La Cámara Federal porteña consideró que las demoras en el alojamiento de presos de comisarías porteñas no obedecieron a un incumplimiento intencional de María Laura Garrigós, sino a la complejidad del contexto.
Lunes, 2 de noviembre de 2026

La Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el archivo de la causa contra María Laura Garrigós, quien fue subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), acusada de no cumplir el cronograma de traslados de detenidos durante la pandemia de COVID-19.
La decisión, a la que tuvo acceso LITIGIO, fue firmada el 29 de octubre pasado por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola.
La denuncia fue presentada por Augusto Coronel, jefe de la Dirección General de Asuntos Penales de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, luego convertido en querellante. Señaló que, entre marzo y diciembre de 2020, el SPF no cumplió con el cronograma de traslados y alojamientos definitivos de personas detenidas en alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad. Ese cronograma había sido fijado en un habeas corpus colectivo y correctivo que tramitó ante el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 porteño.
A esa causa se acumuló por conexidad otra, originada cuando el defensor oficial Federico Kierszenbaum denunció, durante la audiencia de prisión preventiva de un imputado por un motín ocurrido en marzo de 2022 en la alcaidía N° 3, las condiciones irregulares de detención en las comisarías de la Ciudad por la falta de ingreso al SPF.
El archivo y la apelación
La investigación fue delegada en el Ministerio Público Fiscal, que por segunda vez pidió el archivo por inexistencia de delito. Entendió que los hechos estaban vinculados a las dificultades extraordinarias de la emergencia sanitaria y a problemas operativos que afectaron a todo el sistema penitenciario. El juez de grado dispuso el archivo el 13 de mayo, con base en el segundo párrafo del artículo 195 del Código Procesal Penal de la Nación.
La querella apeló. Sostuvo que ese supuesto se reserva para hechos atípicos y que no podía aplicarse sin un contradictorio pleno. También cuestionó que el juez analizara el caso desde una “problemática estructural” y no hiciera un examen individualizado de la actuación de Garrigós, que valorara en forma parcial la prueba y que relativizara los elementos sobre su incumplimiento personal. Agregó que las medidas incorporadas tras la orden de la Sala de profundizar la investigación no aportaron nada nuevo para revertir lo valorado en 2023, cuando se dispuso el primer archivo.
La querella sostuvo además que el SPF incumplió las sentencias del habeas corpus, cuyo objetivo iba más allá del cronograma e incluía desalojar las comisarías y que las detenciones en alcaidías volvieran a cumplirse como antes de la pandemia. Según su planteo, a noviembre de 2023 había 1.700 detenidos alojados en alcaidías y comisarías porteñas, sin espacios de recreación, ejercicio ni visitas.
Qué dijo la Cámara
Los jueces compartieron la solución del juez de primera instancia. Entendieron que los conflictos que motivaron la denuncia, “de evidente complejidad”, están siendo abordados mediante acuerdos entre los actores institucionales competentes, en un proceso en cuyo marco se consideró incluso la necesidad de una reforma estructural del sistema. Por eso concluyeron que los hechos deben examinarse desde una perspectiva distinta a la del derecho penal, por su íntima vinculación con cuestiones litigiosas cuya resolución se procuró en otros ámbitos.
En concreto, el tribunal afirmó que no es posible atribuir relevancia penal a la actuación de Garrigós. Según la resolución, los escollos, retrasos y dificultades del SPF para alojar detenidos en el período examinado no tuvieron origen en un incumplimiento intencional de sus obligaciones como cabeza de la repartición, sino en el contexto especial y en la naturaleza compleja de la problemática.
La resolución recuerda además que, según el fiscal, el SPF terminó cumpliendo el alojamiento comprometido y que la falta de regularidad no implicaba desobediencia intencionada. Sobre los testimonios conexos, consideró que no podía responsabilizarse al SPF por hechos ocurridos en comisarías de la Policía de la Ciudad.
Pese a confirmar el archivo, la Sala dejó una advertencia: no escapa a los jueces la importancia de optimizar el funcionamiento de los sistemas carcelarios y nada obsta para que se sigan activando los mecanismos legales y recursos habilitados para que se respeten las condiciones de detención que la ley reconoce a las personas privadas de libertad.