vigentes. Por eso cuando un diputado me salió a decir eso, cuando yo era candidato (al cargo de juez del Superior Tribunal, en 2006) yo le dije que en mi caso podía exhibir lo que hice en ocho meses y que me gustaría saber cuántos proyectos de ley había presentado él en sus seis años de mandato. Yo era radical. Pedí autorización al partido. En ese momento estaba Eduardo Moro. Yo estaba en el Consejo de Abogados de secretario. Renuncié y me fui. Por supuesto que a mucha gente no le gustó (que integre la CAL). A otros que eran políticos les pareció bien porque era un servicio que de otra manera no se iba a poder hacer y si se lo hacía recién al regreso de la democracia iba a impedir el normal funcionamiento de muchas cosas. Recuerdo a Rina Mendoza, que era abogada radical, y miembro del Tribunal de Cuentas. Ella tenía su estudio por Roque Sáenz Peña al 55. Una piecita chiquita. Se enteró y cuando yo pasé después me llamó y me dijo: “Qué bien, Rolando. Si necesitás ayuda, yo soy especialista en esto y lo otro”. El trabajo se hizo. No nos han podido objetar ninguna ley que tuviera como objetivo disminuir algún derecho, perjudicar a alguien o favorecer a los militares.
―La ley 2848 “de facto” que dispuso las jubilaciones de privilegio para funcionarios de la dictadura, ¿no la dictó la CAL?
―Esa ley no la dictamos nosotros. Esa ley la dictó el (coronel y gobernador de facto, José David) Ruiz Palacios antes de irse con (Francisco) Fragoso, que era el presidente del Superior Tribunal de Justicia. Se fue a Buenos Aires, trajo la autorización y luego la firmó él. Nosotros no tuvimos intervención. Nunca lo hubiéramos hecho. El que se jubiló por eso fue el mismo Fragoso que después volvió a ser juez. Muchos se jubilaron por esa ley.
―Viniendo un poco más en el tiempo, le quiero consultar por su etapa en el Poder Ejecutivo. Usted fue funcionario de Ángel Rozas desde 1996 hasta 2003, en distintos cargos. ¿Qué recuerda de esa experiencia?
―En marzo del 96 empecé como asesor del Ministerio de Economía. Después fui director del viejo Banco del Chaco. En el 97, fui Asesor General de Gobierno y después en el segundo gobierno (de Rozas) fui ministro coordinador. Fueron épocas de mucho trabajo. Nos tocaron épocas muy duras. Nos tocó una parte del gobierno de (Carlos) Menem y otra de (Fernando) De la Rúa. No fue la mejor parte del gobierno de Menem. Era el desmejoramiento de su gobierno. Con De la Rúa se empezó más o menos bien, pero luego se empezó a desmoronar cuando renunció su vicepresidente (Carlos “Chacho” Álvarez”). Acá había muchas necesidades. El Chaco estaba pobre. La principal misión que nos ocupó era hablar con la gente. Atenderla. Contarle los problemas. Que nos cuenten los problemas para buscarles una solución, que nunca podía ser material porque no teníamos presupuesto. De sueldo ganábamos montos irrisorios. No nos alcanzaba para nada. Sobrevivíamos con los ahorros de nuestra actividad privada de antes de ingresar al gobierno. Después hubo una serie de donaciones que los funcionarios tuvimos que hacer.
―¿Donaciones?
―El gobernador nos pedía que tuviéramos gestos solidarios. Primero fueron las asignaciones familiares. Luego fueron las horas extras…
―Recortes.
―Sí, recortes. Y al final nuestro sueldo terminó pelado. Fue un gran sacrificio.
―¿Pensó en renunciar en esa época?
―Sí, pensé, pero no se podía. No se debía porque era como una cobardía. Yo aprendí mucho. Era ministro coordinador, era el jefe de todos los ministros y era el que tenía que organizar y asistir a todas las reuniones de gabinete que se hacían lunes o martes una vez por semana. Mi plantel era un chofer, dos secretarias a la mañana y dos a la tarde. Eso nunca nadie lo dijo. Preguntale ahora qué ministro tiene ese plantel. Solo un loco de la guerra como yo puede trabajar así.
―¿Le gustaría volver a la función pública?
―No. Ya no. Ya cumplí con el Ejecutivo, con el Legislativo y con el Judicial.
―¿Y a la actividad partidaria?
―No. Nunca tuve actividad partidaria. La actividad que hice fue de enseñar un poco la parte cívica, de las direcciones, del control de los fiscales, de la estructura orgánica administrativa del Estado. Pero hacer política en sí misma nunca hice.
―Hay una cuestión que pesó sobre usted desde antes de asumir en el Superior Tribunal de Justicia y es la forma en que ingresó a este cargo en 2006. El Foro de la Justicia Independiente fue quien lo cuestionó duramente por haber ingresado sin atravesar un concurso de antecedentes y oposición y remarcaron que usted era un juez inconstitucional, al igual que los ya fallecidos Ramón Ávalos y Ricardo Franco…
―No. Ellos no hablaban de inconstitucionalidad. Ellos decían que yo no podía ser porque había estado en la CAL. Que era antidemocrático y que violaba la cláusula ética de la Constitución Nacional que decía que aquel que ocupó cargos en el gobierno militar, no podían estar ahí. Pero en realidad esa cláusula se refería a otra cosa.
―Después, en 2010, el gobernador Capitanich avanzó en el pedido de inconstitucionalidad contra usted y los otros dos jueces.
― Avanzó a través de un planteo del (fallecido abogado y coordinador del Centro de Estudios “Nelson Mandela”) Rolando Núñez quien entendía que no era necesario un juicio político, sino que con una acción declarativa de inconstitucionalidad se podía anular el nombramiento, cuando en verdad era imposible. La única herramienta que puede utilizarse para que se revoque el nombramiento de ministros del Superior Tribunal o de jueces es el Jurado de Enjuiciamiento o el Consejo de la Magistratura. Núñez inventó eso. No conozco ningún abogado o doctrinario que dijera que eso se pudiera hacer.
―Eso terminó en la nada.
―Sí, porque Capitanich anunció que no iba a seguir porque consideraba que esa no era la vía pertinente y dejó sin efecto. Pero todo eso fue un ataque netamente político. Sé que ellos pensaban que nos iban a correr, que nos iban a cansar. Pero yo explicaba siempre. Cada vez que yo daba una conferencia, mandaban a un tipo con un cartel que decía: “Toledo es inconstitucional”. Filmaban, sacaban fotos y se iban. Después, cuando ellos se iban, yo le explicaba a la gente y seguía con mi conferencia, sin ningún problema. A mí no me van a correr. Quizás por las buenas podrían haber conseguido más que por ese medio porque irme como un cobarde o reconociendo lo que dicen serían no tener orgullo. Y después el hecho mismo que dejaron muerta a la declaración de inconstitucionalidad quería decir que no tenían ninguna clase de posibilidades de que prospere. Inclusive mucha gente del color peronista reconocía que esa acción no tenía ningún sustento.
―¿Habló con Capitanich en ese período?
―No. Nunca hablé. El presentó la demanda el día que asumí en mi primera presidencia en el 2010. Nunca me olvido que vino (el periodista, Mauro) Bistman que me dijo: “¿Qué le parece esto, doctor?”. Y le respondí que evidentemente el gobernador no tenía confianza en que iba a hacer lo que corresponde. Esa es la única explicación que le encuentro. Pero bueno, el tiempo dirá, dije en ese momento. Y así nomás fue: terminé ese mandato y esta es mi cuarta presidencia. Y no tuve objeciones como juez ni como presidente.
―Para cerrar, ¿qué balance hace de su paso por el STJ?
―No soy una persona de valorar los momentos. Me parece que lo importante en la función pública y en la vida en general es tener una actuación estándar progresiva, desarrollada, coherente. Hacer las cosas ordenadamente y consciente de lo que se hizo y de lo que puede venir. Por supuesto que los tiempos mejores son cuando hay una economía más o menos buena. En esos momentos se pueden hacer más cosas. Pero la verdad que, por ejemplo, en pandemia, con todas las consecuencias perjudiciales que trajo, nosotros como Poder Judicial tuvimos que extremar los recursos tecnológicos, la creatividad y la innovación y hemos hecho una revolución. Un cambio muy grande y rápido. Y gracias a eso vamos a tener todo digitalizado. Si tuviera que decir qué fue lo más importante, me inclinaría por la evolución de los últimos años: la aplicación del juicio por jurado penal, el nuevo diseño organizacional Procesal Penal que lo llevamos ahora al interior, ahora el juicio por jurado civil y el desarrollo que hemos tenido con nuestro Instituto Médico Forense, que es una de los más grandes de Latinoamérica y que cada vez es más requerido por todos los poderes judiciales. Tenemos también un muy buen departamento de tecnología con desarrollos propios, muy envidiado. La Justicia chaqueña es una de las mejores del país. Es muy mirada y copiada. Tenemos una escuela judicial, que es la más antigua de Argentina y Latinoamérica. Tenemos el Centro de Estudios Judiciales. Tenemos el Instituto de Mediación Pública, que es el primero de Argentina. Tenemos el primer Consejo de la Magistratura de Argentina. En todo eso que hablé tengo que ver. Eso va a quedar y seguramente va a ser el respaldo estructural para el futuro.
―Todo eso en relación a lo bueno. Y su peor momento, ¿cuál fue?
―Los peores momentos no provienen de cuestiones de la función judicial. Son personales. O que uno no está muy bien anímicamente o que sucede algo en la familia. Pero la verdad es que aquellos que me conocen saben que soy bastante permanente y perseverante en tratar de trabajar siempre de la mejor manera. No soy tampoco de trasladar los malos momentos al Poder Judicial. No tuve malos momentos. Personales, sí. Pero eso es otra historia.
