La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe de “solución amistosa” del caso. El Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por el caso del asesinato de Amanda Encaje, ocurrido en 1992 en Resistencia, y que tuvo innumerables fallas en la investigación.
Jueves, 25 de noviembre de 2021
El Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por el caso del asesinato de Amanda Encaje, ocurrido en 1992 en la provincia de Chaco, y que tuvo innumerables fallas en la investigación que fueron consideradas violaciones a los derechos humanos de la familia de la víctima por la falta de investigación judicial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe de “solución amistosa” del caso.
Amanda fue asesinada el 8 de abril de 1992 en las instalaciones de la empresa Supercemento S.A. ubicada en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Su cuerpo fue encontrado junto con el del director de la empresa, Néstor Blas Vivo. Ambos fueron golpeados y torturados, y Amanda tenía también signos de haber sido violada.
Según la familia de las víctimas, el asesinato habría sido un medio para “enviar una amenaza o ultimátum a los demás directivos de la empresa” por el supuesto incumplimiento del pago de sobornos. Esto, explicaron, tenía que ver con que la empresa habría obtenido una importante concesión para la construcción de una obra vial en la ciudad de Resistencia.
Durante la investigación hubo una gran cantidad de irregularidades tales como la inhibición injustificada del primer juez interviniente en la causa, la falta de custodia de la escena del crimen; la realización de trabajos de pintura y reacondicionamiento del lugar a los 15 días del hecho o las demoras en el allanamiento de la empresa.
Uno de los puntos que muestran las irregularidades en el caso fue que las declaraciones policiales fueron filtradas y difundidas a los medios de comunicación antes de que llegaran al juzgado. Esto hizo que varios testigos no fueran a declarar luego. A ello se sumó el fallecimiento en extrañas condiciones de uno de los comisarios asignados a la investigación.
Todo esto hizo que en 2008 la familia de las víctimas se presentara ante la CIDH. En ese momento y a 15 años ya de los hechos, la causa seguía en instrucción y sin avances. Para las familias la falta de investigación ocurrió dada la estrecha vinculación entre el poder económico y político de la provincia.
En julio de este año, y luego de 29 años, el gobierno nacional y la familia de la víctima firmaron el acuerdo refrendado y ahora publicado por el organismo internacional. Allí la Argentina reconoce su responsabilidad internacional por la violación de los derechos de Amanda Graciela Encaje con relación a la falta de investigación judicial efectiva sobre los hechos.
El acuerdo firmado establece medidas concretas para garantizar la reparación de los daños ocasionados a los familiares de Amanda, como la elaboración de una escultura en homenaje a las víctimas y sus familiares.
Además plantea el análisis de la viabilidad de la reapertura de la causa penal de los homicidios de Amanda y Néstor Vivo; la creación del cargo de Defensor Oficial de Víctimas; la creación del Observatorio de Víctimas de Delitos; la sanción de protocolos para garantizar la cadena de custodia de las pruebas y efectos secuestrados; la implementación del Banco Genético Provincial y medidas para la difusión del acuerdo de solución amistosa.
Informe completo de la CIDH sobre el caso Encaje
Fuente: Tiempo Judicial
