En esta nota de opinión para LITIGIO, el doctor en Derecho Paulo Pereyra sostiene que la Corte Suprema debe hacer lugar a la queja y examinar el recurso extraordinario federal en Ponce de León, caso en el que un jurado popular absolvió a tres policías por la muerte de un joven chaqueño. El abogado afirma que la controversia exige determinar si la irrecurribilidad de una absolución por jurados puede impedir el examen de denuncias concretas de interferencia policial en un juicio por presuntas torturas seguidas de muerte. Remarca que si se acreditaran presiones de esa entidad que hubieran comprometido sustancialmente la independencia del juzgamiento, correspondería examinar la validez constitucional de la limitante en el caso concreto y, excepcionalmente, la realización de otro debate.
Jueves, 29 de octubre de 2026

Por Paulo Pereyra*
La Corte Suprema debe hacer lugar a la queja y examinar el recurso extraordinario federal en Ponce de León. La controversia exige determinar si la irrecurribilidad de una absolución por jurados puede impedir el examen de denuncias concretas de interferencia policial en un juicio por presuntas torturas seguidas de muerte. Si se acreditaran presiones de esa entidad que hubieran comprometido sustancialmente la independencia del juzgamiento, correspondería examinar la validez constitucional de la limitante en el caso concreto y, excepcionalmente, la realización de otro debate.
El 25 de agosto de 2026, el procurador general interino Eduardo Casal dictaminó a favor de admitir la queja, declarar procedente el recurso y revocar la decisión del Superior Tribunal de Justicia del Chaco (STJ).
La respuesta no se hizo esperar, y la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) rechazó esa posición mediante un comunicado. Carolina Ahumada y Juan Pablo Gomara también la cuestionaron en dos artículos del dossier del INECIP, difundidos por la AAJJ bajo el título “Ni Dios juzga dos veces”. Sus advertencias sobre el ne bis in idem (prohibición de doble persecución penal) son atendibles. Sin embargo, el debate exige incorporar las obligaciones internacionales frente a la tortura y las denuncias de interferencia de agentes estatales en el desarrollo de un juicio.
La cuestión federal que debe examinarse
En Rodríguez, Carlos Alberto y otros (CSJ 1543/2024/RH1), conocido como Ponce de León, un jurado absolvió por unanimidad a tres policías. El artículo 89 de la Ley chaqueña 2364-B veda impugnar los veredictos de no culpabilidad, salvo soborno fehacientemente demostrado. La querella impugnó esa restricción y denunció la actuación de integrantes de la misma fuerza policial durante la investigación y el debate, con posibles intimidaciones a testigos y jurados.
Casal, PGN interino, encuadró la admisibilidad en el artículo 14, inciso 2.º, de la Ley 48: existe sentencia definitiva del superior tribunal provincial, se cuestionó la constitucionalidad de una norma local y la decisión sostuvo su validez. La doctrina de Di Mascio (Fallos: 311:2478) impide que las reglas procesales provinciales sustraigan del examen judicial agravios federales.
En efecto, la Corte debe resolver si los agravios concretos de la querella, relativos a la independencia del juicio y a sus garantías judiciales, habilitan un examen federal excepcional. La constitucionalidad del artículo 89 debe evaluarse en cuanto impida tratar esas denuncias.
Admitir la queja, acreditar la interferencia, invalidar el procedimiento y disponer otro juicio son decisiones distintas.
Si el hostigamiento policial resultara acreditado y hubiera comprometido gravemente la regularidad del debate, podría justificarse, previa declaración de inconstitucionalidad del artículo 89 de la ley chaqueña 2364-B, la anulación del juicio y su reenvío para la celebración de uno nuevo, mediante una fundamentación autónoma y rigurosa que preserve las garantías de las personas absueltas.
La tortura y las obligaciones internacionales
La relación entre quienes ejercen el poder coercitivo estatal y las personas sometidas a su custodia es profundamente asimétrica. Esa desigualdad puede proyectarse al juzgamiento cuando integrantes de la propia institución investigada presionan a testigos o jurados. La Convención contra la Tortura, con jerarquía constitucional, obliga a investigar pronta e imparcialmente y a proteger a denunciantes y testigos de intimidaciones o represalias (arts. 12 y 13). Los artículos 8 y 25 de la Convención Americana exigen garantías y protección judicial efectiva.
En sus observaciones sobre la Argentina (CAT/C/ARG/CO/7, 2025, párrs. 20-23 y 28-29), el Comité contra la Tortura advirtió sobre represalias e investigaciones deficientes, y exigió independencia institucional y protección frente a amenazas. La Corte Interamericana examinó estos deberes en Bueno Alves vs. Argentina (2007); los Protocolos de Estambul y Minnesota desarrollan pautas de investigación de torturas y muertes potencialmente ilícitas bajo custodia.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) intervino como amicus curiae en Fontana (2020) y Mendoza (2025), entre otros casos.
La capacitación realizada el 23 de octubre de 2026 junto con JU.FE.JUS y REFLEJAR, centrada en ambos protocolos, plantea un interrogante: ¿en qué medida los estándares dictados en estas instancias de capacitación se transfieren efectivamente al resolver casos de esta naturaleza, y hasta qué punto las decisiones judiciales responden a otros condicionamientos de carácter institucional?
El antecedente chaqueño de Víctor Hugo Cindric muestra la vigencia del problema. Casal recoge las denuncias de interferencia policial, pero no desarrolla este marco convencional; tampoco lo hacen, en su crítica principal, la AAJJ; Ahumada y Gomara.
Veamos…
Greco y la responsabilidad persistente del Chaco
El caso Juan Ángel Greco vs. Argentina (CIDH, caso 11.804) comprometió la responsabilidad estatal por la muerte de una persona que había estado bajo custodia policial. El Informe de Solución Amistosa 91/03 incluyó medidas de reparación, investigación de la violencia policial y fortalecimiento de los mecanismos de control. El Informe Anual 2025 de la CIDH mantuvo el seguimiento del acuerdo y registró un cumplimiento parcial (véase una investigación profunda del caso y sus proyecciones en Violencia Institucional en la provincia del Chaco. A 28 años de la muerte de Juan Ángel Greco, Editorial Contexto, 2018).
A ello se suman los señalamientos públicos del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco sobre las persistentes dificultades de las fiscalías especializadas en derechos humanos para llevar investigaciones a juicio. Este contexto torna indispensable una respuesta judicial eficaz ante posibles interferencias de la institución policial, tanto en la investigación como en el juzgamiento de integrantes de las fuerzas de seguridad.
Ne bis in idem: la garantía y su alcance
Ahumada, en “Entre citas y excepciones: la Procuración frente al jurado popular”, cuestiona el uso de precedentes; Gomara, en “Ni Dios juzga dos veces”, defiende la irrecurribilidad a partir de Mattei, Alvarado, Polak y Sandoval (Fallos: 333:1687). La prohibición del doble juzgamiento protege frente al riesgo de una nueva persecución penal, incluso antes de la firmeza formal de la absolución.
Nicolás O. Vargas, en Ne bis in idem y juicio de reenvío (Didot, 2023, pp. 220-224), examina esta garantía desde una perspectiva restrictiva y destaca que el reenvío expone nuevamente a la persona absuelta al riesgo de condena. Sin embargo, también reconstruye las tensiones jurisprudenciales de la Corte Suprema, cuya doctrina no establece una prohibición uniforme para todos los supuestos de reenvío, y analiza una línea excepcional vinculada con graves violaciones de derechos humanos, particularmente cuando media intervención, tolerancia o aquiescencia estatal y se encuentran comprometidos los derechos de las víctimas y las obligaciones internacionales de investigación y juzgamiento (pp. 81-83).
En esa dirección, Almonacid Arellano vs. Chile (Corte IDH, 2006, párr. 154) abordó la cosa juzgada aparente o fraudulenta frente a graves violaciones de derechos humanos. Su alcance exige distinguir entre un juicio válidamente celebrado y otro comprometido por irregularidades de excepcional gravedad, sin equiparar automáticamente toda tortura con un crimen de lesa humanidad.
Un antecedente particularmente relevante es Rivero, Alberto y otro (CSJN, 03/03/2022, Fallos: 345:140). La causa investigaba abusos sexuales atribuidos a un gendarme contra una mujer detenida en un escuadrón de Gendarmería Nacional. Frente a la absolución y al rechazo de la impugnación de la querella, la Corte Suprema, por remisión a un dictamen del propio Casal, admitió la queja, dejó sin efecto la decisión de Casación y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento. Consideró arbitraria la valoración probatoria, particularmente por desatender la situación de vulnerabilidad de la víctima, la relación asimétrica de poder y los estándares internacionales aplicables a la violencia sexual en contextos de encierro.
La relevancia de Rivero fue reafirmada el 29 de septiembre de 2026 en R., D. S. (Fallos: 349:1241), cuando la mayoría de la Corte volvió a invocarlo para dejar sin efecto una absolución. Incluso Rosenkrantz, en disidencia, reconoció que aquel precedente respondió a graves defectos de valoración probatoria, interpretaciones arbitrarias del testimonio de la víctima y la desatención de su especial vulnerabilidad, aunque consideró que esas circunstancias no se verificaban en el nuevo caso.
Estos antecedentes demuestran que el control extraordinario de una absolución puede resultar constitucionalmente procedente cuando se acreditan irregularidades sustanciales, especialmente en contextos de marcada asimetría de poder. Su aplicación al juicio por jurados exige, desde luego, considerar las particularidades de ese sistema y la protección reforzada del ne bis in idem.
En efecto, en Ponce de León, la eventual acreditación del hostigamiento policial y de su incidencia sustancial sobre la independencia del jurado podría justificar, excepcionalmente, la invalidez del primer juzgamiento y su reenvío, mediante una fundamentación especialmente rigurosa y respetuosa de las garantías de las personas absueltas.
El jurado y el control constitucional
En Canales (Fallos: 342:697, considerando 19), la Corte reconoció la legitimidad constitucional del juicio por jurados y recordó que la falta de motivación escrita no excluye todo examen racional del veredicto. Para ello citó V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua (Corte IDH, 2018), relativo a un juicio que culminó en absolución por jurados, donde se declaró la responsabilidad estatal por irregularidades que afectaron su imparcialidad objetiva y los derechos de las víctimas.
Por su parte, las desestimaciones de los casos Pitman y Cervín (CSJN, 2026), por razones formales y por aplicación del artículo 280 del CPCCN, no resolvieron el fondo de esta hipótesis excepcional.
La pregunta sigue abierta…
La respuesta del STJ del Chaco
La comparación con el caso Leandro Bravo es esclarecedora. En Ponce de León (sentencia 248, 18/12/2023), Emilia María Valle y Víctor Emilio del Río mantuvieron la irrecurribilidad de la absolución popular. En Bravo (sentencia 117, 8/7/2026), los mismos magistrados admitieron recursos de las querellas, anularon la sentencia absolutoria y el debate celebrado ante jueces profesionales, y ordenaron otro juicio por graves vicios del pronunciamiento. Son regímenes distintos: en el primero se denuncian presiones sobre el jurado; en el segundo se cuestionó la validez del juicio y de la motivación judicial.
El propio Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, querellante en la causa Bravo, sostuvo que la nulidad por vicios esenciales puede admitir un reenvío compatible con el ne bis in idem; invocó Roda, distinguió Sandoval y defendió la autonomía de la querella —aun ante el pedido fiscal de absolución— con citas de Santillán y Juri. También fundó el deber de investigar y sancionar la tortura en los tratados internacionales. Estos argumentos exigen explicar por qué en Bravo se dispuso un nuevo juicio y en Ponce de León se descartó incluso examinar presuntas interferencias policiales.
“Ni Dios juzga dos veces”, pero ¿quién responde por Abel?
En Canales (considerando 17), la Corte describió el jurado como expresión del derecho del pueblo a juzgar al “prójimo”. El término evoca una proximidad moral entre las personas, aunque ello no implique igualdad en sus posiciones jurídicas. En los hechos cometidos bajo custodia estatal, la desigualdad de poder resulta determinante.
La tortura es lo abyecto de esa asimetría; no resulta equiparable a delitos entre particulares…
Para el relato bíblico (Génesis 4:10-15), Dios castiga a Caín por haber matado a su hermano, pero también lo protege de la venganza. Esa protección no elimina el castigo ni desconoce la sangre de Abel, que clama por justicia. Por el contrario, expresa una concepción de la pena retributiva fundada en valores: responsabilidad por el daño causado, respeto por la vida y límites al ejercicio del castigo.
La enseñanza también interpela al “prójimo” de Canales cuando se investigan torturas cometidas por quienes tienen el deber estatal de proteger a las personas bajo su custodia. Es que esa garantía contra el doble juzgamiento no puede convertirse en indiferencia frente a los derechos de las víctimas de violencia estructural. Proteger a quien fue absuelto y examinar la legitimidad constitucional del procedimiento son exigencias que deben conjugarse, no excluirse.
Porque ni la protección de Caín hizo callar la sangre de Abel, ni la soberanía popular puede justificar que el Estado eluda el examen de graves irregularidades en el juzgamiento de sus propios agentes.
Finalmente…
En la Argentina, la responsabilidad judicial de juzgar adecuadamente las violaciones a los derechos humanos debe inscribirse en las conquistas democráticas construidas a partir de la lucha sostenida por el reconocimiento de los derechos humanos, sintetizadas en dos expresiones emblemáticas: “Nunca Más” y “Memoria, Verdad y Justicia”.
La experiencia de la última dictadura cívico-militar y el juzgamiento de los responsables de sus crímenes constituyen una referencia ineludible para cualquier sistema de enjuiciamiento. El juicio por jurados no escapa a ello…
La legitimidad de esta institución y la validez constitucional de su ejercicio deben construirse sobre el respeto de la dignidad humana y la protección y promoción efectivas de los derechos humanos.
La participación ciudadana en la administración de justicia adquiere sentido democrático en tanto se inscriba en esas conquistas históricas y contribuya, mediante prácticas concretas, a preservarlas.
La soberanía popular encuentra su fundamento constitucional en esos valores. Su invocación para impedir el examen de graves irregularidades puede terminar convirtiéndose en una cobertura estatal de intereses corporativos vinculados con la impunidad de la violencia estructural ejercida por el Estado.
En definitiva, si la presión de la institución policial se acredita y privó al debate de las garantías esenciales, la Corte deberá habilitar una respuesta constitucional efectiva, que podrá comprender, con carácter excepcional, la realización de un nuevo juicio.
*Doctor en Derecho —tesis calificada con sobresaliente y recomendación de publicación— por la UNNE. Especialista en Ejecución Penal y Derecho Penitenciario por la Universidad de Barcelona. Docente titular de la UCP. Coordinador de la Especialización en Derecho de Ejecución Penal y de la Diplomatura en Litigación de Delitos Federales en el CPPF de la UNCAus. Investigador externo en proyectos de la UNNE, UCP e IUPFA. Exabogado querellante en causas Lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos. Miembro del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco (2016-2019). Autor de cerca de 50 publicaciones en la materia de DH. pereyrasergiopaulo_cen@ucp.edu.ar
Referencias
Procuración General de la Nación, dictamen de Eduardo Casal, 25/8/2026, CSJ 1543/2024/RH1.
INECIP, dossier jurídico “Juicio por jurados: los límites a la revisión de las absoluciones”, 20/10/2026. Carolina Ahumada, “Entre citas y excepciones: la Procuración frente al jurado popular”; Juan Pablo Gomara, “Ni Dios juzga dos veces”.
AAJJ, comunicado institucional de rechazo al dictamen de Eduardo Casal sobre la revisión de absoluciones por jurados, octubre de 2026.
AAJJ, “Ni Dios juzga dos veces: respuesta al Procurador interino sobre los límites a la revisión de las absoluciones”, 26/10/2026.
CSJN, Di Mascio (Fallos: 311:2478); Mattei (Fallos: 272:188); Alvarado (Fallos: 321:1173); Polak (Fallos: 321:2826); Sandoval (Fallos: 333:1687); Santillán (Fallos: 321:2021); Juri (Fallos: 329:5994); Canales (Fallos: 342:697); Rivero (Fallos: 345:140); R., D. S. (Fallos: 349:1241); Pitman y Cervín (2026).
Corte IDH, Almonacid Arellano vs. Chile (2006); Bueno Alves vs. Argentina (2007); V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua (2018).
Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, CAT/C/ARG/CO/7 (2025), párrs. 20-23 y 28-29.
CNPT, presentaciones como amicus curiae en Fontana (2020) y Mendoza (2025), y actuaciones sobre muertes bajo custodia. Protocolos de Estambul y Minnesota.
CIDH, Informe de Solución Amistosa 91/03, caso 11.804, Juan Ángel Greco vs. Argentina; Informe Anual 2025.
Pereyra, Paulo, Violencia Institucional en la provincia del Chaco. A 28 años de la muerte de Juan Ángel Greco, Editorial Contexto, 2018.
Vargas, Nicolás Omar, Ne bis in idem y juicio de reenvío, Ediciones Didot, 2023.
STJ del Chaco, sentencias 248/23 (Ponce de León, 18/12/2023) y 117/26 (Leandro Bravo, 8/7/2026).