La defensa lo planteó al Tribunal Oral Penal 1 con base en acuerdo previo con algunas familias. El fiscal, Carlos Lértora, deberá brindar su consentimiento.
Miércoles, 20 de octubre de 2021
La causa por la muerte de los 8 obreros ocurrida el 22 de marzo de 2012 tuvo ayer una primera audiencia ante el Tribunal Oral Penal Nº 1 (TOP1) de la ciudad de Corrientes donde fue aceptado un planteo defensivo para someter a consideración la suspensión del juicio mediante aplicación de la figura de la “probation”, informaron fuentes judiciales.
Si bien existía expectativa de que a casi una década de la tragedia se iniciara la etapa de enjuiciamiento de los tres procesados: Marcelo Mayer, Walter Bruquetas y Carlos Valenzuela (un cuarto acusado fue sobreseído meses atrás por padecer Alzheimer) en términos formales esto no ocurrió ya que el doctor Julio Leguizamón, representante legal de Mayer -arquitecto de la obra de calle San Martín al 652- solicitó al TOP1 examine la posibilidad de otorgar el beneficio a su cliente invocando la ley 24.136, la cual incorpora el instituto en el artículo 76 bis del Código Penal de la Nación (CPN).
Las fuentes explicaron que “Leguizamón llevó ante el tribunal acuerdos y convenios con varios damnificados, pero restaron otros; que fueron escuchados esta mañana (por ayer)” y detallaron que en la jornada “comparecieron Margarita Báez y Nancy Rivero, quienes manifestaron no querer acordar y Enrique Zarabozo, quien afirmó que está en trámite de llegar a un arreglo negociando los términos del mismo”.
La mencionada legislación en la que se amparó el legislador indica que la parte damnificada puede aceptar o no el acuerdo en el cual el imputado ofrece una reparación del daño, así como someterse a reglas de conducta y/o realizar tareas comunitarias por el plazo de hasta 3 años pero es taxativo: “Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio”.
“Se hizo un ofrecimiento, primero escrito, de parte del empresario Mayer y también se hizo un ofrecimiento al vecino Zarabozo. Mis representados no quieren saber nada, se negaron a que se suspenda el juicio, quieren que haya responsables, que haya culpables y condenas”, aseguró ayer al terminar la audiencia el abogado querellante Rubén Leiva, en declaraciones radiales. Leiva, representa a tres familiares, una de ellas es Rosa Urbina (quien en su momento encabezó las marcha en reclamo de justicia durante los años posteriores al hecho) comentó que “se ofrecieron 500 mil pesos para todas las familias”.
Una vez concluida la intervención del defensor Leguizamón, hicieron los propios los representantes de los otros dos acusados, la defensora oficial María Marta Correa por Bruquetas y su par Nicolás Báez por Valenzuela, este último al no contar con los mismos recursos económicos ofreció dar clases y hacer trabajo de mampostería.
El TOP -conformado por los jueces Raúl Juan Carlos Guerín, como presidente, y las doctoras Cynthia Teresita Godoy Prats y Ana del Carmen Figueredo como vocales- fijó para el próximo 29 de octubre a las 8 la próxima audiencia, en la que el fiscal Carlos Lértora deberá opinar respecto a los planteos de suspensión de juicio, si el representante del Ministerio Público da su consentimiento los magistrados estarán habilitados a otorgar el beneficio, lo que supondría que -de no haber ninguna alteración posterior- no habría juicio y los acusados (hoy en libertad) eludirían la cárcel.
Fuente: Norte Corrientes
